El decreto contra el nepotismo debería impulsar una reforma del Estado

Finalmente, el escándalo detonado por el caso Triaca derivó en la decisión presidencial de prohibir el empleo de parientes de ministros en la administración nacional, pero manteniendo el de Trabajo en su puesto.

Celebro su prohibición del empleo de familiares, pero es inevitable que surjan varios interrogantes. El primero es: ¿Qué habría pasado si los audios del ministro Triaca no salían a la luz? En tal caso, ¿no se habría dispuesto la medida contra el nepotismo que ahora se anunció?

El Gobierno no puede aducir que faltaron advertencias al respecto, desde las del periodista Jorge Lanata en su programa Periodismo para Todos hasta los señalamientos de varios analistas; todas hechas con el fin de que esta administración suba, como esperamos sus votantes, la vara moral y se aleje de los vicios de la partidocracia.

La duda siguiente es si los familiares que ahora renuncien dejarán efectivamente el Estado, con su enorme, ineficiente e ineficaz gasto, o reaparecerán en otras áreas del sector público, como empleados, asesores o lo que fuera, o en otras jurisdicciones gobernadas por Cambiemos o incluso por otras fuerzas políticas.

Ya los jefes de gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad, Tres de Febrero e incluso Escobar han anticipado su adhesión, lo que potencia el efecto de la medida. Pero los familiares de los ministros nacionales no son, en general, familiares de los de esas jurisdicciones, y viceversa. Excepto que fueran designaciones por concursos transparentes, esperemos que los decretos respectivos traben cualquier reasignación entre distintas partes del sector público, incluso en representación del Estado en empresas de las que es accionista.

Se atribuye al ministro de Modernización haber expresado en conferencia de prensa que para algunos renunciantes se buscará espacio en otras dependencias. Si es cierto, sería lamentable, y el Presidente debería oponerse a esa salida. Roguemos que los medios, las ONG enfocadas y los analistas hagan un seguimiento de este riesgo.

En tercer lugar, es inevitable la pregunta sobre qué se hizo durante los dos años previos de gobierno. Si la designación de familiares es ahora reconocida oficialmente como negativa, lo era también a partir de diciembre de 2015. La inacción en 2015 y 2016 es preocupante. Refleja una ausencia, en algunos sectores del Gobierno y en parte del ADN de Cambiemos, de un diagnóstico adecuado de los vicios del empleo público, de un código de excelencia en el governance, o de controles por parte de la jefatura de gabinete. El malestar y la resistencia a la medida que se atribuyen a algunos funcionarios, si son ciertos, avalan ese diagnóstico.

Es extraño que la incorporación de CEO no haya incluido la transmisión de pautas de excelencia en el governance que están hace tiempo en las empresas privadas de mejor calidad, en las que la contratación de parientes está prohibida. El ministro Andrés Ibarra expresó ahora la meta de que para 2019 el 50% de los cargos de alta responsabilidad sean concursados. ¿Cuál era el plan de gobierno si las metas, además fuertemente graduales, se establecen pasados ya dos años de mandato?

Y luego, ¿por qué limitar la prohibición a los ministros y no extenderla también a secretarios y subsecretarios? Estos también gozan de poder e influencia, y es probable que los casos de nepotismo no sean pocos. Si el nepotismo es reprobable llevado a cabo por ministros, lo es también cuando es llevado a cabo por sus reportes inmediatos. ¿O habrá que esperar a que salga a la luz algún escándalo de un secretario?

La oposición ha minimizado el valor del anuncio presidencial. Algunos colegas relativizan el valor de los ahorros —se anunciaron 1500 millones de pesos— en el gasto político. "No mueve el amperímetro", se escucha. Es un error.

Detrás del descomunal gasto del Estado se esconde hace años un caos de desgobierno, donde las distintas capas geológicas de la política van colonizando, sedimentando y controlando áreas, erradicando cualquier atisbo de meritocracia y consolidando una cultura de dejadez, ausentismo, inexistencia de premios y castigos, falta de responsabilidad (accountability) y privilegios injustificados, mientras centenares de miles de agentes ven frustrado su deseo de hacer de su empleo público una carrera honrosa y productiva.

Entretanto, millones de argentinos salen a comprar en el sector privado salud, seguridad, educación y otros bienes públicos que deberían ser eficiente y eficazmente provistos por el Estado con sus impuestos, pagando en consecuencia dos veces por lo mismo.

La decisión de Macri, aunque oportunista y modesta, es valiosa y debería ser el inicio de una reforma del Estado, hasta ahora totalmente ausente, en la que están involucrados varios puntos porcentuales del PIB. Es lamentable que este objetivo no haya sido parte del programa gubernamental desde el principio. Y no está claro que forme parte importante del programa de gobierno en el futuro.

El autor es economista. Ex gerente general del Banco Central.