El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció el sábado 3 de octubre su salida del Parlamento Centroamericano (Parlacen), apenas un día después de que los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaran por unanimidad una nueva resolución de condena a Nicaragua, sin que ningún país saliera en defensa del Gobierno nicaragüense.
En lugar de buscar acercamientos con sus vecinos, Nicaragua respondió con otra ruptura que se suma a una larga lista de enfrentamientos con organismos internacionales, de los cuales se retira cuando sus decisiones, informes o pronunciamientos resultan contrarios a sus intereses.
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La resolución de la OEA, aprobada el viernes 2 de octubre en Washington, exigió la liberación incondicional de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades civiles, la recuperación de la separación de poderes y la creación de condiciones para celebrar elecciones libres e inclusivas.
También reclamó información sobre las personas desaparecidas por motivos políticos y acordó establecer un mecanismo para mantener la interlocución con las autoridades nicaragüenses y los ciudadanos en el exilio. México, Brasil y Uruguay formularon observaciones, pero no impidieron el consenso sobre el documento.
Salida del Parlacen
La reacción de Managua fue denunciar el tratado constitutivo del Parlacen, organismo regional al que Nicaragua pertenecía desde su creación y del que Ortega fue uno de sus impulsores originales en 1987.
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La Cancillería notificó que la decisión tendría “efecto inmediato”, sin explicar inicialmente las razones. Dos días después, Murillo justificó la medida argumentando que el organismo “no ha logrado cumplir su objetivo y función” en beneficio de las familias centroamericanas.
El 6 de octubre, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó con 91 votos la derogación de los decretos que habían incorporado a Nicaragua al Parlamento.
Desde 2021, esa confrontación ha provocado su salida de la OEA, la FAO y la Corte Centroamericana de Justicia, además de anuncios de retiro de organismos de Naciones Unidas dedicados a la educación, el trabajo, los derechos humanos y las migraciones.
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El analista político y exdiputado del Parlacen Eliseo Núñez considera que la decisión de abandonar el Parlamento Centroamericano tiene una finalidad que va más allá del propio organismo. Según explica en una entrevista con Infobae, Ortega ha escogido deliberadamente una institución cuya pérdida no compromete directamente los intereses económicos de su Gobierno, pero que le permite enviar una advertencia al resto de Centroamérica.
“Esto es Ortega escogiendo un órgano del sistema de integración que no lo afecte a él, pero que sirva como amenaza de que, así como se salió del Parlacen, puede salir del resto del sistema”, afirma Núñez. El exdiputado resume el mensaje mediante una comparación: “Es como cuando vos, en lugar de pegarle a alguien, le enseñás la faja”.
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Estrategia del “mendigo apestoso”
Núñez utiliza una expresión particular para explicar la conducta internacional del Gobierno nicaragüense: la estrategia del “mendigo apestoso”. Con ella describe una forma de confrontación en la que el gobernante procura convertirse en un interlocutor tan incómodo y conflictivo que los demás terminan evitando enfrentarse con él, incluso cuando desaprueban sus actuaciones.
“Él trabaja todos los días para convertirse en alguien tan difícil, tan complejo que nadie lo quiera tocar. Es como querer convertirse en un puerco espín para que nadie se le acerque”, explica el exdiputado. En su interpretación, el objetivo consiste en elevar el costo político de cualquier enfrentamiento hasta conseguir que otros gobiernos prefieran evitar nuevas disputas.
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“Eso es lo que hacen aquellas personas que se vuelven infernales y que vos preferís que hagan lo que quieran con tal de no escuchar sus gritos y su diatriba. Esa es la estrategia de Ortega”, añade Núñez.
El Gobierno nicaragüense mantiene una relación de confrontación con aquellos que cuestionan su actuación política, pero procura conservar su participación en instituciones que proporcionan financiamiento, facilitan el comercio o permiten mantener relaciones económicas con sus vecinos.
“Él se sale donde no tiene costos para él. Salirse del Parlacen no tiene costo”, sostiene Núñez, quien distingue esa decisión de una eventual ruptura con instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
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El precedente de Panamá
La retirada del Parlacen enfrenta un problema jurídico que el propio Gobierno de Ortega defendió hace 17 años, cuando Panamá intentó abandonar el organismo durante la presidencia de Ricardo Martinelli.
