Hernando Guerra García considera “poco viable” que las elecciones generales se hagan este 2023

Ante el aparente fracaso para adelantar las elecciones generales que resolvería la crisis política en el Perú, el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), reconoció que es “poco viable” que esto se pueda realizar este 2023 por la falta de consenso entre las bancadas.

“Es poco viable [que las elecciones sean en el 2023] sobre todo por los plazos mencionados de los organismos electorales. Por ejemplo, se tiene que prepublicar la lista de candidatos. Y aún saliendo de las PASO [elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias] es poco probable”, dijo al diario El Comercio.

En otro momento, el legislador fujimorista volvió a cuestionar a los grupos políticos que no desean abandonar sus curules a pesar del pedido mayoritario de la población que es reflejado en las diversas encuestas de opinión.

“Los grupos [parlamentarios] que no desean el adelanto de elecciones se han dedicado a boicotear esta salida. ¿Aún es posible? Es posible, pero con muy pocas probabilidades. Los grupos que no quieren el adelanto de elecciones han entorpecido este tema y su último recurso ha sido la reconsideración de Renovación Popular”, opinó.

Guerra García aprovechó para atacar y calificar otra vez al partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que bloqueó cualquier debate sobre el adelanto de las elecciones generales, como “la derecha radical”. De igual forma, cuestionó a los grupos de izquierda que insisten en que vivimos un momento constituyente y otros que ponen pretextos para no dejar sus escaños hasta el 2026.

Evade responsabilidad y descarta renuncia

El presidente de la Comisión de Constitución también refirió que no tiene ninguna responsabilidad en que las bancadas no se hayan puesto de acuerdo para que los comicios se hagan este 2023. “Yo no tengo la responsabilidad de que no haya consensos, ese no es un tema del trabajo de la Comisión de Constitución”, mencionó.

Sin embargo, hay que recordar que Hernando Guerra García fue el primero en presentar una dictamen ante el Pleno que proponía “elecciones generales complementarias”, cuyo objetivo detrás era facilitar a los actuales congresistas que puedan ir a la reelección a pesar de que está prohibido desde el 2018. Esto motivó que sea rechazado por la representación nacional.

El legislador fujimorista descartó también su renuncia al grupo de Constitución a pesar de que lo acusan de ser uno de los responsables del entrampamiento político de las elecciones.

“No, porque creo que estamos en sintonía con lo que quiere la mayoría de la ciudadanía. La mayoría de la ciudadanía, más bien, aprecia que hayamos buscado e intentado, con esfuerzo y energía, que el adelanto de elecciones sea en el 2023″, apuntó.

Guerra García aseguró que seguirán en la lucha por adelantar los comicios y trabajarán para impulsar una serie de reformas electorales y políticas pese a que no tienen los votos necesarios del Parlamento.

Sin aprobación

El Congreso aprobó el viernes último la posibilidad de que un adelanto de elecciones pueda ser analizado nuevamente por la Comisión de Constitución, era necesario ampliar la presente legislatura ―hasta el próximo 28 de febrero— para que tenga efectos esta decisión.

Sin embargo, el titular del Parlamento, José Williams, levantó la sesión sin atender la demanda de la congresista Flor Pablo (no agrupada), quien solicitó “de urgencia” la ampliación de la legislatura y suspensión de la semana de representación, al igual que Ruth Luque (Juntos por el Perú) y Jaime Quito (Perú Libre). “La mayoría no quiere irse”, denunció Pablo luego de que su invocación no tuviera éxito.

Con ese escenario, el debate del adelanto de elecciones se retomaría a partir del 1 de marzo.

En el caso de que obtenga luz verde, el dictamen que emita Constitución recién se confirmaría en la subsiguiente legislatura, a partir de agosto, con lo cual las posibilidades de aprobar elecciones para este año son nulas. Además, un proceso electoral toma al menos siete meses para realizarse, según ley.