El dictador Daniel Ortega declaró que en Nicaragua no volverá a haber elecciones para que la oposición no acceda al poder. Ortega lo dijo durante un acto en Managua por el 47 aniversario de la revolución sandinista y anticipó que impulsará leyes para impedir cualquier intento opositor de gobernar.
Durante el acto, Ortega sostuvo que en Nicaragua no se celebrarán más elecciones que puedan abrir la puerta a que la oposición llegue al poder. “Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, expresó ante sus simpatizantes.
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Minutos antes, de manera tirana señaló que la sangre derramada en las protestas de 2018 fue una lucha de la policía orteguista, jóvenes y voluntarios “para evitar un golpe de estado”.
Desde 2007, Nicaragua está bajo el régimen de Ortega, presidente desde 2007, exguerrillero sandinista de 80 años. Desde 2017 comparte el control con su esposa, Rosario Murillo, quien fue designada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo.
Las nuevas medidas contra la oposición
En su discurso, Ortega apuntó contra los opositores exiliados, a quienes calificó de “agazapados” y acusó de buscar el poder para su propio beneficio económico.
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También afirmó que trabajará junto a la Asamblea Nacional y con otras organizaciones afines para desarrollar leyes que impidan cualquier intento de la oposición de acceder al poder. “Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis (EE.UU.), no podrán”, señaló Ortega.
La reforma constitucional
En febrero de 2025, el régimen de Ortega puso en marcha una reforma a la Constitución Política de Nicaragua. La medida eliminó el sistema de equilibrio de poderes y otorgó el control del Estado a Ortega y Murillo, lo que recibió críticas de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, el Parlamento Europeo y sectores de la oposición nicaragüense, constata EFE.
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La enmienda constitucional extendió el período presidencial de cinco a seis años, creó la figura de “copresidenta”, dispuso que el Ejecutivo coordine los demás órganos del Estado —que ya no son considerados poderes independientes— y legalizó la apatridia.
De acuerdo con el calendario electoral previo a la reforma, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Con las modificaciones constitucionales, el período presidencial se amplió y, en teoría, los comicios tendrían lugar en noviembre de 2027.
La acusación de Estados Unidos contra Murillo
En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Rosario Murillo de haber creado el cargo de “copresidenta” sin que existiera un proceso electoral, sin mandato y sin legitimidad, expone la agencia EFE.
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Las autoridades estadounidenses sostuvieron que Murillo sabía que no podría ganar en un proceso limpio y transparente. También señalaron que tanto Murillo como Ortega han negado a la población nicaragüense el derecho a elegir democráticamente a sus gobernantes y advirtieron que el poder basado en la represión y la manipulación constitucional no refleja la voluntad del pueblo nicaragüense.
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