Superávit fiscal nacional y federalismo: una relación en permanente revisión

A medida que 2025 se acerca a su tramo final, la discusión fiscal adquiere especial relevancia. Entre leyes que incrementan el gasto, vetos y rechazos legislativos, las cuentas públicas muestran que, en los primeros ocho meses del año, el superávit primario ronda los $11 billones.

Con este desempeño, la meta acordada con el Fondo, situada en 1,6% del PBI, parece factible e incluso levemente menor frente al resultado parcial actual en pesos. El rumbo posterior dependerá del resultado electoral y de la nueva composición legislativa, una incógnita a resolver en las próximas semanas.

Es un momento propicio para repasar el recorrido hacia este punto bisagra. Al comparar los datos de este año con igual período del año anterior -ajustados a valores de 2025-, se advierte que el balance primario es casi un 16% menor. Una leve suba real del gasto, combinada con una modesta caída de los ingresos en moneda constante, define el escenario.

Dentro de este contexto, el incremento de las prestaciones sociales, que suman unos $4 billones extras, resulta el factor central. Se suma el crecimiento de las transferencias a provincias, aunque desde mínimos históricos en 2024. Por otra parte, la reducción de subsidios energéticos aporta al resultado, con una baja interanual de $3,7 billones.

El resultado global, incorporando los pagos de intereses, también muestra una mejora respecto al año anterior: totaliza $3,3 billones, lo que representa un 13% de incremento frente al saldo previo. Cabe señalar que la emisión de bonos y letras capitalizables, cuyos intereses no figuran como gasto sino debajo de la línea (junto a las amortizaciones), contribuye a esta visión favorable.

La moderación del superávit primario responde a la alta base generada en 2024. Respecto de 2023, la consolidación se mantiene, pese a las recientes fluctuaciones: el gasto primario acumulado de enero a agosto es 29% inferior, en términos reales, al registrado dos años atrás.

Las prestaciones sociales, que ahora exhiben una suba importante, compensan la baja del año pasado y quedan 13% por debajo del nivel de 2023.

El recorte destaca especialmente en el gasto de inversión nacional y en las transferencias a provincias, que aun tras una recuperación relativa en este ciclo, permanecen 69% por debajo del dato de hace dos años.

En síntesis, casi a la mitad del mandato, el ajuste abarca todos los rubros del gasto. Sin embargo, tanto la inversión como la distribución de transferencias a provincias son las más afectadas.

Parte del equilibrio fiscal nacional descansa en una reconfiguración del federalismo fiscal argentino. Al comenzar la gestión actual, las provincias, en líneas generales, gozaban de una posición más sólida que la nacional: quince de las veinticuatro jurisdicciones mostraban superávit primario. No obstante, la menor remisión de fondos nacionales hacia las provincias no está exenta de consecuencias. Comprender las tensiones derivadas de este proceso permite ajustar expectativas y anticipar efectos indeseados.

En este plano surge el “trilema de las transferencias subnacionales”: descentralización, equidad y correspondencia fiscal. Solo es posible priorizar dos dimensiones simultáneamente. La descentralización acompañada de equidad requiere un sistema redistributivo nacional fuerte.

Si se opta por descentralizar manteniendo correspondencia fiscal, las provincias de menor capacidad recaudatoria quedan limitadas a sus propios recursos, como marca el modelo estadounidense. Para homogeneizar la provisión de bienes públicos sin sacrificar la correspondencia fiscal, se impone la intervención del nivel nacional.

La reducción de fondos nacionales hacia las provincias incrementa la correspondencia fiscal. Si se suma la exigencia de preservar el balance primario a mediano plazo y no se recentralizan los gastos, los impactos distributivos entre jurisdicciones se vuelven inevitables.

Ningún modelo es perfecto: un federalismo sin correspondencia fiscal equivale a disputar el reparto del presupuesto nacional. Tampoco es consistente que gran parte de la descentralización de competencias provinciales recaiga sobre Buenos Aires, una provincia con indicadores sociales medios y una administración históricamente poco eficiente, que depende del gravoso Impuesto a los Ingresos Brutos como fuente de financiamiento.

El escenario de ajuste nacional, con efectos notables en las provincias, revela el deterioro del federalismo fiscal argentino y sus riesgos. Uno de los pilares del programa económico es el equilibrio de las cuentas públicas, base para impulsar una rebaja de la presión tributaria. Sin embargo, en un contexto donde el impuesto provincial a los ingresos es el más costoso, la menor remisión de transferencias retrasa ese objetivo.

Los desafíos para avanzar hacia una economía más abierta y competitiva son múltiples. Progresar en todas las dimensiones es una tarea ardua para cualquier administración. El desenlace electoral definirá la trama política de los próximos dos años y, con ella, la orientación fiscal. En cualquier caso, la relación entre nación y provincias seguirá siendo una cuestión central para la agenda argentina.

El autor es Economista Asociado de FIEL. Esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura que elabora la Fundación FIEL