Con 85 y 94 votos a favor, respectivamente, las congresistas Rosio Torres y Magaly Ruiz, ambas de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), fueron retiradas de la Comisión de Ética el último martes cuatro de abril.
Ambas congresistas son acusadas de realizar presuntos cobros irregulares a sus trabajadores en sus despachos. En el caso de Ruiz Rodríguez, también se le atribuyó un contratar a la pareja de su hijo en su despacho -Camila Mantilla Heredia- desde febrero de 2022 hasta enero de 2023, según Punto Final.
Además, el Ministerio Público -liderado por la fiscal Patricia Benavides- informó días atrás que abrirá una investigación preliminar -por separado- en contra de ambas parlamentarias como presuntas autoras del delito de concusión.
La citada falta “se presenta cuando un funcionario o servidor público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otros, un bien o beneficio patrimonial”.
En los casos, según detalló la entidad, también se encuentran comprendidos Juan Daniel Pérez Guerra [sobrino de Rosio Torres] y Johnny Romero Nima, asesor principal de Organización Parlamentaria del despacho congresal de Ruiz, como supuestos cómplice de este delito.
El vocero del grupo parlamentario, Alejandro Soto Reyes, sustentó dicha solicitud ante el Pleno del Congreso de la República; durante su sustentación, el portavoz detalló que Ruiz pidió una licencia temporal en la agrupación, mientras que en el caso de Torres sí se acordó requerir su salida.
Asimismo, la representación nacional presentó once votos en contra y diez abstenciones en el caso de Torres, y seis en contra y siete abstenciones en lo que respecta a Ruiz.
En reemplazo de Magaly Ruiz ingresó a la Comisión de Ética -presidida por la congresista Karol Paredes (Acción Popular)- su colega Nelcy Heindinger. Mientras tanto, la legisladora Cheryl Trigozo reemplazará en el grupo de trabajo a Rocío Torres.
Por otro lado, el procurador general del Estado, Daniel Soria, indicó que “los congresistas, siendo altos funcionarios, al cometer un delito en ejercicio de sus funciones tienen la prerrogativa de la acusación constitucional.
“Luego de esto continúa la investigación en la Fiscalía de la Nación que puede acabar con una acusación ante la Corte Suprema”, detalló.
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