No pueden organizar una campaña de vacunación eficiente y quieren controlar cómo funcionan las empresas privadas

Ante el desborde inflacionario que está teniendo el Gobierno, reflejando un claro fracaso de su política económica, si es que así se puede denominar lo que están haciendo en el campo de la economía, nuevamente salen con medidas absurdas como haber creado el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica, SIPRE, que consiste en pedirle a 1.000 empresas planillas mensuales con información sobre sus precios, ventas, stocks, nivel de producción, etc.

Es decir, el Estado se pone a controlar cómo funcionan las empresas privadas en el medio de una pandemia en la que el mismo Estado es incapaz de organizar una campaña de vacunación eficiente. Hasta saltaron las vacunas VIP en la ineficiencia estatal y pretenden meterse con la eficiencia del sector privado.

El mismo Estado que pretende controlar a las empresas privadas en su funcionamiento no tiene la capacidad de controlar el nivel y calidad de gasto público. El mismo Estado elefantiásico que cobra fortunas en impuestos, que está repleto de empleados públicos y tiene un sistema educativo desastroso, hospitales que apenas funcionan gracias a la dedicación de su personal y una seguridad que brilla por su ausencia. Es otras palabras, el mismo Estado que, cobrando fortunas, no puede brindar los servicios esenciales por los que cobra impuestos, dice que va a controlar la forma en que trabaja el sector privado.

En momentos en que se necesita desesperadamente que las empresas no se vayan del país y lleguen nuevas inversiones que se hundan en el sector real de la economía para crear puestos de trabajo, el Gobierno sale con esta medida que espanta a cualquiera que esté pensando en invertir. Si Argentina ya generaba todas las condiciones para espantar inversiones, con esta medida le ponen la frutilla al postre.

¿Cuál será el resultado para la gente de esta medida adoptada por el Gobierno? La desocupación seguirá en ascenso, los salarios reales no podrán crecer y la pobreza e indigencia tenderán a aumentar.

Si uno mira la inflación promedio mensual de las últimas cuatro administraciones, observa que Cristina Kirchner tuvo una inflación promedio mensual en su primer mandato del 1,6%, en su segundo mandato subió al 2,2% a pesar de haber pisado las tarifas de los servicios públicos, el tipo de cambio y los controles de precios. El gobierno de Mauricio Macri tuvo una inflación promedio mensual del 2,9% pero habiendo ajustado las tarifas de los servicios públicos que había atrasado Cristina Kirchner, y Alberto Fernández tiene acumulada hasta ahora una inflación del 49% lo cual da un promedio mensual del 2,8%, casi la misma inflación que tuvo Macri pero atrasando las tarifas de los servicios públicos y congelando el sistema monetario durante meses con la cuarentena, cuando la gente no podía salir a consumir ni retirar dinero de los bancos.

Lo concreto es que en los últimos 13 años y medio aproximadamente vivimos con una inflación promedio mensual que es equivalente a la inflación promedio anual de la mayoría de los países del mundo e incluso de la mayoría de los países de la región.

Esta nueva medida agrega ineficiencia a las empresas, porque las obliga a destinar recursos humanos y económicos a armar planillas que no tienen utilidad, ya fue aplicada en el pasado infinidad de veces y fracasó estrepitosamente.

En realidad el Gobierno está pidiendo algo que al consumidor no le interesa y al Gobierno no le sirve para nada. ¿Acaso el lector, cuando va al supermercado a comprar un frasco de mayonesa, le pregunta al cajero cómo es la estructura de costos del supermercado? ¿Pregunta cuánto gana el cajero, el repositor de las góndolas, el gerente de la sucursal, los costos de luz, etc.? No, solo le interesa al consumidor la relación precio y calidad del frasco de mayonesa.

Determinación de los precios

Esto es lo que no terminan de entender en el gobierno. No son los costos los que determinan los precios, sino que son los precios que la gente está dispuesta a pagar por los bienes y servicios, los que determinan los costos en que pueden incurrir las empresas.

Supongamos que como asesor económico alquilo las oficinas más caras de la ciudad, contrato 5 secretarias, 20 economistas que me busquen información, viajo en auto con chófer y demás gastos disparatados. Sumo todos los costos, le agrego mi ganancia y pido por cada conferencia que doy USD 1 millón. Nadie me va a contratar. No voy a vender una sola conferencia.

¿Cómo actuó en la vida real? Estimo qué honorarios puedo cobrar por cada conferencia, estimo la cantidad de conferencia que puedo dar y eso me da el ingreso estimado. Si ese ingreso se verifica me indica cuántas secretarias y asistentes puedo tener y cuánto les puedo pagar de sueldo, qué alquileres puedo pagar de oficinas, etc. Es decir, los honorarios que la gente esté dispuesta a pagar por mis conferencias por la cantidad de conferencia que me pueden contratar determinan los costos en los que puedo incurrir.

El mundo del sector privado se mueve justo al revés de cómo se mueve el mundo del sector público en la Argentina. Los honorarios me los tengo que ganar obteniendo el favor del consumidor. En cambio el Estado obtiene sus ingresos en forma compulsiva y cree que todos actúan de la misma forma.

Solo con revisar el CV del ministro Matías Kulfas, que es el que pide esta información, se observa que casi toda su vida profesional desde 1995 en que se recibió de economista en la UBA, fue funcionario público, salvo un paso fugaz por el sector privado.

La mayoría de los políticos que están hoy en el gobierno vivieron siempre de algún puesto estatal. Desconocen en qué consiste producir, ganarse el favor del consumidor, generar ingresos para afrontar gastos, idear productos que la gente demande, pagar sueldos a fin de mes de lo que ellos generan como ingreso no compulsivo. Toda su vida vivieron de ingresos compulsivos que obtuvieron vía el aparato de compulsión y coerción del estado para cobrar impuestos que luego le llegan a ellos en forma de sueldos.

En definitiva, desconocen el mundo en el que viven millones de personas que todas las mañanas se levantan y tienen que inventar qué van a hacer para vivir cada día y encima lidiar con los caprichos de los burócratas que estorban al que produce.

Esta medida de pedir un conjunto de planillas con los datos operativos de las grandes y medianas empresas sabemos que va a fracasar porque la inflación no tiene que ver con los costos, sino con un problema monetario. El punto es que el Gobierno tiene que mostrar ante la gente que hace algo para frenar la inflación que se le va de las manos en este año electoral. ¿Y qué mejor medida que buscar el culpable en el empresario y no reconocer el destrozo monetario que han hecho y la fuga de empresas que están generando?

Todo esto es jueguito para la tribuna, pero no es indiferente para el futuro de la gente. Esto es otro paso más para espantar inversiones y crear más desocupación, pobreza y caída del salario real.

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