El régimen que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo notificó su salida del Parlamento Centroamericano (Parlacen), una decisión que amplía la lista de organismos internacionales de los que Nicaragua se ha desvinculado desde el inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa el país desde abril de 2018, indica la agencia de noticias EFE.
El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó el 3 de octubre a la Junta Directiva del Parlacen la denuncia del Tratado Constitutivo del organismo y de otras instancias políticas vinculadas, con “efecto inmediato”. La nota no detalló los motivos de la decisión.
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El Parlacen, integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, informó que analiza el anuncio de Managua. Expertos consultados por EFE señalaron que el tratado constitutivo no contiene una cláusula explícita para denunciarlo o retirarse, por lo que el intento de desvinculación podría abrir discusiones por las vías diplomática y del derecho internacional.
La decisión se produjo después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara por unanimidad una resolución que exige elecciones libres en Nicaragua, la liberación incondicional de los presos políticos y la recuperación de la separación de poderes, entre otras medidas.
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La ruptura con organismos multilaterales, acelerada en 2025
El retiro del Parlacen se suma a una serie de rupturas impulsadas por el régimen nicaragüense frente a organismos del sistema de Naciones Unidas y entidades regionales. Durante 2025, Managua anunció su salida de varias agencias internacionales tras cuestionamientos relacionados con la situación de los derechos humanos, la crisis alimentaria y el desplazamiento forzado de ciudadanos nicaragüenses.
El 4 de febrero de 2025, Nicaragua anunció que abandonaría la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ordenó el cierre inmediato de su representación y oficinas en Managua. La medida llegó después de que el organismo ubicara al país entre las naciones con mayores niveles de hambre en el mundo, reseña la agencia EFE.
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Tres semanas más tarde, el régimen comunicó su salida del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego de conocer un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua. El documento propuso condicionar el acceso preferencial de Nicaragua a los mercados de Estados Unidos y de la Unión Europea al cumplimiento de parámetros de derechos humanos.
El grupo de expertos también pidió que se evalúe una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por la privación de nacionalidad de al menos 452 nicaragüenses. Entre los afectados figuraron opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y críticos del oficialismo que fueron expulsados del país.
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Salida de agencias de trabajo, migración, cultura y refugio
El 28 de febrero de 2025, el régimen sandinista anunció el retiro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Acusó a ambas entidades de actuar de forma “politizada”, de prestarse a “maniobras de desestabilización e injerencismo” y de incumplir las funciones para las que fueron creadas.
En mayo, Nicaragua también anunció su salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La decisión fue una respuesta a la entrega del Premio Mundial a la Libertad de Prensa al periódico nicaragüense La Prensa, uno de los medios críticos del régimen.
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Un mes después, Managua comunicó que abandonaría la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). El régimen cuestionó publicaciones del organismo sobre la situación de los nicaragüenses desplazados y las calificó de “sesgadas y parcializadas”. Además, acusó a Acnur de convertirse en un instrumento de “manipulación”, “doble rasero” e injerencia en los asuntos internos de los Estados, indica EFE.
La salida del Parlacen se inscribe en una política de distanciamiento de organismos que han cuestionado la situación institucional del país. Nicaragua ya había abandonado de forma definitiva la OEA en noviembre de 2023, tras completar un proceso de retiro que tomó dos años.
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La desvinculación de la OEA se produjo después de que la Asamblea General de Cancilleres del organismo descalificara las elecciones de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo. Sus principales contendientes estaban encarcelados antes de los comicios y luego fueron expulsados del país, privados de su nacionalidad y de sus derechos políticos bajo acusaciones de “golpismo” y “traición a la patria”.
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