
Joaquín mantiene una deuda que, según sus cálculos, podría superar los 29,000 córdobas (USD 783) a finales de noviembre de 2026. El trabajador de una zona franca de Los Brasiles, en Mateare, pidió 4,000 córdobas (USD 108) en enero para cubrir gastos familiares, medicamentos y pagos pendientes.
El acuerdo inicial contemplaba el pago en un mes con un interés de 20%. Cuando venció el primer plazo, Joaquín debía 4,800 córdobas (USD 129.60), aunque solo logró reunir 850 córdobas (USD 22.95) para abonar.
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El nombre utilizado para este testimonio es un seudónimo. La identidad fue modificada para evitar que el prestamista pueda identificar al trabajador.
Los intereses acumulados elevan las deudas de los trabajadores
Joaquín explicó que el prestamista aceptó postergar el pago pendiente. Con el paso de los meses, entendió que el interés no se calculaba únicamente sobre el monto inicial, sino también sobre los valores que se iban acumulando.
Un analista de seguridad, que pidió reserva de su identidad, explicó a Diario La Prensa que esta práctica puede basarse en intereses compuestos. Bajo ese mecanismo, el porcentaje se aplica al capital original y a los intereses que no fueron cancelados.
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El analista afirmó que la situación se presenta desde hace cerca de 10 años en Nicaragua. También señaló que existen casos en parques industriales de Las Mercedes, Tipitapa, Masaya y Ciudad Sandino.
Los trabajadores consultados denominan garroteros o usureros a los prestamistas que se acercan a empleados de zonas francas. Según los testimonios, estas personas ofrecen efectivo a quienes enfrentan gastos urgentes o no tienen acceso a créditos bancarios.
La modalidad descrita tiene similitudes con los préstamos conocidos como “gota a gota” o “cuentagota”. Esos esquemas consisten en entregar dinero sin solicitar garantías, fiadores ni análisis de riesgo.
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El analista indicó que los intereses pueden oscilar entre 10% y 30% mensual. El acceso inmediato al dinero puede derivar en obligaciones difíciles de cubrir cuando se suman atrasos y recargos.
Un representante de sindicatos de zonas francas, que también pidió anonimato, sostuvo que algunos trabajadores terminan pagando hasta 200% del préstamo recibido. El dirigente atribuyó ese resultado a los intereses y al aumento de la deuda cuando no se cumple con el pago previsto.
El cobro puede incluir tarjetas de débito y retenciones salariales
Joaquín dijo que recibe un salario inferior a 12,000 córdobas mensuales (USD 324). Para aumentar sus ingresos, trabaja como taxista durante las noches después de completar su jornada en una planta de procesamiento de alimentos.
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Desde septiembre de 2026, el prestamista le retira 3,000 córdobas (USD 81) de cada pago, según su testimonio. El trabajador afirmó que el cobrador le exige la tarjeta de débito y la clave para retirar ese monto de un cajero automático.
Joaquín señaló que el prestamista presenta ese descuento como una multa mientras la deuda siga pendiente. El empleado indicó que utiliza el trabajo nocturno para compensar la disminución de su salario y reunir dinero para cancelar el compromiso.
El representante sindical afirmó que algunos cobradores conservan tarjetas de débito de los trabajadores. Según explicó, acuden a los cajeros los días de pago, retiran la cantidad que reclaman y luego entregan el saldo restante.
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El dirigente dijo que, en el pasado, algunos prestamistas solicitaban documentos de identidad como garantía. También mencionó casos en los que habrían retenido pertenencias de las personas que no lograban pagar.

De acuerdo con su versión, algunos empleados esperan durante horas para recuperar sus tarjetas y acceder al dinero restante. El sindicalista señaló que ciertos cobradores manejan un número elevado de tarjetas en los días de pago.
Los testimonios mencionan agresiones y amenazas por atrasos
Joaquín relató que fue golpeado en agosto, después de que no pudo realizar un pago. Según contó, el prestamista lo convocó para conversar sobre un posible acuerdo y, en ese momento, otros dos hombres lo agredieron.
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“La próxima vez no me iban a dejar ni para contar el cuento”, recordó Joaquín. El trabajador dijo que teme que las presiones puedan involucrar a su familia si no consigue reducir la deuda.
El empleado afirmó que conoce casos de compañeros que habrían recibido amenazas contra hijos o hermanos. En su situación, aseguró que los cobradores aún no se han dirigido a sus familiares.
El representante sindical manifestó que algunas redes contarían con cobradores armados. También afirmó que existirían personas que alertan a los prestamistas sobre trabajadores que renuncian o que están próximos a recibir una liquidación.
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Según el dirigente, esa información puede permitir que los cobradores busquen a los deudores cuando reciben pagos laborales. El sindicalista sostuvo que las empresas conocen la presencia de estos prestamistas, aunque los cobros suelen producirse fuera de las instalaciones.
El analista señaló que las personas afectadas suelen evitar las denuncias por temor a posibles represalias. A su entender, las autoridades podrían investigar estos hechos debido a las amenazas y a las modalidades de cobro descritas.
La normativa establece límites para los préstamos entre particulares

En Nicaragua, prestar dinero con intereses entre particulares es una actividad permitida, aunque existen normas que regulan los cobros. La Ley 176, Ley Reguladora de Préstamos entre Particulares, y la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, establecen límites para esas operaciones, según Diario La Prensa.
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El artículo 75 de la Ley 842 dispone que la tasa máxima no puede superar el doble de la tasa promedio ponderada de los bancos comerciales autorizados. Esa referencia debe basarse en la información publicada por el Banco Central de Nicaragua.
El texto plantea que, si la tasa bancaria promedio anual fuera de 15%, un prestamista particular podría cobrar hasta 30% anual. Esa proporción equivale a 2.5% mensual.
Bajo ese ejemplo, una tasa de 20% mensual representaría 240% anual. La normativa citada prohíbe que los intereses superen los límites establecidos para este tipo de préstamos.
El artículo 263 del Código Penal tipifica la usura cuando se aplican intereses por encima de lo permitido. La pena contemplada es de uno a cuatro años de prisión y multas de 100 a 1,000 días multa.
Cuando una persona se dedica habitualmente a prestar dinero, la sanción puede elevarse a entre dos y cinco años de prisión. La norma también prevé multas e inhabilitación para ejercer esa actividad.
La legislación prohíbe los intereses sobre intereses y los cobros excesivos encubiertos mediante comisiones u otros conceptos. Si se anulan los intereses abusivos, el deudor debe devolver el capital y los intereses que se ajusten a los límites legales.
El artículo 228 del Código Penal contempla penas de dos a cinco años de prisión para los casos de extorsión. Esa figura se aplica cuando alguien usa violencia o intimidación para obligar a otra persona a realizar u omitir un acto que afecte su patrimonio y permita obtener un beneficio ilícito.
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