Rodrigo Chaves veta reforma que buscaba ajustar pensiones para jubilados del Magisterio Nacional

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, vetó de forma total una reforma que buscaba restablecer los aumentos por costo de vida a casi 30,000 jubilados del Magisterio Nacional cuyos montos se mantienen congelados desde 2020, consecuencia directa de la aplicación de la regla fiscal.

La decisión del Ejecutivo se fundamenta en motivos de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad, al estimar que la medida generaría una carga financiera automática en el Presupuesto Nacional, poniendo en riesgo tanto el equilibrio presupuestario como la gestión responsable de las finanzas públicas.

La iniciativa vetada, identificada como el expediente 24.353, fue aprobada en segundo debate la semana del 14 de abril y presentada por Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio.

Su texto propone que, cuando los aumentos salariales estén congelados por la regla fiscal, las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) , otorgadas bajo las leyes 2248 y 7268, puedan revalorizarse semestralmente considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con actualizaciones en junio y diciembre. Además, restringe el beneficio a pensiones iguales o inferiores a ₡2 millones y garantiza que los montos no disminuyan aun si el índice registra variaciones negativas.

El proyecto contemplaba, durante un período transitorio de cinco años, un ajuste adicional: un incremento del 2% anual para quienes reciben hasta dos salarios base y del 1% para el resto, buscando compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde que los ajustes se suspendieron por mandato fiscal. Esta mecánica beneficiaría principalmente a quienes perciben las pensiones más bajas del Magisterio Nacional.

El veto presidencial, firmado también por la ministra de la Presidencia y ahora presidenta electa, Laura Fernández, sostiene que la propuesta contraviene directamente las restricciones establecidas en la Ley 9635, conocida como Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y la Ley de Administración Financiera (Ley 8131).

Desde el Gobierno se afirmó que la reforma “crea una obligación de gasto adicional, automática y recurrente con cargo al presupuesto nacional sin fuente de financiamiento ni previsión explícita de ajustes compensatorios”, lo que incrementa la rigidez presupuestaria en un contexto enfocado precisamente en la contención del gasto ante condiciones fiscales restrictivas.

La administración Chaves también interpuso sus objeciones al criterio del tope de ₡2 millones para acceder al beneficio, argumentando la falta de justificación técnica y el riesgo de que se busque extender el ajuste a otros grupos. Indicó además que el proyecto convertiría el índice de precios al consumidor, un parámetro estadístico, en un detonante automático de gasto público, lo que se aleja del espíritu de las reformas fiscales recientes.

El Régimen Transitorio de Reparto condiciona los aumentos en las pensiones al incremento de los salarios públicos, vínculo que se ha visto interrumpido por la aplicación de la regla fiscal desde 2020, momento en que la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto. Jonathan Acuña, del Frente Amplio, declaró que el congelamiento ha impedido todo ajuste por costo de vida en las pensiones, agravando la pérdida de poder adquisitivo para cerca de 30 mil jubilados.

El proyecto incluía un artículo transitorio que preveía la recuperación parcial de los aumentos no realizados estos años. Además de los ajustes ordinarios ligados al IPC, preveía, durante un plazo acotado, incrementos superiores para mejorar la situación de los beneficiarios de menores ingresos.

Organizaciones del Magisterio, como la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), han rechazado el veto. El presidente del gremio, Dennis Solís Cruz, manifestó a Semanario Universidad preocupación por la ausencia de medidas compensatorias para el sector y sostuvo que la decisión del Gobierno “viene a dar al traste con esa posibilidad” de atender a los pensionados en un entorno de alta restricción fiscal.

Solís agregó: “Rechazamos y repudiamos este acto por parte del Ejecutivo”, por enviar un mensaje negativo sobre la voluntad política de responder a las necesidades de la población pensionada.

Tras el veto, el texto regresa a la Asamblea Legislativa, donde los nuevos diputados, de mayoría oficialista, deberán decidir si acogen las objeciones del Ejecutivo, modifican la iniciativa o insisten en su aprobación mediante un resello, lo que requiere 38 votos. Si no logran la mayoría calificada, el proyecto podría ser archivado.