
El Ministerio de Economía de la Nación aprobó el nuevo Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Zona Franca de San Juan mediante la Resolución 2000/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La norma reemplaza el texto vigente desde 1996 y rige a partir del día siguiente a su publicación.
Según los fundamentos de la medida, la reforma busca adecuar el régimen al perfil minero-industrial proyectado para el predio y a las necesidades logísticas de los proyectos de cobre y oro que gravitan sobre la economía provincial. El cambio apunta a ordenar cómo se almacenarán, moverán y despacharán equipos e insumos.
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La resolución, firmada el 17 de noviembre, deroga la Resolución 79/1996 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. El nuevo texto fue elaborado por la Comisión de Evaluación y Selección provincial y revisado por las áreas técnicas nacionales, que constataron su ajuste a la Ley 24.331 y al convenio de adhesión.
Qué cambia para las operaciones aduaneras y de depósito
El reglamento de una zona franca define la operatoria diaria del recinto: quiénes pueden instalarse como usuarios, cómo se registra el ingreso y egreso de mercaderías, qué controles corresponden al servicio aduanero y cuáles son las obligaciones del concesionario que administra el predio.
Bajo la Ley 24.331, las mercaderías que ingresan a una zona franca no tributan derechos de importación mientras permanecen dentro del área, salvo las tasas por servicios. Recién cuando salen hacia el territorio aduanero general se nacionalizan y abonan los gravámenes como cualquier importación.
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Para la minería, esa lógica tiene una aplicación concreta. Los proyectos de gran escala requieren repuestos críticos, equipos e insumos importados que deben estar disponibles en plazos acotados. Disponer de un stock cercano sin adelantar tributos permite planificar compras por volumen y nacionalizar solo lo que se consume.
El esquema impacta en el capital de trabajo de las operaciones. En lugar de inmovilizar fondos en aranceles por mercadería que puede tardar meses en utilizarse, las empresas pagan a medida que retiran los bienes. Además, la cercanía del depósito reduce la exposición a demoras en el tramo de abastecimiento.
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Un predio sobre el corredor hacia Chile
De acuerdo con información oficial difundida por medios provinciales, la zona franca se emplazará en Campo Los Blanquitos, al oeste de San José de Jáchal, en un terreno de 110 hectáreas con acceso directo a la Ruta Nacional 150, un eje que integra el corredor bioceánico hacia los pasos con Chile.
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La localización responde a una lógica de distribución regional. Jáchal se ubica en la intersección de las rutas nacionales 40 y 150, lo que la conecta con la capital provincial y con los caminos de acceso a los emprendimientos de la cordillera, donde se concentra la cartera de proyectos cupríferos de la provincia.
El diseño presentado por el gobierno sanjuanino contempla, además del área franca tradicional, un depósito fiscal, una zona primaria aduanera y un parque industrial para firmas que necesiten operar en el entorno sin ingresar al régimen. Esa combinación busca cubrir distintos perfiles de usuarios.
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El predio también apunta a sumar actividad para transportistas, proveedores y empresas de servicios de la zona. Según la información oficial, su ubicación busca mejorar la conexión logística entre la ciudad de San Juan, Jáchal y los yacimientos de altura, además de facilitar el movimiento de equipos.
Los próximos pasos para su puesta en marcha
La aprobación del reglamento no implica que el recinto opere de inmediato. El paso siguiente es la licitación para seleccionar al operador privado que construirá la infraestructura y administrará el complejo. Según funcionarios provinciales, la intención es lanzar el proceso antes de que finalice 2026.
Una vez adjudicada la concesión, deberán ejecutarse las obras, definirse el reglamento interno y obtenerse las habilitaciones aduaneras correspondientes. Solo entonces podrán incorporarse los primeros usuarios y comenzar el movimiento de mercaderías bajo el régimen especial.
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El proyecto arrastra una historia de demoras. El convenio de adhesión entre San Juan y la Nación data de 1994, pero obstáculos administrativos y la falta de terrenos aptos impidieron concretarlo. En la etapa reciente se aprobó una ley de expropiación y se autorizó el traslado del emplazamiento original.
De acuerdo con el ministro de Producción, Trabajo e Innovación sanjuanino, Gustavo Fernández, que preside la comisión redactora, el nuevo texto permitirá avanzar en la búsqueda del operador. La expectativa oficial es reducir costos de abastecimiento y agilizar el almacenamiento de equipos e insumos.
Si la licitación avanza en los plazos previstos, San Juan contará con un nodo logístico propio en el norte provincial, orientado a acortar la cadena de abastecimiento minero. El desempeño del recinto dependerá de la inversión del concesionario, la agilidad de los controles y la demanda efectiva de los proyectos en desarrollo.
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