La designación del Teniente General Carlos Alberto Presti como el próximo Ministro de Defensa de la República Argentina generó satisfacción y entusiasmo en el mundo militar y en aquellos sectores que conocemos su formación, trayectoria y capacidad. Como era de esperar, se alzaron voces críticas políticas y académicas, paradójicamente en muchos casos con un ADN originario en un movimiento creado por un militar como Perón. Nada que sorprenda. A partir de 2003 y en especial 2005, dentro del peronismo se tendió a ver un fuerte énfasis en relatos y posturas de izquierda y contrarios a las FFAA. La aspereza discursiva, en la gestión y los recortes presupuestarios hacia el mundo militar, fue un instrumento de legitimación del naciente kirchnerismo, al momento de articular sus nuevas alianzas con actores internos y externos con posiciones antagónicas con los uniformados.
Esto no generó mayores riesgos de reacción y de planteos en el mundo castrense. No estábamos ya en los convulsionados años ochenta, donde Ministros como Horacio Jaunarena tuvieron que afrontar las crisis de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli. Sin olvidar el ataque guerrillero en La Tablada. La minúscula y fallida rebelión militar de diciembre de 1990 en el primer tramo del gobierno de Carlos Menem pondría fin a todo ello. Mostrando un firme apego de las FFAA a la Constitución Nacional. Cabe reflexionar que todas las crisis, dramas y desmadres institucionales que viviría el país desde esa fecha hasta la actualidad fueron protagonizados exclusivamente por sectores de la sociedad civil. Incluyendo el fin anticipado de los gobiernos de Alfonsín, De la Rúa, Rodríguez Saá y Duhalde.
Las versiones y contraversiones sobre si Macri podría terminar su mandato poscrisis económica 2018, los comentarios mal o bien intencionados de los primeros meses de 2024 sobre la estabilidad de la administración Milei y la repetición de ese clima de opinión en los meses previos a las elecciones de octubre pasado. Bastaba recorrer programas de radio, TV y/o streaming para escuchar comentarios preocupados o eufóricos sobre crisis institucional, posible Asamblea Legislativa, convocatoria a juicio político al Presidente, elecciones anticipadas, etc. Un factor a subrayar a lo largo de todas estas perlas de muestra del subdesarrollo institucional que padece Argentina después de 42 años de democracia, es el pleno respeto de los militares a la Constitución Nacional.
Sectores de la política y la academia se han pasado las últimas décadas advirtiendo sobre la necesidad de formar uniformados leales a las instituciones y a las leyes de la Nación. En silencio, muchos militares y no militares han pensado si esa misma exigencia y necesidad se aplica a muchos civiles que han ocupado cargos de responsabilidad. Ni que decir de los políticos y académicos que no pueden admitir que Cuba y Venezuela son dictaduras que violan los DDHH y/o que hablan abierta y alegremente de interrupciones de mandatos constitucionales cuando el que gobierna no es de su agrado.
Ya hace muchos años que aquellos argentinos que han optado por brindar su propia vida en Defensa de la Nación, no dejan de sorprenderse de ver ese doble estándar y altos niveles de hipocresía. Por último y por ello no menos importante, cabría entender que la vida de un militar no termina con su retiro cuando llega a sus cincuenta años, poco más, poco menos. En su mayoría se trata de recursos humanos que manejan idiomas, con estudios de grado y posgrado universitarios en el país y en el exterior, con amplia experiencia en manejo de recursos humanos y presupuestarias, con recorrido en lo que hace a actividades en otros países. Cabría reflexionar cuántos políticos cuentan con estos activos en su bagaje personal. La respuesta queda a criterio del lector.
El Teniente General Carlos Presti, graduado del Colegio Militar en diciembre de 1987, en el cuarto año del mandato del Presidente Alfonsín, con sus 59 años es un claro ejemplo de ese capital humano que debe y puede seguir aportando al desarrollo y fortalecimiento de la Nación. Vaya uno a saber si una mayor presencia de uniformados activos y retirados en la función pública nos ayuda a difundir y contagiar el apego a la Constitución a más de un civil que alardea de lo que carece.
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