
Las viviendas antiguas y las edificaciones levantadas fuera de los controles técnicos pueden sufrir daños graves o colapsar durante un terremoto, advirtió el vicedecano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Ramiro Vargas, después del sismo de magnitud 7,5 que sacudió el país el viernes 9 de octubre.
El movimiento telúrico, con epicentro en la península de Azuero, no dejó víctimas mortales, aunque causó heridas leves a cerca de 30 personas y afectó más de 2.000 infraestructuras en distintas zonas del país. La mayor parte de los daños se concentró en localidades del interior, donde predominan pueblos pequeños con población vinculada a la agricultura y la ganadería.
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Vargas sostuvo que Panamá dispone de normas actualizadas para el diseño de edificaciones resistentes a los terremotos, pero remarcó que la normativa solo ofrece protección cuando existe control durante la construcción y supervisión posterior de las obras.
“La norma está bien, la norma está actualizada, es coherente y contiene lo último de la tecnología y de la data recabada para el análisis y diseño sísmico, pero su efectividad depende de que se cumpla y fiscalice”, afirmó el ingeniero en declaraciones al canal TVN, recogidas por EFE.
Más de 1,280 viviendas afectadas por el terremoto
El último balance oficial indicó que el terremoto provocó daños en más de 1.280 residencias, además de 619 centros escolares, más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes.
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El sismo también abrió un debate sobre la capacidad de respuesta de los municipios ante emergencias vinculadas con fallas estructurales. Vargas señaló que varias alcaldías del interior carecen de profesionales especializados para revisar obras y garantizar que los proyectos respeten los requisitos de seguridad.
“Hay algunas alcaldías que no tienen ingenieros dentro de su personal para supervisar las obras”, dijo el vicedecano de la UTP. La ausencia de personal técnico, según expuso, limita la fiscalización de construcciones nuevas y complica la identificación temprana de defectos en inmuebles ya habitados.
El reglamento estructural panameño tuvo su primera versión en 1984 y recibió actualizaciones en 1994, 2004, 2014 y 2021. Para Vargas, el problema no está en la falta de lineamientos, sino en las construcciones informales, la inexistencia de análisis técnicos previos y las deficiencias en el mantenimiento de casas y edificios.
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La resistencia depende de materiales, refuerzos y anclajes
El especialista explicó que la capacidad de una vivienda para responder a un terremoto depende de factores como la calidad de los materiales, los refuerzos alrededor de puertas y ventanas, las conexiones entre paredes y el anclaje de los techos.
“El objetivo del diseño sismorresistente es controlar los daños y evitar colapsos que pongan en peligro la vida humana”, señaló Vargas. Ese criterio busca que una estructura absorba parte de la energía liberada por un sismo y reduzca los riesgos para sus ocupantes.
El terremoto del viernes, seguido por más de 300 réplicas, puso otra vez en primer plano la necesidad de ampliar los estudios sobre las fallas geológicas activas y los tipos de suelo en Panamá. Las características del terreno pueden influir en la intensidad con la que un movimiento sísmico afecta a cada comunidad.
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Panamá es un país tectónicamente activo expuesto a grandes sismos, recordó Vargas. El ingeniero insistió en que la aplicación de las normas, el mantenimiento de las estructuras y la presencia de personal idóneo en los municipios serán factores determinantes para reducir daños ante futuros terremotos.
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