
Se puede discutir si las PASO sirven, si son demasiado costosas o si tienen sentido obligar a los argentinos a votar en una elección en la que muchas veces no hay ninguna competencia real. Lo que no debería estar en discusión es que ningún gobierno tiene derecho a acomodar el sistema electoral a sus necesidades políticas del momento.
Sin embargo, en la Argentina parece haberse instalado una costumbre peligrosa: cambiar las reglas cuando dejan de convenir.
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Esta semana, el Senado vuelve a debatir una reforma que busca suspender las primarias para 2027 y habilitar una nueva modalidad de listas colectoras. Todo ocurre mientras el Gobierno negocia con los gobernadores los votos para el Presupuesto del próximo año. La coincidencia no es menor. Y la pregunta es inevitable: ¿estamos discutiendo cómo mejorar nuestra democracia o cómo favorecer a determinados candidatos en la próxima elección?
La historia reciente debería servirnos de advertencia.
Las PASO nacieron en 2009, después de una derrota electoral del kirchnerismo. El PRO votó en contra. En 2015, esas mismas primarias le permitieron a Mauricio Macri ordenar Cambiemos y llegar a la Presidencia. Cuatro años después, su gobierno restringió por decreto las listas colectoras, argumentando que confundían a los votantes.
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Ahora, el gobierno de Javier Milei, que hizo de la lucha contra las viejas prácticas políticas una de sus principales banderas, propone recuperar una versión de ese mecanismo. Las colectoras fueron utilizadas durante el kirchnerismo para permitir que distintas listas acompañaran a un mismo candidato. Hoy vuelven a aparecer como una herramienta para facilitar acuerdos electorales.

No es exactamente el mismo sistema, pero la lógica política resulta demasiado conocida: mecanismos que se critican cuando los utiliza un adversario vuelven a ser aceptables cuando pueden beneficiar al oficialismo.
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Cambian los gobiernos, cambian los discursos y cambian las conveniencias. Lo que no cambia es la tentación de modificar las reglas en función del resultado que cada uno espera obtener.
No se trata de defender las PASO a cualquier precio. Se puede discutir si deben ser obligatorias, optativas, si cumplen su función o si representan un gasto que el país podría evitar. Son preguntas legítimas que merecen respuestas serias.
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Lo que no es serio es que una regla electoral sea buena cuando me beneficia y mala cuando puede favorecer a mi adversario.
Hay, además, algo especialmente preocupante en la discusión actual. El Presupuesto es una herramienta central para gobernar y es lógico que las provincias negocien recursos, obras y prioridades. Pero la reforma electoral no puede convertirse en una pieza más de esa negociación.
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No hace falta que exista un intercambio explícito de votos por fondos para advertir el problema. Cuando las reglas para elegir al próximo presidente se discuten al mismo tiempo que las partidas presupuestarias, la sospecha de que se están negociando intereses electorales resulta inevitable.
Y esa sospecha deteriora la confianza en las instituciones.
Tampoco podemos ignorar a quiénes afectan las modificaciones. La reforma incorpora nuevas exigencias para presentar candidaturas y abre una discusión sobre las condiciones de competencia. Para las grandes estructuras políticas, adaptarse suele ser más sencillo. Para los partidos nuevos o más chicos, cada requisito adicional puede transformarse en una barrera de entrada.
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La democracia necesita partidos fuertes, pero también necesita alternativas. No puede ser un sistema donde los que ya tienen representación decidan qué condiciones deben cumplir quienes quieren competir con ellos.
Por eso, llegó el momento de establecer límites claros.
El primero es sencillo: ninguna reforma electoral debería aplicarse a la elección inmediatamente posterior a su aprobación. Si un gobierno considera que una modificación es buena para la democracia, debería estar dispuesto a que sus beneficios comiencen cuando ya no tenga garantizada la posibilidad de aprovecharlos.
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El segundo es separar definitivamente la discusión electoral de las negociaciones presupuestarias. Las reglas para competir por el poder necesitan tiempo, transparencia y participación de todas las fuerzas políticas, no acuerdos de último momento.
Y el tercero es asumir que una reforma política debe pensarse para los próximos 20 años, no para los próximos 12 meses.
La Argentina necesita previsibilidad. La necesitan quienes invierten, quienes trabajan y también quienes participan en política. No podemos reclamar instituciones sólidas mientras aceptamos que las normas más importantes se modifiquen según la conveniencia electoral del gobierno de turno.
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Las PASO podrán mantenerse, reformarse o desaparecer. Pero esa decisión debe surgir de un debate sobre cómo mejorar la representación, no de un cálculo sobre quién gana y quién pierde en 2027.
Cuando un gobierno cambia las reglas para ganar una elección, lo que termina perdiendo es la confianza en la democracia.
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