En aquella ocasión, Nicaragua sostuvo que ningún Estado podía denunciar unilateralmente el tratado constitutivo porque el documento no contempla un procedimiento de retiro, argumento que ahora el régimen Ortega y Murillo ha dejado de lado para justificar su propia decisión.
El 28 de octubre de 2009, el Gobierno nicaragüense comunicó formalmente a Guatemala, país depositario del tratado, su oposición a la salida panameña. Núñez, quien era diputado del Parlamento Centroamericano cuando ocurrió la controversia, recuerda que Nicaragua se opuso porque los tratados de integración no establecen una salida unilateral.
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A su juicio, para abandonar legalmente el organismo sería necesario negociar una reforma del instrumento constitutivo con los demás Estados. También advierte que una retirada de hecho no necesariamente extingue las obligaciones financieras contraídas mientras el país fue miembro.
El Parlacen respondió a la notificación nicaragüense señalando que estudiaría sus “alcances jurídicos y operativos” y recordó que cualquier modificación de su composición debe realizarse bajo el “estricto cumplimiento del derecho internacional”.
Para Núñez, la contradicción entre la postura de 2009 y la de 2026 responde a una prioridad política del Gobierno. “En la lógica de ellos lo importante es el poder. Si tienen que contradecirse mil veces lo van a hacer”, afirma el exdiputado, quien considera que el régimen utiliza argumentos jurídicos distintos según sus necesidades políticas.
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Ruptura con la OEA
La primera gran ruptura de esta etapa ocurrió después de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega consiguió un nuevo mandato mientras sus principales adversarios políticos permanecían encarcelados o habían sido excluidos de la competencia.
El 12 de noviembre, la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución con 25 votos a favor, siete abstenciones y el voto contrario de Nicaragua, en la que declaró que las elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.
El 19 de noviembre de ese año, el Gobierno nicaragüense notificó su decisión de denunciar la Carta de la OEA, con lo que inició un proceso de retiro que, conforme a las reglas de la organización, tardaría dos años en hacerse efectivo.
Sin esperar ese plazo, el 24 de abril de 2022 las autoridades ocuparon las oficinas del organismo en Managua, una acción que la Secretaría General denunció como una violación de las inmunidades y la inviolabilidad de su sede diplomática.
La salida se hizo efectiva el 19 de noviembre de 2023, pero no puso fin al examen internacional de la crisis nicaragüense. La OEA continuó aprobando resoluciones sobre derechos humanos, democracia y presos políticos, aunque Nicaragua ya no tenía representación ni voto en sus órganos.
La reunión de cancilleres del 2 de octubre de 2026 fue otra expresión de esa situación: los gobiernos del continente volvieron a discutir y condenar las actuaciones de Ortega y Murillo sin que Managua pudiera intervenir como Estado miembro.
La retirada tampoco extinguió las obligaciones de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el país no ha denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte ha declarado a Nicaragua en desacato permanente por incumplir sus resoluciones, mientras la CIDH continúa documentando detenciones arbitrarias, persecución política y desapariciones.
Unesco: el premio de la discordia
Uno de los episodios más ilustrativos de esta política reactiva ocurrió el 4 de mayo de 2025, cuando el Gobierno anunció su retirada de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), apenas un día después de que un jurado internacional independiente otorgara al diario nicaragüense La Prensa el Premio Mundial de Libertad de Prensa Unesco/Guillermo Cano.
El reconocimiento distinguió a un periódico cuyas instalaciones habían sido ocupadas y confiscadas por el Gobierno y cuya redacción continuaba trabajando desde el exilio.
Nicaragua calificó el premio de “inaceptable e inadmisible” y anunció su decisión de abandonar la organización, de la que Nicaragua formaba parte desde 1952.
La entonces directora general, Audrey Azoulay, lamentó públicamente la medida. “Lamento esta decisión, que privará a la población de Nicaragua de los beneficios de la cooperación en áreas como la educación y la cultura”, declaró. También recordó que la organización “cumple plenamente su función cuando defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa”.
Aunque la decisión política fue anunciada inmediatamente después del premio, la salida tiene un plazo jurídico que Nicaragua no puede acortar unilateralmente. Conforme a las normas de la Unesco, Nicaragua seguirá siendo miembro hasta el 31 de diciembre de 2026, cuando la retirada se hará efectiva.
