
Desde 1980 nuestro país vive el ritual democrático de presenciar el cambio de gobierno, tanto en el Congreso como en la Presidencia de la República por la decisión popular expresada en las urnas. Hemos visto pasar la Banda Presidencial de Belaunde a Fujimori de allí a Toledo, a García y Humala, luego Kuczynski y Castillo, para finalmente llegar a Fujimori; en el interín hemos tenido a Vice Presidentes o Presidentes del Congreso que han completado los períodos permitiendo siempre la sucesión presidencial, lo cual muestra que a pesar de los tiempos recios que nos toca vivir como país, utilizamos las fórmulas constitucionales de sucesión presidencial.
En el discurso presidencial, se han anunciado los ejes del nuevo gobierno de Fujimori, que los agrupó en siete grandes objetivos nacionales, todos muy interesantes, pero presto especial atención al quinto, referida al Fortalecimiento Institucional, donde expresa el compromiso con la independencia de poderes -elemento básico de la democracia- que los traduce en respeto a la libertad de expresión y, la reforma del sistema de justicia sobre la base de criterios meritocráticos, formulando especial énfasis en la necesidad de coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
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En nuestro país, se goza de libertad de expresión, siempre hemos sido una sociedad que gusta del debate político, de la sátira social y política, pero en los últimos tiempos la criminalidad organizada viene amenazando a quienes la critican o ponen en evidencia su accionar, ello debe obligar a tener medidas especiales de protección para evitar que el sicariato no tome mas vidas, como aconteció en el 2025, donde se asesinó a periodistas de Ica, Iquitos, Pacasmayo y Aguaytía; pero sobre todo se aplique en forma irrestricta las normas sobre transparencia y acceso a la información.
Respecto de la reforma del sistema de justicia, es un tema que debe abordarse desde el día uno, el funcionamiento del servicio público y constitucional de solución de controversias no da mas. En efecto, todos somos testigos que los procesos son interminables y, que para los temas pequeños, como pago de renta, pensión de alimentos, pago de beneficios sociales, donde los derechos no están en discusión y representan un porcentaje importante de la carga procesal ante el Poder Judicial, el lograr una sentencia exige paciencia y luego, lograr la ejecución del mandato obtenido implica atravesar un suplicio de años, con lo cual se permite el abuso del derecho del deudor y genera descrédito del sistema en la ciudadanía. “Es así que resulta necesario aplicar medidas urgentes para sentenciar y/o ejecutar en forma rápida los cientos de miles de casos que como los de alimentos y laborales, están en proceso sin permitir el oportuno acceso al dinero que debe permitir la subsistencia de los alimentistas o ex trabajadores.”
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La gran reforma, debe ser coordinada para evitar comenzar de cero se debe partir de la información y propuestas recogidas por la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia que presidió la entonces congresista Maricarmen Alva, donde se plantea el certoriari para el Tribunal Constitucional, la regulación de la Casación, el nombramiento de los magistrados provisionales que afecta a la mitad del sistema judicial, temas sobre los cuales no existe debate.
Para concluir expresar que hay muchas tareas, pero el acceso a la Justicia debe ser una prioridad.

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