
Cinco personas detenidas por motivos políticos permanecen incomunicadas y con paradero desconocido desde julio en Nicaragua, entre ellas una pastora evangélica y una periodista cuya identidad está bajo reserva, según información publicada por el medio nicaragüense Despacho 505.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a las cinco personas al considerar que enfrentan una situación de gravedad y urgencia. El organismo reclamó a las autoridades que informen dónde están recluidas, en qué condiciones permanecen y si reciben atención médica.
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Una de las arrestadas es Aurora Marina Chavarría Cordero, pastora evangélica de 56 años, detenida el 14 de julio en Matagalpa. Cuatro meses después de su arresto, sus familiares no han recibido información oficial sobre su ubicación ni sobre su estado de salud.
De acuerdo con Despacho 505, los otros detenidos a los que la CIDH les ha extendido medidas cautelares son Óscar Enrique Pérez Miranda, Francisco Javier Sevilla Carcache, una persona identificada con las iniciales T.J.J. y la periodista C.C.A.S., cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad.
La CIDH indicó que los familiares recorrieron distintos centros de detención sin obtener respuestas de las autoridades. Tampoco pudieron confirmar si los detenidos tienen enfermedades, si acceden a tratamientos o si cuentan con asistencia médica.
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El organismo pidió que se permita a los cinco detenidos recibir visitas y mantener contacto periódico con familiares y abogados de confianza. También solicitó evaluaciones médicas integrales, atención especializada cuando resulte necesaria y acceso a los medicamentos que requieran.
Para la periodista, la Comisión incluyó una solicitud específica: que el Estado garantice el ejercicio del periodismo libre de amenazas, intimidaciones y hostigamiento. El pedido se suma a la exigencia de proteger su vida, su integridad personal y su derecho a la libertad de expresión.
Organismos internacionales alertaron por las desapariciones forzadas
El último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas citado por el medio, con corte al 23 de octubre, registró 72 presos políticos en Nicaragua, de los cuales 33 estaban en condición de desaparición forzada.
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La cifra se inscribe en un escenario que organismos internacionales vinculan con la represión estatal iniciada tras las protestas de abril de 2018. En septiembre de 2026, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas afirmó que documentó 161 casos de desaparición forzada desde ese año y señaló que al menos 29 personas continuaban desaparecidas.
El grupo, creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sostuvo que las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la tortura y las muertes bajo custodia forman parte de un patrón de persecución contra personas consideradas opositoras por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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En un pronunciamiento conjunto de octubre, la CIDH y el grupo de expertos de la ONU exigieron la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas por motivos políticos y la revelación sin demora de la suerte y el paradero de quienes siguen desaparecidos.
Ambos organismos también reclamaron el fin de las restricciones sobre organizaciones civiles, medios independientes, universidades e instituciones religiosas. El pedido incluyó garantías para las personas nicaragüenses exiliadas, quienes también denunciaron vigilancia, amenazas y hostigamiento fuera del país.
Las medidas cautelares otorgadas a Chavarría Cordero, la periodista C.C.A.S., Pérez Miranda, Sevilla Carcache y T.J.J. obligan al Estado a adoptar acciones para proteger sus derechos. La CIDH solicitó además que se investiguen las circunstancias que motivaron la decisión y que las condiciones de detención respeten los estándares internacionales de derechos humanos.
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