Cristofascismo en Nicaragua: Rosario Murillo busca controlar a los obispos mediante presiones y marginación de exiliados

El sacerdote Rafael Aragón denunció que el régimen pretende dirigir la vida eclesial desde Nicaragua, mientras cuatro prelados fuera del país quedaron apartados de la renovación de la Conferencia Episcopal

Ilustración en acuarela de una mujer que sostiene un crucifijo de madera frente a dos policías armados, una patrulla y la bandera de Nicaragua.
Una mujer sostiene un crucifijo sobre el pecho en una calle mientras dos agentes armados de la policía patrullan el sector en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La dictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, busca controlar el liderazgo de los obispos mediante presiones sobre quienes permanecen en el país y la marginación de los religiosos exiliados, según el sacerdote dominico Rafael Aragón. La denuncia coincidió con el relevo de autoridades de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, una decisión que dejó fuera de consulta a cuatro prelados que viven fuera del país a causa de la persecución estatal.

El cambio fue anunciado el 11 de noviembre, el mismo día en que Murillo felicitó a su esposo, el presidente Daniel Ortega, por sus 81 años, lo comparó con un profeta y lo llamó “hijo de Dios”. La Conferencia Episcopal de Nicaragua está integrada por nueve obispos, de los cuales cuatro se encuentran exiliados.

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La Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas han documentado violaciones de derechos humanos atribuidas a la dictadura Ortega-Murillo, que se ha mantenido en el poder durante los últimos 19 años. Las acusaciones incluyen delitos de lesa humanidad tras la represión de las protestas de 2018.

Aragón, religioso español nacionalizado nicaragüense en la década de 1990, vive en Costa Rica desde 2019, cuando las autoridades le impidieron regresar a Nicaragua. El sacerdote sostuvo que el régimen “ha desplazado a Dios de sus planteamientos, a Dios y al respeto de la dignidad de las personas”, según LA PRENSA.

Procesiones bajo control policial y religiosos vigilados

Más de 28,000 procesiones religiosas han sido prohibidas desde 2019, de acuerdo con Martha Patricia Molina, abogada e investigadora de los abusos contra la Iglesia católica. El hostigamiento también incluye vigilancia de los templos, confiscaciones y restricciones a las actividades religiosas.

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Iglesia católica blanca con cúpula y cruz. Siluetas de Daniel Ortega y Rosario Murillo la envuelven. Delante, barrotes, una Biblia, un rosario y una vela.
Rosario Murillo busca controlar el liderazgo de la Iglesia católica en Nicaragua mediante presiones sobre los obispos locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sacerdote que pidió reserva de su identidad relató que el jefe policial de su región, con rango de comisionado general, tramita las prohibiciones de celebraciones religiosas. “Algunas veces dicen que consultarán”, afirmó al diario.

Molina, autora de la investigación Nicaragua: una Iglesia perseguida, aseguró que todos los obispos, incluido el emérito Juan Abelardo Mata, permanecen vigilados y perseguidos. En el caso de Mata, sostuvo que mantiene la movilidad restringida desde su secuestro, pese a que la dictadura lo mostró en una entrevista y en una fotografía tomada en un supermercado.

“Proceden de esa manera para tapar esa agresión y confundir a las personas”, explicó la investigadora. Las tensiones entre el Gobierno y la jerarquía católica habían derivado antes en la expulsión, en 2022, del nuncio apostólico Waldemar Sommertag.

El papa León XIV nombró en noviembre a un diplomático polaco como nuncio en la India, después de que ejerciera funciones equivalentes en Senegal, Guinea-Bissau, Mauritania y Cabo Verde. En marzo de 2023, el papa Francisco había definido a la administración nicaragüense como una “dictadura guaranga” e incluso la comparó con el hitlerismo.

Aragón definió como Cristofascismo a la estrategia de los regímenes fascistas, nacionalistas y marxistas del siglo pasado que, según algunos teólogos, reemplazan el lenguaje, los símbolos y las celebraciones religiosas por mecanismos de dominación de la conciencia popular. En su interpretación, esa lógica instrumentaliza el cristianismo para ejercer un control autoritario.

