Del muro al algoritmo predictivo

El mapa penitenciario argentino atraviesa en estos días una de sus reconfiguraciones edilicias e institucionales más significativas de las últimas décadas. La reciente puesta en funciones del Complejo Penitenciario Federal VIII (CPF VIII) de Marcos Paz —entregado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al ámbito federal para concretar el histórico traslado y posterior alojamiento de los internos de la vieja cárcel de Villa Devoto—, sumada a la inminente puesta en marcha del Complejo Penitenciario Federal de Agote (en el partido bonaerense de Mercedes, también bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal) y a la pronta inauguración del Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (CERIAP), bautizado por el ingenio popular como “el infireno” en la provincia de Santa Fe, marcan un indudable punto de inflexión en la agenda pública.

Sin embargo, este impulso de inauguraciones, traspasos jurisdiccionales y aperturas de plazas de máxima seguridad nos coloca frente a un interrogante estratégico ineludible: ¿estamos verdaderamente inaugurando el sistema penitenciario del siglo XXI o simplemente estamos mudando los problemas estructurales del siglo XX hacia nuevos edificios con viejas lógicas actuariales? La coincidencia temporal de estos hitos en el ámbito federal y provincial vuelve urgente y sumamente pertinente una reflexión profunda acerca de la infraestructura carcelaria Argentina a nivel del Sistema Penitenciario Nacional en su conjunto.

La evidencia empírica demuestra que el traslado físico de la población penal desde el corazón urbano porteño hacia la periferia bonaerense, o el aislamiento celular de líderes narcocriminales en pabellones de alto perfil santafesinos, resultarán medidas insuficientes si las nuevas estructuras penitenciarias nacen divorciadas de un cambio de paradigma tecnológico y de inteligencia criminal. Hoy las empresas delictivas no operan por proximidad geográfica ni se ven neutralizadas por la mera distancia de una ruta provincial; se nutren, gerencian y actúan mediante herramientas tecnológicas de vanguardia, comunicaciones encriptadas, ingeniería financiera digital y adaptabilidad reticular.

En este nuevo, pero no por ello desconocido escenario, el concepto de las Smart Prisons (Prisiones Inteligentes) ha dejado de ser un complemento sofisticado, un lujo de países escandinavos o un accesorio modernizador para convertirse en una imperiosa necesidad de supervivencia institucional. Si las nuevas unidades de Marcos Paz, Agote y el CERIAP —así como el resto de la red carcelaria federal y provincial— no incorporan de manera nativa la analítica predictiva por inteligencia artificial, la clasificación actuarial dinámica por riesgos y necesidades especiales (direccionable especialmente al segmento alojado con medidas restrictivas), y la trazabilidad digital inalterable, se corre el riesgo de perpetuar la lógica securitaria del cemento ciego frente a corporaciones criminales con visión hiperconectada.

La paradoja de la “cárcel bunker” y el agotamiento de la seguridad estática

Durante más de un siglo y medio, la arquitectura y la gestión penitenciaria descansaron sobre una premisa física elemental, dando por cierto que la neutralización del delito se lograba mediante la contención material del cuerpo. Muros perimetrales con mampostería de alta densidad, cerrojos mecánicos, alambres de púa, concertinas y garitas de vigilancia orientadas en el modelo panóptico, conformaban el horizonte técnico de la ejecución penal. Se asumía que, al trasponer el portón de ingreso, la capacidad lesiva del condenado respecto de la sociedad exterior quedaba automáticamente suspendida. Sin embargo, promediando la tercera década del siglo XXI, las investigaciones judiciales y la experiencia en América Latina han demolido ese supuesto. La cárcel tradicional ya no interrumpe el delito; por el contrario, ofrece el ámbito de resguardo físico e inmunidad operativa donde el crimen organizado se reorganiza, gerencia mercados ilegales y planifica operaciones criminales extramuros, muchas veces de potencial letalidad.