FAO: conflicto por cifras
Tres meses antes, el 4 de febrero de 2025, el Gobierno había anunciado su salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), después de que las estadísticas del organismo situaran a Nicaragua entre los países centroamericanos con mayores problemas de subalimentación.
Las autoridades rechazaron los resultados, calificaron las cifras de “inaceptables”, “inadmisibles” e “irrespetuosas” y ordenaron el cierre de la representación de la agencia en Managua.
La retirada se hizo efectiva el 4 de febrero de 2026, exactamente un año después de su notificación, como establece la Constitución de la FAO. Nicaragua perdió así su condición de miembro de una agencia especializada que participa en proyectos agrícolas y programas de cooperación alimentaria.
La decisión no significó, sin embargo, la salida del Programa Mundial de Alimentos, una institución distinta que mantiene un plan estratégico de cooperación con Nicaragua para el período 2024-2029.
Rupturas de 2025
El 27 de febrero de 2025, Managua anunció otra decisión de confrontación, esta vez contra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus mecanismos de supervisión.
La medida llegó en medio de los informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado en 2022 para investigar las violaciones cometidas desde la represión de las protestas de 2018.
El Gobierno acusó al Consejo de politización, doble rasero e injerencia, y comunicó su “decisión soberana e irrevocable” de retirarse de sus mecanismos. Al día siguiente, la delegación nicaragüense no asistió a la sesión en la que los expertos presentaron su informe.
El retiro anunciado, sin embargo, no eliminó las facultades del Consejo para investigar la situación del país, y en abril de 2025 el organismo renovó por otros dos años el mandato del grupo investigador.
En esos mismos días de febrero de 2025, el Gobierno anunció su retiro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de convenios laborales y reúne a representantes de gobiernos, empresarios y trabajadores.
La decisión ocurrió mientras sus órganos de control examinaban denuncias sobre restricciones a la libertad sindical, falta de independencia de las organizaciones laborales y vulneraciones de los derechos fundamentales del trabajo.
Según confirmó la OIT, la notificación fue recibida el 27 de febrero de 2025, pero Nicaragua continuará siendo miembro hasta el 28 de febrero de 2027, siempre que cumpla sus obligaciones financieras.
Asimismo, la retirada tampoco eliminará automáticamente los compromisos derivados de los convenios internacionales ratificados por el país, cuyas disposiciones mantienen vigencia conforme a sus propias reglas.
El 28 de febrero de 2025, Managua también anunció su salida de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a la que acusó de “politización”, “injerencismo” y de divulgar información “falsa, malintencionada e irresponsable”.
La OIM puso fin a sus actividades dentro de Nicaragua durante 2025, aunque continuó prestando asistencia a migrantes nicaragüenses en otros países.
Una situación semejante ocurrió con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), del que Nicaragua anunció su desvinculación el 12 de junio de 2025, acusándolo de ser un “instrumento de manipulación, de doble rasero y de injerencia en los asuntos internos de los Estados”.
SICA: perder el poder de veto
La confrontación con los organismos internacionales también se ha desarrollado dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que agrupa a ocho países y coordina asuntos políticos, económicos, comerciales y de cooperación regional.
A diferencia de lo ocurrido con otras instituciones, Nicaragua no ha abandonado el sistema, aunque mantiene una disputa con varios gobiernos por el control de su Secretaría General.
El conflicto comenzó en 2021, cuando correspondía a Nicaragua proponer candidatos para dirigir la institución. Los demás países rechazaron varias ternas presentadas por los Ortega Murillo, alegando que los aspirantes no reunían las condiciones de independencia e imparcialidad exigidas para el cargo.
Después de un prolongado bloqueo, en agosto de 2022 fue nombrado el nicaragüense Werner Vargas, quien renunció en noviembre de 2023 y dejó nuevamente vacante la Secretaría.
El Gobierno propuso posteriormente a funcionarios cercanos al oficialismo, entre ellos Denis Moncada y Valdrack Jaentschke, pero tampoco consiguió el respaldo necesario. El régimen de Ortega y Murillo acusó a Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana de impedir injustificadamente que Nicaragua ejerciera el derecho que, según su interpretación, le correspondía por el sistema de rotación regional.
