
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó un nuevo procedimiento de supervisión para los Tratamientos de Fumigación Oficial (TFO) que se aplican sobre mercaderías del comercio internacional. La medida se oficializó el 17 de noviembre mediante la Resolución 955/2026, publicada en el Boletín Oficial, y rige desde el día siguiente.
La norma abroga la Resolución 79/2023 y alcanza a todos los tratamientos realizados sobre artículos reglamentados, con excepción de frutas y hortalizas, cuyo objetivo sea el control de plagas cuarentenarias. Su aplicación es obligatoria en todo el territorio y establece criterios únicos de supervisión y certificación para exportaciones e importaciones.
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El cambio impacta de forma directa en la operatoria de puertos, depósitos fiscales y terminales de carga. La fumigación es una exigencia frecuente de los países de destino para evitar el ingreso de plagas, y un tratamiento mal documentado puede derivar en el rechazo del envío, demoras en el embarque o costos adicionales de reprocesamiento.
Quién hace qué en cada etapa
Uno de los ejes de la resolución es la definición precisa de responsabilidades. El solicitante del tratamiento, sea exportador, importador o su representante, debe pedir la supervisión ante la oficina del SENASA de su jurisdicción mediante un formulario específico, disponer de un sitio apto y contratar a una empresa de fumigación.
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Además, quien solicita el servicio debe abonar los conceptos vigentes por la supervisión y la emisión del certificado, y proveer equipos de protección personal al agente del organismo cuando las condiciones del sitio lo requieran. El circuito culmina con el Certificado de Tratamiento Fitosanitario Oficial, que emite un inspector certificante.
Las empresas fumigadoras, por su parte, deben presentar antes de cada aplicación la nómina del personal, el envase del producto con su marbete y número de registro, y el cálculo de la dosis según el volumen de la unidad o el peso de la mercadería. También tienen que contar con equipos de medición calibrados por organismos acreditados, con una antigüedad no mayor a un año.
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Durante el proceso, el inspector fitosanitario controla la aplicación del producto autorizado, verifica las lecturas de los instrumentos y supervisa el precintado y la señalización de la unidad tratada. Si detecta irregularidades, labra un acta de constatación que habilita actuaciones administrativas contra la firma responsable.

Depósitos, contenedores y buques en travesía
La resolución contempla dos modalidades operativas. Los tratamientos estáticos pueden hacerse sobre contenedores o mercadería encarpada en depósitos y sitios habilitados. Cuando se rigen por la receta agronómica o el marbete del producto, el tiempo de exposición no puede ser inferior a 48 horas, y luego corresponde una ventilación controlada hasta eliminar el gas residual.
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La otra alternativa es la fumigación en tránsito a bordo de buques, desde el puerto de salida hasta el destino final, cuando lo exige el país importador o lo pide el exportador por acuerdos comerciales. En estos casos deben cumplirse las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional y el Código IMDG para mercancías peligrosas.
En las bodegas que transportan granos y subproductos solo se admiten fosfuro de aluminio o de magnesio, y la aplicación debe hacerse una vez finalizada la carga, aun si se completa en distintos puertos. La fumigadora debe entregar al capitán un kit de seguridad con máscaras, detectores e instrucciones, e informar a la tripulación sobre los riesgos.
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Límites al bromuro de metilo y a la fumigación en camiones
La norma ratifica la prohibición de fumigar granos, cereales y oleaginosas durante su carga en camiones o vagones y durante el traslado hasta destino, conforme a la Ley 27.262. Quienes movilizan estas cargas deben respaldar la operación con una declaración jurada incluida en la carta de porte electrónica.
La única excepción alcanza a los contenedores herméticos con destino a exportación, consolidados y precintados por la Aduana en zona primaria, depósito fiscal, puerto seco o planta habilitada, con intervención del SENASA. Esos envíos deben circular acompañados por el certificado oficial o la declaración de tratamiento correspondiente.
En cuanto a los insumos, el bromuro de metilo queda restringido a tratamientos cuarentenarios solicitados de manera fehaciente por el país importador y no podrá usarse en bodegas de buques. Tampoco se permite despachar unidades fumigadas por vía terrestre hacia países limítrofes sin ventilación previa en el sitio de tratamiento.
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Con un esquema común para todo el país, la actualización apunta a dar mayor previsibilidad a exportadores, importadores y fumigadoras, y a reducir el riesgo de observaciones en destino. El SENASA podrá firmar convenios con organismos oficiales, universidades y colegios profesionales para reforzar su aplicación, mientras que los incumplimientos quedarán sujetos al régimen sancionatorio de la Ley 27.233.
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