
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador pondrá en marcha un sistema digital para solicitar y consultar información bancaria en investigaciones penales activas, tras firmar un convenio con cinco entidades financieras del país. El mecanismo busca reducir los plazos de respuesta y sustituir parte de los trámites que hasta ahora dependían de documentos físicos y gestiones administrativas.
El acuerdo fue suscrito bajo la dirección del fiscal general, Rodolfo Delgado, con las instituciones bancarias, las cuales participan en un plan piloto que conectará a la Fiscalía con el sistema financiero mediante una plataforma tecnológica.
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La herramienta permitirá que los fiscales envíen requerimientos, reciban respuestas y consulten datos financieros por vía digital. Cada solicitud deberá estar vinculada con una investigación en curso y será atendida bajo los protocolos definidos entre la Fiscalía y las entidades bancarias.
La FGR informó que la plataforma no supone un acceso generalizado a las cuentas ni a la información de los clientes. Solo el personal fiscal autorizado podrá realizar consultas, las cuales deberán responder a necesidades concretas dentro de un expediente penal activo.
Hasta ahora, los requerimientos de información financiera implicaban la preparación de solicitudes impresas, el traslado de documentos y procesos administrativos entre la institución fiscal y los bancos. La digitalización pretende ordenar ese intercambio y reducir el tiempo necesario para obtener los registros solicitados.
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El sistema facilitará la revisión de movimientos de dinero, operaciones bancarias y otros datos que puedan incorporarse como elementos de investigación. La Fiscalía espera que la nueva vía de comunicación permita a los equipos a cargo de los casos concentrarse en el análisis de la información, en lugar de depender de procedimientos basados en papel.
Cinco bancos participarán en la primera fase del proyecto
El convenio incluye a cinco de las instituciones financieras que operan en el país. Banco Cuscatlán, BAC, Banco Promerica, Banco Agrícola y Banco Davivienda integrarán la etapa inicial del modelo de cooperación con el Ministerio Público.
La participación de esas entidades permitirá evaluar el funcionamiento del sistema antes de una eventual ampliación a otros actores del sector financiero. El plan piloto abarcará la transmisión de solicitudes y respuestas mediante canales digitales que deberán cumplir las condiciones de confidencialidad previstas en el acuerdo.
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La FGR y los bancos también organizarán jornadas de capacitación para el personal que utilizará la plataforma. Esas actividades estarán orientadas al manejo de la herramienta, la aplicación de los controles de acceso y el tratamiento de la información incorporada a cada investigación.

Los protocolos contemplan medidas para evitar consultas no autorizadas y preservar la integridad de los datos. La confidencialidad de los registros financieros será una condición central del intercambio digital, según lo informado por la institución fiscal.
El mecanismo apunta a investigaciones por delitos económicos
La obtención de información bancaria suele ser relevante en expedientes por estafa, lavado de dinero, corrupción y otros delitos vinculados con movimientos de fondos. Los registros financieros pueden aportar datos para reconstruir transacciones, contrastar versiones e identificar relaciones entre personas o empresas investigadas.
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Con el nuevo mecanismo, los requerimientos podrán llegar a las entidades financieras por una vía digital organizada. La reducción de los tiempos de respuesta busca reforzar la capacidad operativa de los equipos fiscales ante casos que requieren revisar operaciones bancarias.
La información entregada por los bancos podrá ayudar a seguir el recorrido de recursos, ubicar transacciones relevantes y establecer conexiones dentro de una causa penal. El uso de la plataforma estará condicionado por los procedimientos acordados entre las instituciones participantes.
La primera etapa del proyecto permitirá medir la aplicación de este modelo de cooperación entre la Fiscalía General de la República y el sistema financiero. Su desarrollo definirá el alcance de una herramienta que apunta a reducir trámites y fortalecer las investigaciones que dependen de datos bancarios.
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