En los últimos días, una red de dimensiones inéditas dedicada al tráfico de armas fue el blanco de una ola de 140 allanamientos ordenados por la Justicia federal. Los investigadores sospechan que la organización se dedicaba a enviar escopetas, fusiles de asalto, ametralladoras de alto calibre y hasta explosivos a países como Chile y Uruguay, obtenidas en el mercado legal con una serie de testaferros en la ANMAC, prestanombres que permitirían comprar el material.
Tras una denuncia originada por la ANMAC misma, el Departamento Antimafia de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA detuvo a 34 sospechosos en CABA y en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta, Tierra del Fuego. El expediente está a cargo del juez federal Adrián González Charvay, junto a la UFECO del fiscal Santiago Marquevich.
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Entre los detenidos se encuentra, por ejemplo, un efectivo de la Policía de la Ciudad con domicilio en Virrey del Pino.
El material incautado es notable. Se hallaron 25 escopetas calibre 12,70mm, 55 pistolas calibres 9mm, 45mm, y 22mm, 17 revólveres calibres 38mm, 357mm y 32mm, 7 fusiles calibre 308mm, 8 ametralladoras calibre 9mm, 5 carabinas calibre 22mm, tres pistolones, 32 cargadores de diferentes calibres, una máquina de recarga, 43.100 municiones de diferentes calibres, dos cañones de pistola, una granada MK2, dos cuñetes de pólvora, diez teléfonos celulares y un surtido de tusi, cocaína y marihuana.
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El sistema de testaferros se volvió evidente, aseguran investigadores, cuando usuarios comenzaban a comprar armas de gran calibre en gran cantidad, con un nivel de compras que no se condecía con su capacidad económica.
El caso, comenzó, precisamente, con un fuerte volumen de compra de pistolas semiautomáticas de marcas como Glock. El decreto 397/2025, firmado por el presidente Javier Milei en noviembre del año pasado, habilitó a civiles y entidades de tiro la compra y tenencia de armas semiautomáticas como fusiles, carabinas, subametralladoras.
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La organización incluía, en sus niveles superiores, a responsables de armerías y a una figura inquietante: los gestores e instructores de tiro. Estos gestores, aseguran fuentes de la causa, certificaban los tramites a cambio de dinero, con aptos médicos y psicológicos para los testaferros.
Los usuarios truchos, por otra parte, eran reclutados a cambio de una suma de dinero, usualmente baja.
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