Narcotest en el Estado: ¿un indicador de idoneidad pública?

Desde una perspectiva de salud pública, las políticas de control de uso de sustancias psicoactivas ilegales han ido, felizmente, creciendo en pos de detectar su uso en personas con responsabilidad sobre el patrimonio o un deber de carácter público.

Recordemos que en un solo artículo del Código Penal ya tenemos la base argumental para iniciar el debate en la agenda pública para implementar políticas focales respecto de los funcionarios y los estupefacientes. El art. 77 los define, y de ahí en más, en otros artículos y leyes especiales se tipifican los actos que pueden ser perseguidos penalmente en relación con esta problemática.

En ese marco vigente nacional, en el nivel local provincias como San Luis, Córdoba, Salta y Santa Fe para fuerzas de seguridad, han avanzado en regular la implementación local mediante leyes y protocolos que permite que los controles se realicen de modo anual o aleatorio y sin previo aviso, haciendo uso del debido resguardo de identidad conforme a las leyes sanitarias y de protección de datos personales en tanto se considera un dato sensible.

Lo anterior es un marco de fortalecimiento de la integridad pública que debe comenzar a observarse a partir de las experiencias que se están llevando a cabo en el nivel local. Lo que resta es poner en la agenda política nacional, al ser un tema de asuntos públicos que afecta de modo transversal las relaciones público-privadas, la problemática del uso de sustancias psicoactivas ilegales en clave de corrupción en el ejercicio de una función estatal que exige idoneidad como punto de partida y expertise técnico como desarrollo de esa función.

Entonces, si la idoneidad conforme manda la Constitución Nacional exige un criterio de cumplimiento de aptitud física, psíquico-técnica y ética conforme explican los especialistas en derecho constitucional y en fallos de la Corte Suprema de la Nación, nos encontramos claramente ante un piso mínimo de exigencia contrastable o verificable en el acceso al empleo público, ya sea por mecanismo electoral o por nombramiento administrativo.

Este “piso mínimo” encuentra en un estudio de narco test a un indicador claro, instrumental y operativo del ideal constitucional que colabora en el control de origen, cumplimiento del deber y salida de la función administrativa de un empleado público.

Por esto, establecer criterios que fortalezcan la integridad en la función pública, como con esta prueba en particular, representa un avance también en términos de ejemplaridad, al tiempo que coordina y cohesiona otras dimensiones de políticas públicas como la prevención sanitaria en las juventudes con relación a altos índices de suicidio, el combate al narcotráfico en fronteras y centros urbanos o el uso de estupefacientes y el desvío de sustancias por falta de control de organismos estatales que han sido objeto de escándalo en las últimas dos décadas en al menos una campaña presidencial y tres presidencias.

Por tanto, es un tema clave para sumar al debate de políticas de integridad y compliance público que bien pueden encuadrarse en un fenómeno de corrupción en la gestión pública por falta de idoneidad en la medida que los decisores con responsabilidades sobre el destino de fondos públicos o regulación de habilitaciones sociales no estarían en todos los casos dentro de las buenas prácticas de la ley de ética pública.

Por si todo lo anterior no fuera clarificador en cuanto a la emergencia y problemática del fenómeno en cuestión, el uso de estupefacientes bajo control tuvo que ser ampliado mediante el reciente Decreto 122/2026, del 27 de febrero, agregándose a la lista casi 250 sustancias bajo monitoreo para implícitamente ampliar el poder de control sobre la persecución penal en el mercado negro y así mejorar las políticas de seguridad antinarcóticos y antinarcotráfico.

Claro es que, lejos de disminuir, esta problemática aumenta por el contexto social actual, pero los narco test comienzan a ser un indicador o herramienta positiva para monitorear las implicancias entre funcionarios y su idoneidad despejando sospechas de inhabilidad.

Es un buen comienzo y esperamos que más provincias y el gobierno nacional regulen la prevención al respecto para sostener con evidencia un piso mínimo del amplio concepto de idoneidad en la función pública y mejorar los estándares compliance públicos para el combate a la corrupción.