
La Argentina necesita una legislación laboral moderna. Negarlo sería desconocer una realidad que cambia todos los días.
La irrupción de las plataformas digitales, las nuevas formas de contratación, el trabajo remoto y las transformaciones tecnológicas obligan a revisar normas que, en muchos casos, fueron pensadas para un mundo que ya no existe.
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Ahora bien, modernizar no puede ser sinónimo de desproteger al trabajador.
Los cambios que propicia la Ley de Modernización Laboral y sus Decretos Reglamentarios introducen algunos cambios novedosos, que no siempre se alinean con mejores derechos para los trabajadores.
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Un mundo del trabajo moderno necesita a través del diálogo de todos los actores sociales, consensuar los cambios a fin de que su implementación resulte posible y eficaz. La falta de consensos y adopción de posturas extremas deriva en la judicialización de las reformas.
Nadie puede poner en duda que las disposiciones vinculadas con la simplificación registral y administrativa, la digitalización de procesos y la actualización de herramientas pueden contribuir a reducir burocracia y facilitar la formalización del empleo.
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Nadie debería oponerse a que el Estado funcione mejor y a que la gestión de las relaciones laborales, tanto en el plano individual como colectivo incorporen tecnología.
Pero la discusión de fondo no pasa por los trámites. Pasa por el equilibrio de poder entre empleadores y trabajadores.
Toda sociedad moderna debe encontrar mecanismos para equilibrar una relación que, por naturaleza, es desigual. De un lado hay empresas, estructuras organizadas y capacidad económica; y del otro, trabajadores que dependen de su empleo para vivir una vida digna junto a sus familias.
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Cuando ese equilibrio se rompe, aparecen los abusos. Y cuando se debilitan los instrumentos colectivos que permiten defender derechos, el trabajador queda más expuesto.
Por eso nos preocupa que algunas de las modificaciones planteadas puedan derivar en una mayor individualización de las relaciones laborales. La negociación colectiva como resultado del dialogo social no debe ser debilitada, ya que eso va en contra de la calidad de vida de los trabajadores.
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La Argentina no necesita confrontación de poderes, sino diálogo social intenso. Lo que necesita es construir un nuevo pacto laboral que combine competitividad, inversión y generación de empleo con protección efectiva para quienes trabajan. La verdadera modernización consiste en adaptar las reglas a los desafíos del presente sin resignar derechos básicos. Consiste en incorporar nuevas modalidades laborales sin crear trabajadores de primera y de segunda. Consiste en generar empleo formal sin convertir la precarización en una política pública.
El desfinanciamiento de la seguridad social no puede ser el pato rengo de los cambios. Redireccionar contribuciones patronales que fueron implementadas para financiar el sistema de la seguridad social hacia el pago de indemnizaciones en las grandes y medianas empresas no contribuirá a la superación de la informalidad laboral y la tasa de desempleo existente.
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Los jubilados y quienes hoy contribuyen al sistema solidario de la seguridad social necesitan del fortalecimiento del sistema, no de su derrumbe.
Como el mundo cambia y vamos camino a una sociedad occidental con baja tasa de natalidad, indefectiblemente los sistemas de seguridad social sufrirán. Necesariamente en los planes de estudio se debe incorporar la enseñanza de finanzas personales. Los ciudadanos merecen estar informados y preparados para los cambios que se encuentran más cerca que lejos.
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El futuro del trabajo debe construirse con diálogo, consensos y responsabilidad. Ni con inmovilismo ni con imposiciones. Porque una economía sana necesita empresas que crezcan, pero también trabajadores cuya dignidad y derechos se respeten y cuenten con herramientas que les permitan resguardarlos de posibles abusos.
Modernizar, sí. Debilitar al trabajador, no.
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