El Gobierno desregula la certificación técnica vehicular y agiliza la gestión del transporte

El Gobierno Nacional anunció una medida que marca un cambio estructural en el sistema de habilitación de vehículos de transporte de cargas y pasajeros. A partir de ahora, cualquier ingeniero matriculado y habilitado podrá certificar reparaciones o modificaciones que alteren la configuración original de una unidad, eliminando el monopolio que hasta hoy ejercía la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor (AITA).

La decisión apunta a simplificar trámites, reducir costos y agilizar el retorno a la operación de las flotas, en un paso más hacia la desburocratización del sistema logístico y la apertura de la competencia técnica en el transporte automotor.

Un sistema que generaba demoras y sobrecostos

Hasta ahora, la certificación de vehículos que hubieran sido reparados o modificados debía atravesar tres instancias obligatorias: el taller habilitado, el Centro de Certificación —controlado exclusivamente por AITA— y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

Ese circuito, además de ser complejo, implicaba esperas prolongadas y altos costos, ya que el número de certificadores era limitado y concentrado en pocas regiones del país.

Incluso, en muchos casos se recurría a certificaciones virtuales, un procedimiento que contradecía el espíritu de la norma de seguridad vehicular y que extendía los plazos de aprobación. Como consecuencia, numerosas unidades —incluso aquellas 0 km o que ya habían pasado la RTO— no podían ser habilitadas a tiempo para volver a operar.

Libre competencia y digitalización del sistema

Con la nueva disposición, el Ministerio de Transporte habilita a ingenieros matriculados con incumbencia en la materia a realizar certificaciones de manera directa, garantizando la libre concurrencia de prestadores.

De esta forma, se pone fin al esquema cerrado de Centros de Certificación asociados a AITA y se abre el registro a profesionales independientes, lo que multiplicará la oferta y reducirá los tiempos de aprobación.

Además, la medida incorpora un componente de digitalización clave: los Talleres de Modificación y Reparación de Vehículos podrán inscribirse de manera online y gratuita a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Para reforzar la transparencia, el proceso se complementará con manuales de buenas prácticas de acceso público, que permitirán estandarizar los criterios técnicos y garantizar la trazabilidad de las intervenciones.

Impacto logístico: más agilidad y menores costos

La eliminación del monopolio en la certificación representa una mejora directa para el sector logístico y el transporte terrestre. Al permitir la intervención de ingenieros independientes en todo el país, se acorta el tiempo que los camiones y colectivos permanecen fuera de servicio, se evitan traslados innecesarios hacia centros de certificación específicos y se reducen los costos derivados de la burocracia.

La disponibilidad de un mayor número de certificadores habilitados permitirá mayor cobertura geográfica, especialmente en provincias del norte y sur argentino, donde las demoras eran más pronunciadas.

Desde el punto de vista operativo, la medida también fortalece la planificación logística: al contar con procesos más rápidos y previsibles, las empresas podrán optimizar la rotación de flotas, programar mantenimientos sin afectar la disponibilidad de unidades y responder con más agilidad a la demanda del transporte.

Seguridad y transparencia

Aunque la desregulación apunta a simplificar el proceso, mantiene exigencias técnicas para garantizar la seguridad de los vehículos. Las certificaciones deberán ser emitidas por ingenieros con matrícula vigente y competencias reconocidas, quienes serán responsables legales de cada aprobación.

La trazabilidad digital de los talleres y los manuales públicos de buenas prácticas buscarán evitar discrecionalidades y asegurar la calidad de las intervenciones. De esta forma, la medida conjuga simplificación administrativa con estándares técnicos claros, alineándose con políticas de modernización del Estado y apertura regulatoria.

Un paso hacia la modernización del transporte

La decisión del Gobierno se enmarca en una serie de iniciativas orientadas a reducir la burocracia y aumentar la eficiencia en la cadena logística. Así como la digitalización de trámites aduaneros o el monitoreo remoto de exportaciones han mejorado los tiempos de operación en el comercio exterior, esta reforma introduce el mismo espíritu al sector del transporte terrestre.

En un contexto donde cada hora de inmovilización impacta en los costos logísticos, la eliminación del monopolio de certificación constituye una medida con efectos inmediatos sobre la competitividad del sistema de cargas, impulsando un modelo más ágil, transparente y federal.