
21,318 solicitudes de permanencia bajo la subcategoría de refugio acumuló Costa Rica entre enero y octubre de 2026, con Nicaragua, Cuba y Colombia como los tres orígenes que explican casi la totalidad de los trámites. Así lo detalla un informe de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) generado el 3 de noviembre.
La cifra confirma una tendencia que las propias autoridades migratorias ya habían adelantado semanas atrás. El 22 de octubre, Cindy Molina, jefa de la Unidad de Refugio de Costa Rica, informó ante diputados de la Asamblea Legislativa que los nicaragüenses concentran el 87% de las solicitudes de protección internacional que recibe el país, según publicó Infobae.
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Nicaragua, principal origen de las solicitudes de refugio
Los registros de la DGME muestran que 16,345 personas de nacionalidad nicaragüense solicitaron refugio entre enero y octubre, el 76.7% del total. Cuba aportó 3,055 trámites y Colombia, 1,621.
Entre los tres países sumaron el 98.6% de las 21,318 solicitudes recibidas en el período. Venezuela, en cambio, quedó relegada a un papel marginal, con apenas 651 pedidos.
Molina vinculó el fenómeno con la crisis sociopolítica desatada en abril de 2018, cuando la oficina pasó de recibir unos 3,000 pedidos anuales a un máximo histórico de 84,000 en un solo año, de acuerdo con su testimonio ante la Asamblea Legislativa recogido por Infobae.
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El comportamiento mensual confirmó que la presión migratoria se mantuvo constante durante todo 2026. Marzo fue el mes de mayor volumen, con 2,244 solicitudes, seguido de cerca por julio y febrero.
Octubre cerró con la cifra más baja del período: 1,933 casos, un descenso del 13.9% frente al pico de marzo. Aun así, ningún mes bajó de las 1,900 solicitudes.
Más denegaciones que reconocimientos
El informe de la DGME registra 5,644 reconocimientos bajo la subcategoría de refugio frente a 5,774 solicitudes denegadas en el mismo período, una diferencia de 130 casos.
Estas resoluciones no corresponden necesariamente a expedientes iniciados en 2026, ya que los trámites pueden demorar años en resolverse.

Un informe de la Contraloría General de la República citado por Molina calculó en 537 días el tiempo promedio entre la presentación de una solicitud y su resolución final, según el testimonio recogido por Infobae.
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Cuba lidera los reconocimientos, con 3,453 casos, por delante de Nicaragua (2,016), Venezuela (296) y Colombia (130). El panorama se invierte en las denegaciones: Nicaragua encabeza con 2.978 casos, seguida por Colombia (1,279) y Venezuela (1,077).
Respuesta institucional ante la saturación
El Estado costarricense ya había reconocido la magnitud del problema antes de la publicación de estas cifras. La Unidad de Refugio cerró cerca de 53,000 expedientes de nicaragüenses durante 2025 como parte de una estrategia para reducir la mora migratoria, según declaró Molina a Confidencial, sitio de periodismo nicaragüense.
“Hicimos un corte de las resoluciones que habíamos recibido hasta mayo de 2024 (...) en 2025 logramos reducir en más de un 30%”, explicó Molina al medio. Pese a ese esfuerzo, el país recibe entre 25.000 y 30.000 nuevas solicitudes nicaragüenses cada año, un flujo que compensa buena parte de los expedientes cerrados.
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Para atender la acumulación de casos pendientes, la DGME puso en marcha en septiembre una Categoría Especial Temporal Complementaria. El mecanismo permite a ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Colombia que solicitaron refugio entre junio de 2014 y mayo de 2026 optar por un permiso de residencia y trabajo renovable por dos años, a cambio de desistir de su trámite de refugio.
La medida llega en un contexto de recursos limitados para la Unidad de Refugio. Molina indicó ante la Asamblea Legislativa que la oficina redujo su personal de 43 a 36 trabajadores, un ajuste que atribuyó al impacto de los recortes de financiamiento de Estados Unidos a Naciones Unidas, de acuerdo con el reporte de Infobae.
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Medidas de protección para exiliados amenazados
La situación de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica también generó movimientos institucionales recientes vinculados a su seguridad. El 16 de noviembre, las principales instituciones de seguridad, justicia y migración del país acordaron activar medidas de protección inmediata para refugiados nicaragüenses amenazados, según informó Despacho 505, sitio de periodismo nicaragüense.

El acuerdo surgió de una reunión de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de al menos diez exiliados nicaragüenses, entre ellos el periodista Aníbal Toruño, director de Darío Medios.
En el encuentro participaron la Fiscalía General, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública, la propia DGME y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Las autoridades acordaron estructurar el trabajo en torno a tres ejes: protección inmediata, investigación de responsables de las amenazas y diseño de medidas estructurales sostenidas. “Se acordó organizar el trabajo interinstitucional en torno a la adopción de medidas de protección inmediata”, explicó el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, organización que había solicitado las medidas cautelares ante la CIDH, según citó Despacho 505.
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