
El seminarista Alester de Jesús Sáenz Centeno, expulsado de Nicaragua en enero de 2024 junto con otros 18 religiosos, será ordenado diácono el sábado 10 de octubre en la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma. El acto ocurrirá casi tres años después de su salida forzada del país, en medio de la ofensiva que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene contra la Iglesia católica desde 2018.
Sáenz Centeno integró el grupo de 19 religiosos que fueron liberados de prisión y enviados al Vaticano el 13 de enero de 2024. Entre ellos estaban el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, el obispo de Siuna, Isidoro Mora, 15 sacerdotes y dos seminaristas.
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El joven, oriundo de Mina Rosita, cursaba su formación en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima cuando la Policía lo detuvo el 20 de diciembre de 2023. La captura se produjo junto a Mora y otro seminarista, Tony Palacio, un día después de que el obispo de Siuna expresara públicamente su respaldo a Álvarez, quien entonces permanecía encarcelado y había sido condenado a más de 26 años de prisión.
Según informó Despacho 505, la ceremonia será presidida por el cardenal Baldo Reina, vicario general de la Diócesis de Roma. Sáenz Centeno figura entre 11 candidatos anunciados por la diócesis italiana. Diez serán destinados a Roma y el nicaragüense será ordenado para otra diócesis, que no fue identificada.
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La ordenación diaconal constituye una etapa previa al sacerdocio. Sáenz Centeno continuará así su camino religioso fuera de Nicaragua, un país al que no ha podido regresar desde su expulsión.
El caso del seminarista forma parte de una política de hostigamiento contra líderes y organizaciones religiosas que se intensificó tras las protestas de abril de 2018. Sacerdotes y obispos participaron entonces en tareas de mediación, ofrecieron refugio a manifestantes y denunciaron violaciones de derechos humanos, hechos que deterioraron la relación entre el régimen y la jerarquía católica.
Desde entonces, las autoridades han detenido a religiosos, expulsado a sacerdotes extranjeros y nicaragüenses, retirado nacionalidades, confiscado inmuebles y cancelado la personalidad jurídica de instituciones vinculadas con la Iglesia. También se restringieron procesiones, peregrinaciones y otras celebraciones fuera de los templos.
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Los destierros alcanzaron a obispos, sacerdotes y seminaristas
El caso de Rolando Álvarez se convirtió en una de las figuras centrales de esta crisis. Fue arrestado en agosto de 2022 y condenado en febrero de 2023 por delitos que incluyeron “traición a la patria”, después de rechazar ser enviado a Estados Unidos junto a un grupo de presos políticos. En enero de 2024 fue excarcelado y deportado al Vaticano con Mora, sacerdotes y seminaristas, entre ellos Sáenz Centeno.

La presión oficial también alcanzó a instituciones educativas y organizaciones religiosas. El gobierno canceló la personería jurídica de la Compañía de Jesús y confiscó los bienes de la Universidad Centroamericana, administrada por los jesuitas. En los últimos años, además, se ordenaron cierres de asociaciones de carácter católico y evangélico.
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La situación afectó la presencia territorial de la Iglesia, en especial en comunidades pequeñas que dependían de sacerdotes expulsados o forzados a salir del país. Varios religiosos que permanecen en Nicaragua desarrollan sus actividades bajo vigilancia policial y con limitaciones para realizar actos públicos de culto.
La ordenación de Sáenz Centeno en Roma quedará así vinculada a una de las consecuencias de esa política: un seminarista que fue detenido antes de concluir su formación en Nicaragua dará el siguiente paso hacia el sacerdocio a miles de kilómetros de su diócesis de origen.
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