Ecuador activa consulados móviles en España para atender solicitudes para el proceso de regularización

La alta demanda de certificados de vulnerabilidad, requisito clave para una parte de los migrantes que buscan regularizar su situación en España, ha desbordado la capacidad de atención en ciudades como Madrid y obligado a activar medidas extraordinarias. Entre ellas, el Gobierno de Ecuador puso en marcha consulados móviles como una alternativa para acercar servicios y aliviar la congestión en medio de un proceso que podría beneficiar a cientos de miles de personas.

El cuello de botella se originó tras la implementación del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Ejecutivo español en 2026, que contempla diferentes vías para que migrantes en situación irregular obtengan permisos de residencia. Una de esas rutas exige la presentación de un certificado de vulnerabilidad, documento que acredita condiciones de exclusión social o precariedad y que no es requerido para todos los solicitantes, sino principalmente para quienes no cuentan con contrato laboral ni vínculos familiares formales en el país.

La introducción de este requisito generó confusión entre los migrantes, muchos de los cuales acudieron masivamente a solicitarlo, incluso sin necesitarlo. El resultado ha sido una presión sin precedentes sobre los servicios sociales municipales y las organizaciones no gubernamentales autorizadas para emitir el certificado. En Madrid, por ejemplo, las solicitudes diarias pasaron de alrededor de 1.500 a cerca de 4.000 en pocas semanas, lo que derivó en largas filas, demoras en la asignación de citas y saturación institucional.

En este contexto, la Embajada de Ecuador en España desplegó consulados móviles en distintas localidades como una respuesta operativa para acercar la atención consular a los ciudadanos ecuatorianos. Estos dispositivos itinerantes no sustituyen a los consulados tradicionales, pero permiten brindar orientación, revisar documentación y canalizar a los migrantes hacia las entidades competentes que sí pueden emitir el certificado.

Uno de los operativos más recientes se realizó en el municipio de Parla, en la Comunidad de Madrid, donde cerca de 200 personas acudieron en busca de información y asistencia. Según reportes de medios locales y autoridades consulares, el trámite más solicitado fue precisamente el certificado de vulnerabilidad, aunque no todos los asistentes lograron avanzar en el proceso debido a las limitaciones estructurales existentes.

Los consulados móviles también han sido programados en otras ciudades como Toledo, Zaragoza, Cuenca y Asturias, con el objetivo de desconcentrar la demanda y evitar desplazamientos hacia Madrid, donde se concentra la mayor presión. Además de la atención directa, estas jornadas incluyen charlas informativas para explicar quiénes realmente necesitan el certificado y qué alternativas existen dentro del proceso de regularización.

Los consulados móviles no tienen la competencia legal para emitir el certificado de vulnerabilidad, ya que esta facultad recae en servicios sociales locales y organizaciones acreditadas. En la práctica, esto significa que, aunque los migrantes reciben orientación, deben seguir enfrentando las mismas dificultades para conseguir citas y completar el trámite.

La saturación también ha tenido efectos colaterales. Organizaciones sociales han alertado sobre la aparición de intermediarios informales que ofrecen gestionar el certificado a cambio de dinero, pese a que el proceso es gratuito. Estas prácticas han encendido las alarmas por posibles estafas y por el riesgo de que personas en situación de vulnerabilidad sean explotadas en medio de la urgencia por regularizar su estatus antes del plazo límite, fijado para el 30 de junio de 2026.

Mientras el plazo avanza, miles de migrantes permanecen en incertidumbre, enfrentando largas esperas y un sistema que no logra absorber la demanda generada por una política que, en teoría, busca precisamente lo contrario: facilitar su integración legal en el país.

Aunque el despliegue de consulados móviles representa un intento de respuesta rápida por parte del Estado ecuatoriano, la presión sigue concentrada en los organismos españoles encargados de emitir los certificados, que continúan operando al límite de su capacidad.