Crisis en Bolivia: 15 empresas públicas registran pérdidas de más de USD 500 millones

El Gobierno de Bolivia identificó a 15 empresas estatales en “estado crítico” debido a pérdidas acumuladas y anunció que prepara un plan de reestructuración para evitar que continúen generando un mayor costo para las finanzas públicas, en medio de la recesión económica que atraviesa el país.

Según un informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), dependiente del Ministerio de la Presidencia, las empresas públicas acumulan pérdidas patrimoniales por 12.700 millones de bolivianos (unos 1.257 millones de dólares), de las cuales 5.100 millones de bolivianos (cerca de 505 millones de dólares) corresponden a las 15 compañías consideradas de mayor riesgo.

Según las autoridades, entre las empresas con la situación más delicada se encuentran Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Mi Teleférico, la aerolínea estatal BoA, la Empresa Siderúrgica del Mutún, el ingenio azucarero San Buenaventura y otras compañías creadas durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) entre 2006 y 2025.

El informe también señala que las empresas públicas recibieron 26.000 millones de bolivianos (unos 2,4 millones de dólares) en créditos y aportes de capital. El jefe de gabinete y ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, calificó esa inversión como una “gran estafa” para el país y sostuvo que esos recursos pudieron haberse destinado a hospitales, educación o programas para reducir la pobreza.

“Más que un error histórico, fue una estafa histórica para el país (…) Son cifras inimaginables y si ponemos eso en términos de hospitales, de educación, de programas de lucha contra la pobreza, es algo que realmente es inaceptable; ha sido una gran estafa”, afirmó Lupo.

El ministro señaló que las empresas públicas consideradas estratégicas, como YLB, continuarán bajo control del Estado pero serán sometidas a procesos de reestructuración. Añadió que un grupo reducido podría incorporar capital privado mediante esquemas de asociación público-privada.

Respecto a las demás compañías, señaló que las deficitarias representan una carga para las finanzas públicas y sostuvo que aquellas sin viabilidad deberán ser cerradas. Explicó que cada ministerio ejecutará el plan de acción correspondiente según la empresa que esté bajo su administración.

El futuro de las empresas públicas se ha convertido en uno de los principales ejes del debate económico en Bolivia, en un contexto marcado por la crisis fiscal y la escasez de recursos.

El Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que el Estado ya no puede seguir financiando compañías deficitarias y plantea una transformación del aparato empresarial público. Las voces a favor del cierre o transferencia de algunas compañías argumentan que el financiamiento que requiere su sostenimiento podría destinarse a áreas como la salud o la educación.

En tanto, quienes defienden la continuidad de las empresas públicas —entre ellos algunas organizaciones sociales y sectores afines al MAS— sostienen que las compañías son una fuente de generación de empleo y provisión de bienes y servicios en regiones donde la iniciativa privada tiene poca presencia. También advierten que el cierre de compañías públicas podría traducirse en despidos y en una mayor dependencia del capital privado en áreas sensibles para la economía.

Este debate, que reaviva una discusión de larga data sobre el papel que debe desempeñar el Estado en la economía, está marcado por la experiencia de las privatizaciones y capitalizaciones aplicadas en la década de 1990, un proceso que aún divide opiniones en el país. Mientras unos consideran que esas reformas permitieron modernizar sectores estratégicos y atraer inversiones, otros las asocian con la pérdida de control estatal sobre los recursos nacionales.