Durante ese enfrentamiento, el Gobierno recurrió a la regla del consenso para impedir decisiones que no contaran con su aprobación. La situación cambió el 24 de abril de 2026, cuando los otros siete países del SICA, reunidos en Santo Domingo sin la participación nicaragüense, aprobaron un reglamento que sustituyó la exigencia de unanimidad por mayorías calificadas para determinadas decisiones, incluida la elección del secretario general.
El 10 de junio, los gobiernos centroamericanos eligieron a la diplomática costarricense Lina Eugenia Ajoy Rojas para dirigir la Secretaría General durante el período 2026-2030. Nicaragua había cuestionado el cambio de reglas y reclamado que el puesto le correspondía, pero sus cocancilleres participaron en la reunión de alto nivel en la que se produjo el nombramiento.
Fin de la Corte Centroamericana
El 18 de marzo de 2025, después de un nuevo rechazo a la candidatura de Moncada, Nicaragua anunció su retiro de la Corte Centroamericana de Justicia, tribunal con sede en Managua encargado de resolver controversias relacionadas con la integración.
El canciller Jaentschke comunicó entonces la decisión “soberana e irrevocable” de abandonar el organismo, argumentando que después de 32 años no había conseguido cumplir sus objetivos originales.
La Corte, que funcionaba fundamentalmente con la participación de Nicaragua, Honduras y El Salvador, sufrió posteriormente otras dos retiradas. Honduras denunció su Estatuto el 29 de abril de 2026 y El Salvador hizo lo mismo el 20 de mayo. La institución quedó sin sus tres Estados participantes y se reportó el cese de sus funciones.
Organismos de los que no se retira
Pese a sus amenazas contra las instituciones regionales, Nicaragua continúa formando parte del SICA y de su subsistema económico. El 26 de junio de 2026 asumió incluso la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica Centroamericana para el segundo semestre del año, una responsabilidad que contrasta con la decisión de abandonar el Parlacen y con las disputas por el nombramiento de la Secretaría General.
Eliseo Núñez considera que esa diferencia responde a los costos que tendría para el Gobierno una ruptura con los mecanismos que facilitan las relaciones comerciales entre los países. Según el exdiputado, poco más del 40 por ciento de las exportaciones nicaragüenses se dirige al mercado centroamericano, por lo que una confrontación que afectara las transacciones regionales tendría consecuencias económicas mucho mayores que abandonar un organismo parlamentario de carácter consultivo.
El analista advierte que la salida del Parlacen puede interpretarse como una amenaza dirigida a los demás países del SICA, pero distingue esa advertencia de una decisión efectiva de romper con el sistema económico. “Se sale de los lugares donde tiene que pagar y no le dan nada. No se sale del BID, del Banco Mundial, no se sale del BCIE”, señala.
El Banco Centroamericano de Integración Económica es uno de los principales prestamistas multilaterales de Nicaragua y financia proyectos de infraestructura, carreteras, energía y servicios públicos. Según sus registros, al cierre de 2025 había aprobado históricamente más de 7,744 millones de dólares para el país y desembolsado más de 6,032 millones.
En abril de 2026, su presidenta ejecutiva, Gisela Sánchez, encabezó una misión a Nicaragua, confirmando la continuidad de las relaciones institucionales.
Organizaciones de derechos humanos y legisladores estadounidenses han cuestionado el financiamiento concedido a Nicaragua desde la represión de 2018, mientras la administración del BCIE ha revisado la concentración de su cartera crediticia.
Algo semejante ocurre con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del que Nicaragua es miembro desde 1946. Una misión técnica visitó Managua entre el 3 y el 14 de noviembre de 2025 y, en enero de 2026, el organismo concluyó su evaluación económica correspondiente a ese año.
Aunque reconoció la estabilidad macroeconómica, las reservas internacionales y la posición fiscal del país, también recomendó fortalecer considerablemente el Estado de derecho, la gobernanza económica y los mecanismos anticorrupción.
El FMI señaló además problemas relacionados con las transferencias de propiedad privada al Estado, las sanciones internacionales, el deterioro del financiamiento multilateral concesional y las deficiencias en determinadas estadísticas económicas.
Pese a esas observaciones, Nicaragua mantiene su relación con el Fondo, al igual que con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instituciones de las que no ha anunciado intención de retirarse.
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