Phishing: el delito que crece en silencio y que el Estado sigue mirando de costado

Hay delitos que no hacen ruido, no ocupan tapas y no generan impacto inmediato en la agenda pública. Pero eso no los vuelve menos graves. Las estafas digitales -y en particular el phishing- son hoy uno de los fenómenos delictivos de mayor crecimiento en la Argentina, con consecuencias económicas concretas y con un impacto especialmente fuerte sobre los adultos mayores. Estamos hablando de un problema en expansión que no tiene una respuesta adecuada. El Estado sigue reaccionando tarde, mal y con herramientas claramente insuficientes.

Según un relevamiento privado el año pasado el 76 % de los usuarios argentinos admitió haber sido víctima de alguna estafa digital, que incluye phishing y suplantación de identidad, entre otras modalidades de fraude en línea. En tanto, las estadísticas oficiales más recientes, aun con todas sus limitaciones, muestran una tendencia que debería encender alarmas. “La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), dependiente del Ministerio Público Fiscal, indicó que en 2024 se recibieron 34.468 reportes de delitos informáticos, con un crecimiento interanual superior al 200%“. Dentro de ese universo, 1563 reportes fueron clasificados específicamente como phishing, y además se identificaron más de 5100 campañas masivas de phishing por correo electrónico, muchas de ellas simulando comunicaciones de bancos, organismos públicos o empresas de servicios.

Por su parte, el CERT.ar -el organismo nacional encargado de gestionar incidentes de seguridad informática- registró en 2024 un total de 438 incidentes. El 31% correspondió a phishing, lo que lo convirtió en la modalidad más frecuente. En el sector financiero, el dato es todavía más contundente: siete de cada diez incidentes estuvieron vinculados a este tipo de engaño digital.

Ahora bien, cualquiera que observe la vida cotidiana sabe que estos números no reflejan la dimensión real del problema. Los mensajes fraudulentos, las llamadas falsas y los correos apócrifos circulan a diario. La explicación es simple y estructural: la enorme mayoría de las estafas no se denuncian. No porque no existan, sino porque el sistema desalienta a las víctimas. Muchas personas no saben dónde denunciar, sienten que el trámite no sirve, que el dinero no se recupera o que la investigación no avanza. En otros casos aparece la vergüenza de haber sido engañado. El resultado es un subregistro evidente.

Por eso, las cifras oficiales son apenas la punta del iceberg. Son registros administrativos, no una medición real del daño económico y social que provocan estos delitos. En ese contexto, discutir si los números “son altos o bajos” pierde sentido: el problema es que el Estado no logra dimensionar lo que no quiere o no puede ver.

Esta falencia se vuelve todavía más grave cuando se analiza el impacto sobre los adultos mayores. La Argentina no cuenta con estadísticas públicas consolidadas que discriminen las estafas digitales por edad de las víctimas. Esa ausencia no es neutra: invisibiliza a uno de los grupos más afectados. Sin embargo, los datos indirectos de organismos de defensa del consumidor y de oficinas provinciales y municipales muestran un patrón consistente: las personas mayores concentran una proporción significativa de las denuncias por estafas bancarias y fraudes digitales, aun cuando son quienes menos denuncian en términos relativos.

Los adultos mayores hoy están plenamente integrados al mundo digital. Usan home banking, billeteras virtuales, redes sociales y plataformas de comercio electrónico. Pero lo hacen en un entorno diseñado sin criterios de accesibilidad ni prevención, frente a delincuentes cada vez más profesionalizados, que apelan al miedo, la urgencia y la apariencia de autoridad. La combinación es peligrosa: alta exposición, baja protección efectiva y una respuesta estatal claramente insuficiente.

Nada de esto era imprevisible. Hace años, Martín Ocampo, ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, advirtió la necesidad de crear una fiscalía especializada en delitos electrónicos. Su planteo era concreto: este tipo de criminalidad no puede investigarse con estructuras pensadas para otra época. “Requiere especialización, recursos y prioridad política”. El diagnóstico estaba hecho. Lo que faltó es decisión.

Hoy, el Estado nacional sigue tratando al phishing como un problema secundario. No hay una política integral, no hay estadísticas completas, no hay resultados visibles. Las denuncias se diluyen y el mensaje implícito para las víctimas es devastador: denunciar no sirve. Ese mensaje explica mejor que cualquier gráfico por qué los números oficiales son tan bajos.

Mientras tanto, los delincuentes avanzan. Se organizan, se profesionalizan y operan con bajo riesgo y alta rentabilidad. El phishing no creció por casualidad ni por innovación tecnológica. Creció porque encontró un sistema que no responde.

Cuando el Estado no actúa, el delito se organiza.