
La Argentina tiene la urgente tarea de canalizar cuantiosos volúmenes de recursos para cerrar las brechas de infraestructura existentes, en un contexto donde el financiamiento público y privado es acotado. Según el BID, en los próximos 10 años, se necesita una inversión pública y privada en infraestructura de alrededor de USD 204.403 millones.
Sin perder de vista el logro de la solvencia fiscal en el largo plazo -objetivo compartido por gran parte del arco político en la actualidad-, tenemos el desafío de fortalecer la gestión y transparencia del gasto público y, de manera simultánea, generar instrumentos innovadores y útiles para que el gobierno nacional, las provincias y los municipios puedan implementar y sostener políticas públicas que reduzcan las brechas de desarrollo con una mirada plurianual.
La intención de estas líneas no es hacer una defensa per se de la figura “fondo fiduciario”. Es más, dicha figura ha sido fuertemente cuestionada por la literatura especializada en finanzas públicas dado que están por fuera del presupuesto nacional y de los instrumentos centrales para la gestión y control del gasto público. Su opacidad y discrecionalidad son elementos que han sido resaltados por varios especialistas. Además, violan el principio de unidad de caja y acentúan las asimetrías entre aquellas áreas de gestión que lograron materializar un fondo fiduciario y las que no.
No obstante, la finalidad principal de estos instrumentos, que ha sustentado su creación a lo largo de los últimos treinta años en el ámbito público, merece la pena ser rescatada: otorgar previsibilidad al financiamiento de políticas de mediano y largo plazo -especialmente obras de infraestructura-, al separar una determinada masa de recursos públicos asignados a una finalidad específica para resguardarla de los vaivenes políticos y los contextos de escasez.
Una posible diagonal a la discusión binaria que estamos teniendo sobre los fondos fiduciarios es la reconversión de aquellos vinculados al financiamiento del gasto de capital (concretamente son 13 fondos fiduciarios, los cuales representaron aproximadamente un 1,2% del gasto público de capital de la APN en 2023) para la creación y capitalización de una nueva entidad financiera que promueva el desarrollo, con un mandato especializado para potenciar las inversiones en infraestructura en las provincias y centralizar la oferta de financiamiento existente en esta temática.
En concreto, se propone crear un Banco Nacional de Desarrollo en infraestructura, de capital público-privado, con participación accionaria tanto del Estado nacional como de las provincias, destinado a financiar proyectos en sectores estratégicos como agua y saneamiento, conectividad física y digital, gestión hídrica, energía, hábitat, entre otros, cuyos principales clientes sean gobiernos subnacionales y empresas con proyectos de infraestructura, los cuales usualmente no logran acceder a financiamientos en condiciones ventajosas como los que puede ofrecer la banca multilateral de desarrollo.
Los bancos de desarrollo son instituciones financieras cooperativas, cuyo mandato principal no es generar ganancias, pero sí promover el desarrollo. Básicamente, prestan para implementar proyectos que no necesariamente generan retornos financieros inmediatos, sino que fundamentalmente generan retornos sociales de largo plazo. Dado que suelen tener calificaciones crediticias altas, estos bancos pueden financiarse a un costo relativamente bajo en los mercados de capitales y trasladar esa ventaja de costo a sus prestatarios. Con un alcance nacional, el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de Brasil es un ejemplo cercano de este tipo de instituciones.
Una figura de estas características en el país, con un modelo de gestión moderno y profesional, podría desempeñar un papel clave como mediadora entre los gobiernos subnacionales, inversores privados y los organismos multilaterales de crédito a la hora de concretar grandes proyectos de infraestructura que promuevan una economía competitiva, resiliente y baja en emisiones. Podría brindar garantías, así como asistencia técnica y financiera para la estructuración de operaciones de financiamiento mixto (blended finance) haciendo uso complementario de donaciones (por ejemplo, de fondos verdes), instrumentos altamente concesionales, financiamiento reembolsable de fuentes públicas o privadas, y captación de recursos del mercado de capitales local, proporcionando mayor viabilidad y sostenibilidad financiera a proyectos de infraestructura con impacto en el desarrollo sostenible.
Dado que muchos de los fondos fiduciarios que están en la mira por el gobierno nacional han sido creados por ley, necesariamente esta discusión tiene que ser llevada al Congreso Nacional para su tratamiento. Por tanto, se abre una oportunidad política para que se discuta también la creación de esta herramienta financiera con foco en las provincias, en donde los recursos existentes de los diversos fondos fiduciarios sirvan de capital semilla. Como lo mencionamos más arriba, un porcentaje del capital accionario podría ser abierto a la participación de la banca privada (como sucede en CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) y las provincias, reflejando una gobernanza equilibrada entre niveles de gobierno, y entre sector público y privado. Asimismo, la gestión corporativa debiera ser de excelencia, respetando los más altos estándares de transparencia y prudencia financiera. Ello, sin dudas, se reflejará en una mejor calificación crediticia, beneficiando colectivamente a todos sus miembros y prestatarios, y potenciando el impacto de los recursos públicos.
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