El mito del Estado presente: una verdadera estafa política

Corría la década del 40 cuando en Argentina se empezó a instalar un virus letal para el progreso: la idea de que el Estado es un ente todopoderoso capaz de crear bienestar por el solo hecho de existir, gastar y redistribuir el ingreso.

Hoy, varias décadas después, los resultados están a la vista de cualquiera que se atreva a mirar los datos sin las anteojeras de la ideología. Tenemos un “Estado presente” que ha crecido de forma elefantiásica, pero que ha dejado como saldo una sociedad empobrecida, una moneda destruida y una cultura del trabajo pulverizada.

​Lo primero que hay que entender, y que a los políticos les aterra reconocer, es que el Estado no produce absolutamente nada. El Estado no es una fábrica, no es un campo sembrado, ni es una startup tecnológica. El Estado, por definición, es un extractor de recursos. Cada peso que un funcionario gasta en una política pública o en un subsidio, es un peso que previamente le tuvo que quitar a un ciudadano o a una empresa que lo generó con su trabajo.

​Cuando hablan de “justicia social” a través del gasto público, lo que en realidad están haciendo es una transferencia compulsiva de recursos de los que producen hacia los que viven de los que producen. Pero el problema no es solo ético; es de eficiencia.

El burócrata que administra el dinero ajeno nunca lo hará con el mismo cuidado que el individuo que se ganó ese dinero. El resultado es un gasto público consolidado que en los últimos 20 años pasó del 25,4% del PBI a un pico de casi el 45% del PBI en 2016, mientras que la pobreza saltó de niveles marginales, antes del rodrigazo, a un piso estructural de dos dígitos, junto a más de una década sin crear puestos de trabajo formales en la economía.

¿Cómo se financia este “Estado presente” que supuestamente nos cuida? Cuando la presión impositiva llega a niveles confiscatorios, donde un comerciante trabaja más de la mitad del año solo para pagar impuestos, entonces desaparecen empresas o se vuelcan al mercado informal.

​Si el gasto publico supera los ingresos, el Estado emite moneda o bien toma deuda por la que paga intereses. Intereses que, a su vez, aumentan el gasto público.

En 1983 el gasto público social representaba casi el 59% del gasto público total, llegando al 66% en 2024. Cada año aumenta el gasto social y, al mismo tiempo, hay más pobres, jubilados ganando miserias y gente desocupada.

La idea del Estado protector queda desmentida cuando se observa que, al emitir moneda para financiar el déficit, el gobierno destruye el poder adquisitivo. La inflación es el impuesto más regresivo e injusto: no afecta al político que tiene sus ahorros protegidos o vive del Presupuesto; aniquila a los jubilados y a los trabajadores formales e informales.

El Estado presente quita el pan de la mesa con una mano mientras da un subsidio miserable con la otra, pretendiendo que la sociedad agradezca la gestión.

La transformación social y económica

​El daño más profundo no es solo económico, sino moral. El modelo del gasto infinito ha creado una dependencia perversa. Se ha pasado de la cultura del trabajo, esa que trajeron los inmigrantes que hicieron de Argentina una de las 10 potencias del mundo a principios del siglo XX, a una cultura de dádivas.

​Todo parece haberse convertido en un derecho: acceso a la luz barata, al transporte subsidiado, a un sueldo sin producir. Pero cada derecho que implica el pago de otros no es realmente un derecho, sino un privilegio otorgado por la fuerza del Estado.

Al destruir los incentivos para invertir y contratar, el Estado presente ha convertido a Argentina en un cementerio de empresas, porque quiere ser socio en las ganancias (vía impuestos), pero no acompaña en las pérdidas. ¿Quién va a hundir capital en ese escenario?

​Si realmente se busca reducir la pobreza, la receta no es más Estado presente, sino gobierno limitado presente. El Estado debe limitarse a funciones básicas: seguridad, justicia, educación básica y salud esencial. Lo demás son estructuras pensadas desde la política.

Los planes sociales no resuelven la pobreza; son el reconocimiento de un fracaso económico. La solución está en la inversión, y esta solo llega donde exista seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y una moneda estable.

​Argentina tiene que decidir si quiere seguir siendo un museo del fracaso populista o quiere abrazar las ideas que hicieron ricos a los países que hoy queremos parecernos. No hay magia. No hay soluciones de corto plazo que no impliquen dolor, porque décadas de fiesta populista no son gratis. Tienen un costo.