Del orden al desarrollo: por qué Argentina necesita reformas estructurales

Tras años de inestabilidad y diversos desequilibrios, Argentina atraviesa un proceso de ordenamiento que, aunque todavía frágil y complejo, representa un cambio de régimen en materia macroeconómica. La desaceleración de la inflación, el superávit fiscal y la progresiva corrección de los precios relativos son logros cuyo valor no debe subestimarse.

Esta primera etapa, de enfoque estabilizador, ha permitido recuperar cierto grado de previsibilidad en las decisiones empresariales, un recurso escaso y valioso en el entorno actual. La estabilidad constituye una condición necesaria para crecer. Y el crecimiento es urgente, dados los números de los últimos años.

Si se asume que la economía se expande este año un 4,5%, el crecimiento promedio desde 2009 habrá sido solo del 0,9%. Al descontar el incremento demográfico, el PBI per cápita prácticamente no experimentó avances desde entonces. Más sorprendente aún, salvo 2021 y 2022 -cuando en el primero la economía rebotó tras la pandemia-, la última vez que el país logró dos años consecutivos de crecimiento fue en 2010 y 2011, previo al cepo cambiario.

Sin embargo, la estabilidad por sí sola puede no ser suficiente para garantizar la expansión. La historia económica argentina brinda numerosos ejemplos de períodos de relativa calma macroeconómica que no derivaron en crecimiento sostenido.

El auge de corto plazo puede surgir de la recuperación de la capacidad ociosa, la normalización de expectativas o la recomposición del consumo.

El crecimiento de largo plazo requiere transformaciones de mayor calado, asociadas a la acumulación de capital y al incremento de la productividad.

Los factores que impulsan el crecimiento sostenido están claramente identificados. Los países que logran mantener trayectorias de expansión prolongada lo hacen porque crean un entorno donde la inversión privada encuentra incentivos para innovar, generar empleo y escalar la producción.

La productividad aumenta a través de la incorporación tecnológica -clave en tiempos de inteligencia artificial-, la reducción de la informalidad laboral, el fomento de la competencia y la reasignación eficiente de recursos.

“Ordenar las cuentas” no asegura por sí mismo este proceso, pero sí genera previsibilidad. En este contexto, las mejoras en inversión y productividad se vuelven más probables. ¿Qué se requiere, además de estabilidad? Fundamentalmente, reformas estructurales, es decir, ajustes en las normas, instituciones y regulaciones. Su finalidad es modificar de forma permanente el modo en que se asignan los recursos para aumentar el PBI potencial del país.

A diferencia de las políticas de estabilización -como la fiscal y la cambiaria-, estas reformas son el marco sobre el que se toman las decisiones de consumo, inversión, innovación y empleo. En términos generales, las reformas estructurales se enfocan en los ámbitos laboral, tributario y previsional.

Luego de las elecciones del 26 de octubre, el Gobierno plantea priorizar estos cambios, comenzando por la esfera laboral. Es un paso relevante, por al menos dos razones. Primero, por el cambio en la estructura del producto, ya que algunos sectores, especialmente los servicios, ganan cada vez mayor peso.

En segundo lugar, porque la tecnología avanza globalmente a un ritmo que transforma cadenas de valor y empleos. Para integrarse productivamente a la economía global, el país necesita una estructura laboral que acompañe la innovación, no que la obstaculice. La informalidad, que afecta a más de la mitad de los trabajadores, limita la productividad, reduce la base tributaria y perpetúa la desigualdad.

Sin reformas que simplifiquen los costos de contratación y modernicen las relaciones laborales, el país continuará atrapado en un modelo que premia la supervivencia y castiga el crecimiento. Desde esta visión, es comprensible la relevancia estratégica del debate sobre la reforma laboral. El objetivo no es erosionar derechos ni precarizar condiciones, sino rediseñar un marco que favorezca la creación de empleo formal y competitivo en un contexto global en constante cambio.

La rigidez del sistema laboral actual desalienta la incorporación de jóvenes, trabajadores con trayectorias discontinuas y perfiles tecnológicos.

Reformar implica, en última instancia, sumar: facilitar que más personas accedan a la productividad, la capacitación y la protección social que solo brinda la formalidad. El proceso de estabilización en curso puede inaugurar una nueva etapa, siempre que logre complementarse con reformas estructurales enfocadas en la productividad.

Estos cambios no se discuten aislados: dependen tanto del orden macroeconómico como del político. La estabilidad otorga tiempo, y aprovecharlo correctamente constituye un desafío crucial. De lo contrario, el país corre el riesgo de repetir su ciclo tradicional: estabilizar para luego estancarse.

La tarea consiste en construir consensos para redefinir los incentivos que rigen el desarrollo. Argentina cuenta con talento, capacidad productiva y un sector privado que ha mostrado resiliencia en contextos extremos. Sin un marco que premie la innovación, el empleo formal y la inversión de largo plazo, ese potencial continuará contenido.

El crecimiento sostenible exige una arquitectura institucional capaz de liberar la energía productiva nacional. La oportunidad está planteada. Resta saber si esta vez se conseguirá aprovecharla.

El autor es profesor de Economía y editor del Informe Económico Mensual (IEM) de IAE Business School. Esta nota se publicó en el IEM de octubre del IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral