Una ciclista demandó al Estado tras caer en unas vías en desuso, pero la Justicia rechazó el reclamo

La Justicia de La Plata rechazó una demanda indemnizatoria por $4 millones presentada por una mujer que aseguró haber sufrido una caída en bicicleta a causa del mal estado de una avenida atravesada por antiguas vías ferroviarias. El fallo concluyó que las pruebas reunidas no permitieron determinar con certeza cómo ocurrió el accidente ni vincularlo de forma directa con las deficiencias denunciadas en la calzada.

La reclamante había iniciado acciones contra la comuna local y la administración provincial. Sostuvo que ambas omitieron sus deberes de control, conservación y señalización de la vía pública. Además del capital reclamado, pidió intereses, costos y costas, con la posibilidad de ampliar el monto según el resultado de las pruebas.

Según la demanda, el hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2020, cerca de las 11.30, cuando la mujer —de 32 años de edad— circulaba en bicicleta junto al cordón, por la mano derecha, cuando la rueda del rodado quedó atrapada en una canaleta formada al costado de rieles ferroviarios en desuso.

La presentación indicó que esas vías se encontraban deterioradas y que presentaban desniveles y hendiduras paralelas a los rieles. La demandante afirmó que perdió el equilibrio tras el atasco de la bicicleta, cayó sobre el pavimento y sufrió una fractura en el hombro derecho. También señaló que fue asistida por personal policial y trasladada en ambulancia a un hospital público de la ciudad.

De acuerdo con el escrito inicial, la lesión requirió una intervención quirúrgica y la colocación de una prótesis. La mujer sostuvo que las secuelas eran permanentes y que incluían dolor, limitaciones físicas y una alteración estética en el brazo. También reclamó una compensación por daño psicológico, daño moral, gastos médicos y farmacéuticos, y lucro cesante.

La comuna planteó que no tenía legitimación para responder por el hecho. Argumentó que los rieles y la infraestructura ferroviaria no se encontraban bajo su guarda, uso o posesión, y atribuyó la eventual responsabilidad a la administración provincial o al Estado nacional, según la línea ferroviaria involucrada.

A la vez, la representación municipal cuestionó la mecánica descripta por la demandante. Sostuvo que la mujer conocía el sector porque transitaba por allí con frecuencia y que, de haber ocurrido la caída, pudo deberse a una falta de precaución propia. También alegó que no existían antecedentes de denuncias similares en ese lugar.

La administración provincial, en tanto, afirmó que el tramo señalado no pertenecía a la red vial provincial. Indicó que en esa zona convergían líneas ferroviarias de distinta jurisdicción, aunque planteó que el mantenimiento de la avenida correspondía a la comuna porque la presunta irregularidad estaba en el asfalto y no necesariamente en los rieles.

Durante el expediente también se citó a organismos nacionales vinculados con la administración de bienes ferroviarios y con la operación de servicios de trenes. Sin embargo, una resolución anterior delimitó la competencia sobre esas cuestiones. El juzgado federal que intervino posteriormente resolvió continuar el trámite solo respecto de los organismos nacionales, mientras que el proceso provincial siguió contra la comuna y el Fisco bonaerense.

Entre las pruebas aportadas hubo estudios médicos, imágenes, videos, fotografías y pericias. Una especialista en cirugía plástica informó que la demandante había sufrido una fractura en el hombro derecho y que fue operada pocos días después del episodio. Otros informes se concentraron en las consecuencias traumatológicas, psicológicas y estéticas de las lesiones.

Un ingeniero en construcciones consideró que el estado de conservación del pavimento no resultaba adecuado para la circulación de bicicletas y que las vías permanentes ubicadas sobre la calzada debían contar con señalización. Sin embargo, aclaró que no podía establecer la causa del accidente con los elementos técnicos disponibles ni precisar con exactitud el lugar donde habría ocurrido.

Otro perito, especializado en ingeniería mecánica, señaló que las roturas y desniveles próximos a las vías podían atrapar la rueda de una bicicleta y representar un riesgo para quienes circulaban en ese tipo de rodados. También consideró posible el relato de la demandante desde un punto de vista físico y mecánico, aunque explicó que la atribución de responsabilidad correspondía al juzgado.

Uno de los testigos declaró que acompañaba a la mujer en una moto eléctrica y que, tras adelantarse, la vio caer. Relató que la asistió, pidió una ambulancia y retiró la bicicleta de la calzada. No obstante, el juez entendió que su testimonio solo describía una parte posterior de la secuencia y que no demostraba que la caída hubiera sido provocada por el atascamiento de la rueda en las vías.

La sentencia, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 2 de La Plata, remarcó que las fotos y filmaciones incorporadas al expediente podían mostrar el estado de la calle, pero no acreditaban por sí mismas la fecha, el punto preciso ni la relación entre ese estado y el accidente. También señaló que no hubo una certificación que respaldara cuándo y dónde fueron tomadas las imágenes, ni una pericia sobre la bicicleta que permitiera reconstruir la dinámica del hecho.

El juez sostuvo que, para obtener una reparación, no alcanzaba con probar que existieron lesiones y gastos médicos. La demandante debía demostrar además que la caída fue consecuencia directa de una omisión atribuible a las administraciones demandadas. A criterio del tribunal, esa relación causal no quedó acreditada de manera suficiente con las pruebas producidas.

Por esos motivos, el juzgado desestimó la pretensión indemnizatoria y ordenó que las costas fueran afrontadas por la demandante, aunque dejó constancia de que contaba con un beneficio provisional para litigar sin gastos. Además, reguló los honorarios de los profesionales y peritos que intervinieron en el expediente, en unidades arancelarias previstas por la legislación bonaerense.