El fenómeno de la llamada “cárcel búnker” constituye hoy la anomalía más crítica de la seguridad pública contemporánea. Sicariatos ejecutados a plena luz del día, extorsiones sistemáticas a comerciantes y empresarios, balaceras intimidatorias contra sedes judiciales o escuelas, secuestros extorsivos y la gobernanza criminal de barrios enteros son ordenados, supervisados y auditados en tiempo real desde la invisibilidad de una celda de alojamiento. La hiperconectividad global barrió literalmente la idea de fortaleza que transmitían los sistemas de barreras perimetrales, estructuras que fueron concebidas para contener físicamente a los privados de la libertad, pero que resultan por completo incapaces de limitar el alcance de sus órdenes, intenciones y flujos financieros cuando estos acceden a plataformas de comunicación no controladas. Mientras las organizaciones criminales transnacionales han mutado hacia estructuras dinámicas y reticulares, con células descentralizadas, criptoactivos y presupuestos virtuales ilimitados, la mayoría de los Estados de la región continúa respondiendo a amenazas digitales con herramientas analógicas, a corporaciones que planifican cada movimiento con improvisación arquitectónica, y a tramas complejas con vigilancia meramente visual. La violencia intramuros y extramuros ya no se manifiesta únicamente en el motín ruidoso o en la fuga cinematográfica; hoy se expresa como una red sutil de vínculos, favores, amenazas, microconductas, circulación de objetos prohibidos y flujos de información imposibles de registrar en tiempo real sólo mediante la observación humana.

En la Argentina, esta vulnerabilidad estructural se ve severamente amplificada por dos factores concurrentes, siendo estos la fragmentación operativa del Sistema Penitenciario Nacional y la obsolescencia normativa de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660. Sancionada en 1996 en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en la reforma constitucional de 1994, la Ley 24.660 representó un avance humanitario indiscutible para su época, pero fue diseñada bajo conceptos criminológicos pensados para el delincuente que, actuaba generalmente de manera individual o convencional en el tramo final del siglo XX. Al tratarse de una ley de adhesión, nunca existió una verdadera unificación conceptual ni operativa entre el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y los servicios penitenciarios provinciales. Por décadas, esta falta de un ordenador común y de canales formales de inteligencia penitenciaria provocaron paradojas insostenibles; mientras algunas jurisdicciones prohíbian enfáticamente la telefonía móvil, otras llegaron a autorizar su portación irrestricta con el único recaudo formal de registrar el dispositivo a nombre del interno. Peor aún, la carencia de un sistema legal de perfilado actuarial expone a la población carcelaria a lo que los especialistas definen como una doble criminalización de los más vulnerables, ya que al alojar bajo el mismo régimen tratamental y en los mismos espacios comunes a líderes o cuadros medios de organizaciones narcocriminales junto a personas que cometieron delitos menores contra la propiedad empujados por patologías adictivas o marginalidad extrema, el Estado fracasa por partida doble.

Los escasos recursos tratamentales destinados a los vulnerables son parasitados por las estructuras mafiosas, que explotan las garantías del régimen progresivo en beneficio de su empresa criminal. Sostener en este contexto que la única finalidad de la institución penitenciaria es la reinserción social, desentendiéndose de su rol como eslabón inescindible de la prevención del delito y de la seguridad ciudadana, resulta de mínima ingenuo y de máxima negligente. Es precisamente en este punto de quiebre histórico donde irrumpe el paradigma de la Smart Prison (Prisión Inteligente), resumiendo dicho concepto en la convergencia práctica entre arquitectura industrializada, sensorización integral, algoritmos predictivos de inteligencia artificial y clasificación científica por riesgos y necesidades.

Del hormigón a la Celda Digital: arquitectura DfMA y Gemelos Virtuales

Durante largo tiempo, el debate político sobre la crisis carcelaria en nuestra región estuvo atrapado en un reduccionismo cuantitativo, construir más plazas para aliviar el hacinamiento, confundiendo además, la calidad del alojamiento con meros criterios de confort habitacional o, en el extremo opuesto, apostando a prisiones de máxima dureza física pero completamente ciegas en términos de información. Sin embargo, el interrogante estratégico central ya no es cuántas cárceles construir, sino cómo construirlas para que el delito organizado no pueda cooptarlas.