El sacerdote consideró que los permisos excepcionales no alteran esa política. La parroquia del Corazón de Jesús, ubicada en el barrio Monseñor Lezcano de Managua, recibió autorización para realizar la procesión de la Purísima durante los nueve días de la novena, a las 6:00.

ARCHIVO - Manifestantes antigubernamentales sostienen una pancarta con un grupo de cardenales católicos, incluido el nicaragüense Leopoldo Brenes, centro derecha, y una cita de Juan Pablo II durante una marcha en Managua, Nicaragua, el 28 de julio de 2018. La Iglesia Católica de Nicaragua se ha solidarizado con los manifestantes que se oponen al gobierno del presidente Daniel Ortega. Ortega ha respondido acusando a algunos obispos de ser parte de un complot para derrocarlo y llamándolos "terroristas". (Foto AP/Alfredo Zúñiga, Archivo)
ARCHIVO - Manifestantes antigubernamentales sostienen una pancarta con un grupo de cardenales católicos, incluido el nicaragüense Leopoldo Brenes, centro derecha, y una cita de Juan Pablo II durante una marcha en Managua, Nicaragua, el 28 de julio de 2018. La Iglesia Católica de Nicaragua se ha solidarizado con los manifestantes que se oponen al gobierno del presidente Daniel Ortega. Ortega ha respondido acusando a algunos obispos de ser parte de un complot para derrocarlo y llamándolos "terroristas". (Foto AP/Alfredo Zúñiga, Archivo)

“Este permiso no es un cambio de la estrategia, simplemente lo tenemos que ver como una táctica para abrir una válvula de escape en el pueblo y limpiarse el rostro en la prensa internacional”, afirmó Aragón. Para el dominico, el objetivo sigue siendo que Murillo conduzca las manifestaciones religiosas y controle el pensamiento de la Iglesia, incluida su doctrina social.

La nueva conducción episcopal sin consulta a los exiliados

Monseñor Jorge Solórzano, obispo de Granada, fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, mientras que monseñor René Sándigo, obispo de León, asumió como secretario general. Las autoridades designadas ejercerán hasta 2027, conforme a lo aprobado por los obispos que permanecen en Nicaragua.

El obispo exiliado de Jinotega Carlos Herrera, hasta entonces presidente de la Conferencia Episcopal, confirmó a Artículo 66 que no fue consultado sobre la renovación de la directiva. También quedaron fuera de la decisión Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua; Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí; e Isidoro Mora, obispo de Siuna.

“No he sido consultado ni me han avisado el obispo que está en Nicaragua, ni la Santa Sede. Estoy esperando, ¡a ver!, si esta decisión viene del Vaticano”, declaró Herrera. El prelado agregó que había intentado cumplir sus tareas como presidente en las asambleas y representar a Nicaragua.

El sacerdote Rafael Aragón afirmó que el relevo episcopal constituye un golpe de Estado interno facilitado por el régimen. (Imagen retomada de La Prensa)
El sacerdote Rafael Aragón afirmó que el relevo episcopal constituye un golpe de Estado interno facilitado por el régimen. (Imagen retomada de La Prensa)

Aragón calificó el relevo como “un golpe de Estado” dentro de la Conferencia Episcopal porque los obispos exiliados no fueron informados. Fuentes cercanas a la Iglesia católica indicaron a LA PRENSA que en 2024 el papa Francisco habría orientado suspender nuevas elecciones en la institución, después del exilio de tres obispos ese año.

El dominico sostuvo que Herrera debe continuar al frente de la Conferencia hasta que el Papa se pronuncie. “No se puede hablar de libertad religiosa si no permite el regreso a los obispos, sacerdotes y religiosos expulsados y no regresan a la Iglesia los Centros y propiedades nacionalizadas”, afirmó.

Molina atribuyó la exclusión de los exiliados al temor de los obispos que permanecen en Nicaragua ante eventuales represalias. “Los han obligado a excluir a los exiliados y esa condición se acentuará a medida que la dictadura continúe en el poder”, lamentó.

La investigadora consideró que los obispos dentro del país “se encuentran secuestrados sin poder de decisión inclusive en tareas propias de su investidura”. También expresó que el Vaticano podría no aclarar la situación por la complejidad del escenario y la autonomía de las conferencias episcopales.

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