Ni mano dura ni mano blanda: se trata de aplicar la ley

El tema de la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los argentinos. Los gobiernos kirchneristas se pasaron más de diez años subestimando esa demanda social, negando la gravedad del asunto o suponiendo que se trataba de inquietudes de la derecha. En pocos campos como este se advierte cómo la intoxicación ideológica produce estragos. Nos hemos referido en muchísimas oportunidades a este tema, pero es necesario insistir con algunos conceptos básicos. La brutalidad de la última dictadura militar hizo que se percibiera, después, a todo ejercicio de la autoridad y el orden como represivo.

Esa tendencia fue agravada por doctrinas penales, que fueron influyendo en muchos jueces, según las cuales los delincuentes son víctimas de la sociedad y, por lo tanto, no deben ser victimizados nuevamente con el castigo penal.

Eso no es garantismo, sino abolicionismo. Lo que esos intelectuales de laboratorio no dicen es cómo, si no es con las herramientas de la ley penal, entre otras, se puede proteger a la mayoría de la sociedad, que no comete delitos, que es pacífica y que quiere trabajar y vivir dentro del orden jurídico.

Costará mucho remontar esta situación. El primer paso será asumir su gravedad en toda su alarmante dimensión.

Recordemos que hace pocos años, como manifestación de esos desvaríos, con el patrocinio de las autoridades penitenciarias se había creado una agrupación de detenidos llamada "Vatayón Militante", a los que se llevaba a actos partidarios. Se pretendió justificar esas irregularidades con la burda excusa de que se trataría de actos "culturales". O que el kirchnerismo había promovido una asociación de barras bravas, y la entonces Presidente de la Nación, irónicamente durante un acto vinculado con la seguridad en el fútbol, se había referido a tales sujetos de un modo laudatorio y afectuoso, solo atribuible a una profunda ignorancia de la realidad, si descartamos razones mucho más peligrosas.

Hubo durante mucho tiempo una exaltación de la cultura de la transgresión, de la marginalidad, de la ilicitud. Mientras las personas honestas, respetuosas de la ley, eran perseguidas si expresaban alguna discrepancia con las posturas oficiales, los delincuentes recibían un trato que tendía a diluir toda noción de castigo.

El kirchnerismo ya no gobierna, a Dios gracias, pero su prédica abolicionista, que tiene como faro intelectual a un jurista como Eugenio Raúl Zaffaroni, de larga trayectoria académica, pero que prefirió ignorar sus deberes de magistrado en la Corte Suprema argentina y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para transformarse en un militante partidario, permanece intacta en muchas funestas decisiones judiciales.

El verdadero juez garantista es el que aplica sin vacilaciones la Constitución y las leyes, y obra en el marco del debido proceso asegurando las garantías de los imputados. Pero cuando se excede en esa función, actuando como un verdadero abogado defensor, se desequilibra el fiel de la balanza de la justicia y la sociedad queda en estado de indefensión. No se trata de aplicar la mano dura, sino la mano justa. Es común que se otorguen libertades condicionales a personas que no las merecen por sus antecedentes. No hay ningún progresismo en dejar expuestas a las personas honestas a la acción de los criminales. A quien le pese la tarea de juez, puede dedicarse a otra actividad, pero no a impartir justicia.

Por cierto, siempre puede haber modificaciones en las leyes que favorezcan el obrar más rápido y seguro de los jueces, pero con las que hoy tenemos basta para que se pueda actuar en forma mucho más eficaz si los magistrados se dedican a aplicarlas en lugar de buscar cualquier resquicio para consagrar la impunidad.

El autor es diputado nacional por CABA (Cambiemos-PRO). Ex viceministro de Justicia porteño.