Una Smart Prison auténtica no consiste en adosar cámaras de televisión o cerraduras eléctricas sobre edificios decrépitos de principios del siglo XX. Se trata de un cambio epistemológico, es decir, ser capaces de entender y materializar en la practica, la traducción operativa de la seguridad dinámica al lenguaje de los datos, el diseño inteligente desde el origen y la gestión predictiva. A nivel global, esta revolución material se apoya en dos columnas vertebrales: la metodología constructiva DfMA y la creación de Gemelos Digitales (Digital Twins).

La metodología DfMA (Design for Manufacture and Assembly / Diseño para la Fabricación y el Ensamble) ha revolucionado la ingeniería penitenciaria contemporánea. En lugar de edificar un complejo carcelario mediante métodos tradicionales in situ —sujetos a errores de obra, asimetrías en la mampostería, instalaciones eléctricas o sanitarias vulnerables a la manipulación y demoras de años—, el estándar DfMA fabrica los módulos, paneles de celdas y subcomponentes en plantas industriales bajo entornos estrictamente controlados, para luego ensamblarlos en el terreno con precisión milimétrica. El Ministerio de Justicia del Reino Unido se ha convertido en el referente mundial de este modelo, denominado Platform Prison Design and Build (Diseño y construcción de plataforma Penitenciaria). La cárcel Inglesa HMP Five Wells (Northamptonshire),**** Inaugurada como caso emblemático de prisión inteligente británica, combinó diseño estandarizado en un 80% con fabricación fuera de obra (off-site). Se produjeron 15.183 paneles estructurales y más de 60.000 subcomponentes en fábricas, trayendo integradas desde la matriz las canalizaciones eléctricas, de fibra óptica y los alojamientos para sensores. El diseño espacial erradicó los largos e incontrolables pabellones tradicionales en favor de pasillos cortos con líneas visuales limpias, sectores de menor densidad poblacional, ventanas con vidrios de alta resistencia y sistemas anti-drones integrados, logrando reducir drásticamente la fricción cotidiana y la violencia.

Un edificio penitenciario mal concebido obliga al Estado a compensar los puntos ciegos y la fragilidad de las instalaciones con mayor dotación de guardias, traslados internos permanentes, requisas cuerpo a cuerpo y costosos operativos securitarios. Por el contrario, un módulo DfMA elimina los huecos estructurales donde suelen ocultarse armas blancas o celulares, impide el sabotaje de cañerías o ductos, y asegura que los sensores electrónicos embebidos en el hormigón funcionen sin interferencias en tiempo real, sirviendo de apoyo a la mera observación humana.

El Gemelo Digital (Digital Twin) y la trazabilidad en Blockchain

La arquitectura industrializada alcanza su verdadera dimensión inteligente cuando se conecta a un cerebro virtual que la coordina, siendo este el Gemelo Digital (Twin Digital). Se trata de una réplica virtual, tridimensional y dinámica de la totalidad del establecimiento penitenciario, alimentada en tiempo real por miles de sensores del Internet de las Cosas (IoT). En este ecosistema de datos, cada panel de hormigón, cada esclusa, cada cerradura biométrica, cada flujo térmico y cada desplazamiento de internos o agentes posee su contraparte exacta en el modelo virtual.

El Gemelo Digital constituye el panóptico del siglo XXI, pero con una diferencia sustancial respecto del diseño clásico de Jeremy Bentham, pues este no se limita a vigilar pasivamente, sino que convierte a la cárcel en un organismo vivo que detecta, anticipa, registra y aprende mediante algoritmos de Machine Learning. El sistema facilita la transición definitiva de la seguridad reactiva (intervenir cuando la alteración del orden se encuentra activa o cuando un crimen intracarcelario ya se consumó) hacia la seguridad predictiva ya que el gemelo virtual identifica en segundos aglomeraciones inusuales en sectores específicos, velocidades de desplazamiento compatibles con corridas o emboscadas, o la permanencia prolongada de personas en zonas críticas perimetrales; permitiendo además a los jefes de seguridad correr simulaciones matemáticas de incendios, cortes de energía, intentos de toma de rehenes o motines en sectores determinados, calculando las rutas óptimas de aislamiento y despliegue táctico antes de dar una sola orden física. Cada apertura remota de una celda, cada ingreso de un funcionario a un pabellón, cada entrega de medicación o apagado de una cámara queda grabado automáticamente en una bitácora digital respaldada en cadena de bloques (blockchain). Esta trazabilidad total elimina de raíz la discrecionalidad operativa y actúa como el más poderoso disuasor contra la potencial corrupción penitenciaria, puesto que, ningún agente ni jefe de turno puede alterar, borrar o fraguar el libro de novedades para, por ejemplo, intentar encubrir una connivencia con líderes criminales.

