La frustración argentina es consecuencia de un cambio de dirección fundamental. Con la sanción de la Constitución en 1853-60, Argentina ofreció el milagro de generar oportunidades de ingreso y riquezas para millones de personas, entre ellas, muchos analfabetos. Pasamos de menos de un millón de habitantes, en 1850, a 12 millones y simultáneamente cuadruplicar el ingreso por habitante. Ninguna otra nación hizo tanto en tan poco tiempo. ¡La nación más progresista de América hasta la tercera década del siglo XX! A partir de esa riqueza prodigiosa, creada por trabajos productivos, nos sentimos ricos sin límite, que nos sobraban recursos y podíamos despilfarrarlos. Tanto que distintos funcionarios y particulares aprovecharon la volada y fueron consiguiendo privilegios en leyes y normas del Estado. El empleo público ha sido fuente de poder político tanto que somos el país con mayor ocupación estatal en América Latina, cerca de cuatro millones de sueldos, uno cada diez habitantes. La concesión de un impuesto, o su reducción, para darles ventajas a una empresa, una actividad, y aportes compulsivos que reducen los ingresos de muchos a favor de determinadas entidades, empresas privadas, funcionarios, personas, gremios y otras organizaciones.

Grandes sectores de la opinión ven con simpatía favorecer a sectores "postergados" o "insuficientemente" remunerados. No se dan cuenta de que todas las cesiones de ingresos salen del conjunto de bolsillos de cada uno. La suma de las contribuciones que recibe un privilegiado cuesta mucho más al común de la sociedad. Porque el privilegio reduce la producción del conjunto. Un ejemplo, los millones de funcionarios y empleados de los Estados que cobran mucho más que lo que aportan con su trabajo. Que la población sostiene con quita a sus remuneraciones. Y nadie plantea desmantelar tamaña injusticia e ineficiencia. Aquí juega una característica de la mente y el proceso de decisión de las personas. Como la pérdida individual suele ser pequeña pero la ganancia para los beneficiarios muy significativa, estos influyen hasta conseguirlo, sin que la mayoría proteste. El aporte de 10 pesos mensuales no desnivela los presupuestos personales de 10 millones de personas. Pero constituye un enorme botín, 100 millones mensuales para un grupo pequeño de aprovechados. No nos podemos sorprender de las enormes riquezas que ostentan algunos dirigentes gremiales, empresarios, funcionarios, sustentadas en estas concesiones. Ni de que los estragos de la corrupción no sean reconocidos por muchos pobres.

Mi nuevo libro, Fin de la Pobreza, explica. Los argentinos podríamos disfrutar de un ingreso promedio por habitante cuatro veces superior al actual. Pero la enorme succión de los cuantiosos y diferentes privilegios nos exprime, reduce nuestra capacidad de generar ingresos a una cuarta parte. El faltante, las tres cuartas partes del ingreso posible, se pierde en la cloaca de trabas, privilegios, concesiones especiales, tratos diferenciales a los que nos subyugan, normas diferentes para los mismos actos, según de quién se trate. El concepto inverso a la justicia: el mismo trato, ley y norma para todos los habitantes.

Tenemos impuestos que algunos pagan más que otros. Los de las provincias patagónicas pagan menos que los demás argentinos. Los residentes de Tierra del Fuego están excluidos de impuestos nacionales, los consumidores deben pagar impuestos por importaciones que elevan los precios para beneficio de empresas locales, dependiendo de las ventajas particulares que supieron conseguir. Las jubilaciones no son proporcionales a los aportes, porque los beneficios dependen de la particular ocupación personal. Hasta para financiar las actividades del Comité Olímpico, algún gremio pequeño, o del Instituto del Cine existen impuestos especiales.

La Revolución francesa fue el intento de abolir los privilegios del régimen feudal que empobrecían a la mayoría. La promesa de justicia: la misma ley y medida para todas las personas para todos los tiempos. Después de tanto tiempo debemos aceptar que nuestro largo fracaso es consecuencia de desviarnos de la Constitución y justicia. Todos los funcionarios juran defenderla y sostenerla, pero siguen alimentando la injusticia de que las personas sean premiadas o perjudicadas según su posición, simpatías y ventajas particulares conseguidas. La falacia de "los derechos adquiridos". Con la mayor presión tributaria de América, la gente común está arruinada. Un sistema de privilegios extendidos que nos retrasa, empobrece y desilusiona. La Argentina clama por un cambio. La revolución de la justicia de la misma norma y medida para todas las personas para todos los tiempos.

A pesar de lo expuesto, cualquier propuesta de un programa de desarrollo o medidas de estímulo siempre consiste en erigir nuevos privilegios. No puede sorprender el continuo retroceso de la Argentina.

El autor es miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.