La activista costarricense Mia Fink presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Seguridad Pública por el operativo anunciado para el traspaso presidencial del próximo 8 de mayo, al considerar que el despliegue de policías vestidos de civil durante el evento podría limitar los derechos fundamentales de manifestación y asociación de la ciudadanía.
La medida impulsada por Fink se dirige específicamente al operativo oficial para la toma de posesión de Laura Fernández Delgado en el Estadio Nacional, donde se prevé un perímetro de seguridad superior a un kilómetro y la intervención de al menos 800 efectivos policiales, incluyendo agentes encubiertos.
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El jefe de operaciones del Ministerio de Seguridad Pública, Freddy Guillén, detalló durante una conferencia de prensa el 27 de abril: “tenemos distribuidos desde el centro de San José, y otros puntos, oficiales de civil que van a estar identificando e individualizando grupos que se quieran organizar y desplazarse al Estadio Nacional para ser intervenidos de previo”.
El recurso apunta a la protección de los derechos de manifestación
En la petición presentada, Fink solicita que el Ministerio de Seguridad Pública quede obligado a anular el despliegue de fuerzas policiales de civil con el fin de impedir protestas, tanto durante como en los alrededores del traspaso de poderes, y que la presencia de los agentes tenga la única finalidad de resguardar la seguridad del recinto, sin criminalizar manifestaciones.
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La activista también demanda que se garanticen los mecanismos institucionales idóneos para proteger el derecho a la reunión, asociación y manifestación ciudadana durante el evento oficial, según se indica en su presentación ante la Sala Constitucional. Fink informó en sus redes sociales que el documento fue revisado por dos profesionales en Derecho y añadió: “Esperemos la Sala lo pueda admitir. Si no, al menos no nos quedamos en silencio ni con la duda”.
La base de la controversia radica en la ausencia de una fundamentación legal clara sobre el alcance de estas intervenciones policiales. Fink argumenta que la decisión del Ministerio de Seguridad Pública podría vulnerar el artículo 26 de la Constitución Política, así como disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En otra publicación, alertó sobre posibles riesgos de detenciones arbitrarias durante el día de la ceremonia.
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El operativo contempla agentes encubiertos y restricciones a la protesta
El operativo fue anunciado oficialmente luego de que el Gobierno comunicara que no permitirá protestas en el acto de traspaso de poderes. Además de la presencia de 800 agentes policiales, la decisión de desplegar personal vestido de civil se inscribe en una estrategia orientada a la identificación temprana e intervención de grupos de manifestantes antes de su llegada al Estadio Nacional.
Mia Fink utilizó sus redes sociales para dar a conocer la decisión que había tomado el gobierno y que ya circulaba en medios de comunicación nacionales.
La singularidad de este operativo quedó subrayada por la falta de explicaciones detalladas por parte de las autoridades sobre el marco legal para la actuación de los policías encubiertos. Esto generó interrogantes públicos y reclamaciones por parte de quienes exigen transparencia y el respeto irrestricto a los derechos ciudadanos durante eventos institucionales de relevancia nacional.
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El traspaso de poderes está programado para el 8 de mayo a las 11:00 a. m., cuando el presidente Rodrigo Chaves entregará la banda presidencial a Laura Fernández frente a representantes oficiales y la ciudadanía congregada en el Estadio Nacional.
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