
En 2014, un profesor de derecho en EEUU planteó una posibilidad jurídica para que existieran empresas sin humanos: que un individuo creara una sociedad de responsabilidad limitada cuyo acuerdo operativo delegara la gestión en un sistema autónomo, y luego se retirara como único miembro, dejando a la sociedad sin humanos, pero operativa. Desde 2021, algunos estados de aquel país han sancionado leyes sobre organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) que podrían, hipotética y eventualmente, conducir a empresas dirigidas por IA, aunque estamos lejos de ese momento. Más recientemente, algunos países exploran modificaciones regulatorias orientadas a otorgar personalidad jurídica a sistemas autónomos de IA. En todos los casos, la idea de constituir personas jurídicas sin personas físicas detrás genera perplejidad entre juristas y expertos.
En Argentina, en estos días fue anunciada una potencial reforma de la Ley de Sociedades para habilitar que no haya humanos asociados a una persona jurídica. El impacto económico de tal cambio normativo es incierto. El impacto de la adopción masiva de IA puede ser utópico o distópico, y los pasos fundacionales (y de gobernanza) que demos en estos años son cruciales.
En una empresa “sin humanos” ante daños y perjuicios ya no hay un humano claro con responsabilidad
Conviene recordar de qué hablamos cuando hablamos de “empresa”. Una empresa es, esencialmente, una estructura de actividad que incluye trabajadores, accionistas, proveedores, fisco, entre otros. Esta estructura genera vínculos entre personas que tienen el potencial para contribuir al bienestar. En una empresa “sin humanos” ante daños y perjuicios ya no hay un humano claro con responsabilidad, los trabajadores reemplazables ya no se contratan, los proveedores son cada vez más otros agentes, y los accionistas, en el límite, se desvanecen detrás de una propiedad cruzada algorítmica. En definitiva, se borra la conexión entre quien recibe los beneficios y quien es responsable por la actividad y las decisiones de la empresa.
Las “sociedades de inteligencia artificial” son, vistas con perspectiva, la forma jurídica de un proceso de fondo: la lenta sustitución del trabajo humano por máquinas digitales que no cobran indemnización, no piden vacaciones, no se sindicalizan, no se enferman ni envejecen. Este proceso se monta sobre un ampliamente documentado incremento en la desigualdad en las últimas décadas. El valor agregado de la economía se reparte, a grandes rasgos, entre trabajo (masa salarial) y capital (ganancias). Cuando una empresa pasa de tener cien empleados a tener veinte y un sistema de agentes, la torta no desaparece (¡puede incluso agrandarse!), pero la porción del trabajo se achica drásticamente. En el extremo, si las empresas pueden legalmente prescindir hasta del último humano dueño, lo que tenemos no es solamente un problema de empleo o de desigualdad.
El proyecto que se anunció en Argentina tiene una motivación lógica: si los agentes van a operar globalmente, mejor que estén constituidos y paguen tributos acá
David Autor y coautores hablan de superstar firms: firmas que adoptan tecnología antes que el resto, capturan la mayor parte de las ganancias de productividad y no las trasladan ni a salarios ni a precios. Así, la nueva tecnología se desarrolla en pocas manos. Algunos especialistas, entre ellos el premio Nobel de economía Daron Acemoglu, afirman que la IA hará lo que nosotros decidamos. La frase suena cándida, quizás incluso sobrestima la democracia liberal, pero esconde un argumento riguroso: la tecnología no es un dato exógeno que llueve sobre la economía de manera separada. Elegimos (activamente o por omisión) qué desarrollar, en qué invertir, qué permitir y qué premiar fiscalmente. Hoy, esa cancha está sistemáticamente inclinada contra el trabajo: impuestos al salario que no tienen contrapartida sobre los beneficios algorítmicos, incentivos fiscales que abaratan invertir en máquinas que automatizan tareas, o mercados concentrados en manos de big tech con incentivos claros a sustituir humanos.
El proyecto que se anunció en Argentina tiene una motivación lógica: si los agentes van a operar globalmente, mejor que estén constituidos y paguen tributos acá. Sin embargo, un planificador del esquema socioeconómico debe considerar que Argentina combina alta precariedad laboral preexistente, bajo poder de negociación de trabajadores en sectores nuevos, una administración tributaria con dificultades para gravar ingresos digitales y una tradición de incentivos fiscales superpuestos que rara vez se revisan. El riesgo no es solo no capturar la base imponible, sino importar sin filtros institucionales (de calidad) el sesgo antitrabajo del modelo. Además, la atribución de valor agregado entre jurisdicciones es compleja. Sin un marco específico, quizás la sociedad de IA terminará tributando en el país donde menos paga, con domicilio nominal en Argentina y sustancia económica en otra parte.
Una sociedad comercial sin humanos puede ser una innovación jurídica genuina. Puede también ser un vehículo por el cual delegamos a algoritmos el timón de la economía. Decisiones que exigen deliberación humana, como a quién contratar, a quién despedir, qué producir, dónde invertir, moldean los resultados socioeconómicos y, por ende, nuestras vidas. Sociedades sin humanos suena futurista. Que el futuro sea de muchos y no de pocos depende, todavía, de decisiones humanas.
El autor es Decano Ejecutivo, Escuela de Gobierno, Universidad Torcuato Di Tella
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