Cada día, al revisar el Boletín Oficial, aparecen decisiones administrativas que autorizan “nombramientos por la vía de excepción y por 180 días…”. Esa práctica refleja la persistencia de la discrecionalidad frente a concursos abiertos, lo que limita la profesionalización en el Estado.
Entre diciembre de 2023 y julio de 2025 el empleo público nacional se redujo un 10,6 %, lo que implicó la eliminación de 53.345 puestos. Según datos del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU), los mayores recortes se produjeron en empresas estatales (18,5 %) y en la Administración Pública Nacional (15,1 %), con caídas destacadas en personal contratado bajo Locación de Obras y Servicios (52,4 %) y Ley Marco (22,1 %). Estos recortes afectan áreas estratégicas como el CONICET, Fuerzas Armadas, hospitales nacionales, INTI, SENASA y ANSES. A ello se suman ejemplos concretos de pérdida de capacidades: pasaportes anulados por fallas, autos con patentes provisorias que dificultan controles y la paralización de obras públicas que deterioró rutas y aumentó la siniestralidad vial. Menos personal significa menor capacidad operativa y continuidad administrativa, sin que esto se traduzca en mayor eficiencia.
El gobierno de Milei es el único del período democrático que no ha realizado concursos para cubrir puestos directivos técnicos. La novedad no radica en un cambio de reglas, sino en la intensidad: hoy no hay concursos y las vacantes se cubren con designaciones políticas que reducen continuidad y acentúan la rotación. El examen de idoneidad anunciado como alternativa no reemplaza los concursos, ya que su alcance es limitado y desigual. Frente a ello, organismos internacionales como el CLAD y la OCDE -a la que Argentina aspira a ingresar- destacan que sistemas de ingreso basados en competencias, procesos transparentes y mérito son indispensables para separar la conducción política de la gestión administrativa y fortalecer la gobernanza pública.
En el marco de la modernización estatal, la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial redefine los requisitos del empleo público y obliga a impulsar competencias digitales que permitan integrarla en la gestión, especialmente en gobiernos locales. Este proceso podría haberse apoyado en instituciones existentes, pero el gobierno nacional decidió desarticular el INAP, uno de los mejores de América Latina. Es una decisión inédita, ya que casi ningún país carece de un organismo de formación y profesionalización estatal. El modo de ingreso al Estado se vuelve entonces parte de esta discusión: apostar por concursos regulares y criterios de mérito es la forma de garantizar que las administraciones cuenten con perfiles capaces de gestionar innovación, articular con el sector privado y responder a demandas sociales complejas sin perder transparencia ni continuidad. Como advierte el catedrático español Rafael Jiménez Asensio, “donde hay libre designación (y libre cese), no hay dirección pública profesional. Sin institucionalización sólida no habrá nunca directivos profesionales”. Optar por designaciones discrecionales refuerza la dependencia respecto de cada coyuntura política y debilita la construcción de un Estado inteligente, preparado para sostener la profesionalización e imparcialidad en tiempos de transformación tecnológica y recortes.
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