Varias parroquias de Nicaragua volvieron a realizar procesiones en las calles después de años de prohibiciones y restricciones, aunque sacerdotes y opositores sostienen que las actividades religiosas continúan sujetas a controles de la Policía Nacional y de estructuras vinculadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La flexibilización no fue anunciada de manera pública por las autoridades. La Gran Confederación Opositora Nicaragüense (GCON) afirmó el 3 de octubre que funcionarios policiales comenzaron a comunicar a parroquias, entre ellas algunas de la Arquidiócesis de Managua, que se levantaban las restricciones para las procesiones y para el uso de pólvora durante celebraciones litúrgicas y patronales.
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La versión, sin embargo, contrasta con los testimonios reunidos por la investigadora independiente Martha Patricia Molina, quien señaló que los permisos no serían generales y que cada recorrido debe contar con supervisión estatal. “Todo sigue igual”, le habrían transmitido sacerdotes que permanecen en el país, según relató la abogada a La Prensa.
Salidas a las calles con presencia de funcionarios del régimen
En los últimos días, comunidades católicas de Managua, Masaya, Boaco, León y Matagalpa difundieron imágenes de celebraciones que habían quedado fuera de las calles durante años. En el barrio Riguero de la capital, la parroquia Santa María de los Ángeles realizó una procesión en honor a San Francisco de Asís este 4 de octubre.
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También hubo recorridos en Camoapa, Boaco, y en Masaya, donde la imagen de San Jerónimo volvió a salir el 30 de septiembre. La procesión recorrió unas siete cuadras y contó con presencia de funcionarios municipales y operadores políticos, según La Prensa de Nicaragua, diario nicaragüense.
El permiso para la actividad de Masaya habría llegado pocas horas antes de la misa. La imagen también salió en León, durante la celebración de la Virgen de La Merced, de acuerdo con el mismo diario.
Las autorizaciones aparecen después de siete años de persecución religiosa, según el periodista y excarcelado político Miguel Mendoza. La vuelta de las procesiones representa un cambio visible frente a las restricciones impuestas desde la crisis política de 2018, pero no supone el restablecimiento pleno de las libertades religiosas.
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Molina indicó que, de acuerdo con fuentes eclesiásticas, las procesiones pueden realizarse si son “supervisadas y coorganizadas” con la Alcaldía, los Consejos del Poder Ciudadano, secretarios políticos y otras estructuras del oficialismo.
Ese esquema implica que la actividad religiosa queda bajo control de instituciones y operadores del régimen. La investigadora advirtió que el Gobierno podría buscar convertir las fiestas patronales en actos políticos y pidió a los obispos no legitimar esa dinámica.
La GCON también sostuvo que un comisionado general de la Policía Nacional comunica las supuestas autorizaciones a las parroquias. No hubo, hasta el momento, una disposición oficial publicada que establezca el alcance de la medida, las condiciones para solicitar permisos o las zonas donde se permitirán los recorridos.
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La Iglesia católica sigue bajo restricciones en Nicaragua
La posible reapertura parcial de las procesiones ocurre mientras persisten medidas contra la Iglesia católica en Nicaragua. Molina recordó que el país no tiene nuncio apostólico, que continúan las restricciones para reuniones de laicos en viviendas y que universidades y colegios católicos fueron confiscados.
La investigadora también señaló que 315 sacerdotes y religiosos viven en el exilio, mientras numerosas diócesis permanecen sin ordenaciones sacerdotales y varias frecuencias de medios católicos no fueron restituidas.
Entre los religiosos apartados de Nicaragua figuran el obispo Rolando Álvarez, de la Diócesis de Matagalpa, y el obispo emérito de Estelí, Juan Abelardo Mata. El cardenal Leopoldo Brenes y otros sacerdotes permanecen en el país bajo vigilancia, según organizaciones que siguen la situación de la Iglesia.
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