Clasificación por riesgos, perfilado actuarial y gestión de la Justicia 4.0

El corazón intelectual de la Smart Prison reside en la interacción constante entre los datos recolectados y los algoritmos de clasificación por riesgos y necesidades especiales. En nuestro pais, este debate ha cobrado vigor académico e institucional bajo el concepto de “Justicia 4.0”, plasmado recientemente en la obra colectiva “¿Puedo ir preso? Tratado sobre la privación de la libertad del inculpado durante un proceso penal” (dirigida por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y coordinada por Laura Kvitko y Julián Rubinska, con aportes específicos de especialistas como Nicolás Aguinsky, David Mielnik y Juan Manuel Garay). Allí se pone de relieve cómo el aprendizaje automático (Machine Learning) y la analítica avanzada pueden transformar a favor, dos cuellos de botella críticos del sistema penal, siendo estos el uso irracional de la prisión preventiva y la clasificación ciega dentro de las unidades carcelarias.

Tradicionalmente, la decisión judicial de dictar una prisión preventiva —o la decisión administrativa del servicio penitenciario de alojar a un detenido en un régimen cerrado, semiabierto o abierto— ha estado teñida de subjetividad, disparidad de criterios entre tribunales o presiones coyunturales. Los sistemas de evaluación de riesgos asistidos por IA (cuyo antecedente más conocido y debatido en los Estados Unidos es el algoritmo COMPAS) procesan grandes volúmenes de datos históricos y actuales para calcular objetivamente la probabilidad estadística de dos variables: el riesgo de fuga o entorpecimiento procesal, y el riesgo de reincidencia violenta. Aplicada con rigor metodológico y auditoría humana, esta tecnología produce un doble efecto ordenador sobre el sistema penitenciario, por un lado, al identificar con precisión actuarial a los imputados de bajo riesgo que pueden transitar su proceso bajo medidas alternativas menos restrictivas (como monitoreo electrónico ambulatorio con georreferenciación inteligente), la IA permite descomprimir la sobrepoblación carcelaria. Esto libera presupuesto, plazas físicas y atención operativa para que el Estado concentre todo el peso de la custodia tecnológica sobre aquellos individuos que verdaderamente integran estructuras del crimen organizado o presentan de manera contrastable, altos niveles de peligrosidad.

Por el otro, Una vez que el interno ingresa al establecimiento, el algoritmo de clasificación impide la mezcla indiscriminada. El perfilado cruza antecedentes judiciales, vínculos societarios o criminales conocidos, informes financieros de lavado de activos, perfil psicológico y comportamiento biométrico inicial para asignar el módulo exacto de alojamiento. De este modo, la posibilidad de cortar de raíz el reclutamiento intracarcelario y la contaminación criminógena entre delincuentes ocasionales y miembros de carteles o mafias, cobra un resignificado valor con altas probabilidades de lograrlo.

Para finalizar podríamos sintetizar diciendo que, la seguridad pública de una sociedad democrática comienza a construirse —o a desmoronarse— en el interior de sus prisiones. La tecnología, por sí sola, no resuelve la ausencia de política criminal; pero hoy resulta imposible concebir una política criminal eficaz sin ella. Pasar de los limites perimetrales “analógicos” al hormigón inteligente y del arbitrio burocrático a la precisión algorítmica con garantías humanas, no es una fantasía futurista, es la única respuesta racional para que el Estado consolide el control de sus cárceles y cumpla, al mismo tiempo, con el mandato constitucional de proteger a la ciudadanía y procurar una verdadera y solida posibilidad de readaptación social.