Pidieron que la Justicia anulara el testamento que su tío había hecho antes de morir: por qué fue rechazada la demanda

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la validez de un testamento cuestionado por los sobrinos del fallecido y rechazó el pedido para anular la escritura que había dejado como único heredero a quien convivió con él durante décadas. El tribunal también mantuvo las costas a cargo de los demandantes.

La causa se originó por un testamento firmado el 4 de enero de 2020 ante escribana pública. En ese documento, el hombre designó como heredero universal a su conviviente, con quien, según las declaraciones recogidas en el expediente, mantuvo una relación de alrededor de cuatro décadas. El testador murió un mes más tarde, el 5 de febrero, a los 83 años.

Los demandantes sostuvieron que el acto debía anularse porque, a su criterio, no se respetaron las formalidades exigidas para un testamento por escritura pública. Señalaron que la lectura del documento no habría ocurrido ante los testigos y cuestionaron que el fallecido no hubiera firmado personalmente, sino que hubiera usado su huella digital y una firma a ruego.

También pusieron en duda la capacidad mental del hombre al momento de testar. Basaron ese planteo en sus internaciones previas y en partes de la historia clínica que consignaban episodios de desorientación, somnolencia y respuestas a órdenes simples. Afirmaron, además, que la situación de salud le habría impedido expresar una voluntad libre y clara sobre el destino de sus bienes.

Otro de los argumentos centrales fue la diferencia entre dos escrituras firmadas con pocos días de distancia. El 23 de diciembre de 2019, el causante había suscripto un acto de autoprotección ante la misma escribana. Allí dejó asentado que, si en el futuro necesitaba un curador, deseaba que esa función quedara en manos de su conviviente.

En cambio, en el testamento de enero de 2020, la escribana consignó que el hombre no podía firmar por las secuelas de un episodio vascular. Por ese motivo, estampó su impresión digital y otra persona firmó a su ruego. Los demandantes consideraron que esa explicación era insuficiente y que no existía constancia médica de un episodio que justificara el cambio.

El Juzgado Nacional en lo Civil n.° 67 rechazó la demanda el 4 de marzo de 2026. La sentencia de primera instancia sostuvo que los testamentos se presumen válidos y que corresponde a quien los impugna demostrar que el testador no comprendía el alcance de sus decisiones o que se omitieron requisitos esenciales.

Para el juez, las declaraciones de quienes participaron del acto y de personas cercanas al fallecido acreditaron que el documento fue leído antes de la firma. Los testimonios indicaron que el hombre podía comunicarse, conocía el contenido de lo que disponía y había expresado su intención de dejar sus bienes a su conviviente por la asistencia que recibió durante años.

La sentencia valoró además que los testigos describieron limitaciones físicas, sobre todo en el brazo derecho, como secuelas de un accidente cerebrovascular sufrido años antes. Según esas declaraciones, las dificultades motrices no afectaban su posibilidad de tomar decisiones. El juzgado entendió que esa situación explicaba el uso de la huella digital y de la firma a ruego.

Un peritaje psiquiátrico realizado durante el proceso también fue determinante. El especialista revisó las historias clínicas y concluyó que no existía evidencia de una enfermedad mental persistente o de una incapacidad jurídica anterior. Señaló que las alteraciones de conciencia registradas durante algunas internaciones se vincularon con infecciones, fiebre, deshidratación, variaciones de glucosa y medicación.

El experto indicó que esos cuadros eran transitorios y no permitían afirmar, con el rigor requerido, que el hombre hubiera perdido la capacidad de expresar su voluntad al momento de otorgar el testamento. La historia clínica, además, registraba que al recibir el alta médica el 23 de diciembre de 2019 se encontraba lúcido y vigil.

La Sala H de la Cámara Civil revisó la decisión tras la apelación de los demandantes y la confirmó por unanimidad. Los jueces consideraron que el recurso no rebatió de forma suficiente los fundamentos principales de la sentencia de primera instancia, en especial la prueba testimonial y la pericia médica.

El tribunal remarcó que el beneficiario del testamento, actualmente de 75 años de edad, no era una persona ajena a la vida del fallecido. Según las constancias del expediente, ambos convivieron por un extenso período y el heredero lo acompañó durante sus enfermedades. Para los camaristas, ese contexto aportaba una explicación razonable sobre la decisión de dejarle el patrimonio.

La Cámara también destacó que las parejas convivientes no reciben derechos hereditarios automáticos, sin importar si se trata de personas del mismo o de distinto sexo. Por esa razón, señaló que la existencia de un testamento tenía especial relevancia para conocer la voluntad del causante y definir el destino de sus bienes.

Sobre la firma a ruego, los jueces entendieron que la escribana dejó asentada una causa compatible con la dificultad física que surgía de la historia clínica y de los testimonios. Consideraron irrelevante que se hubiera usado la expresión “accidente cardiovascular” en vez de “accidente cerebrovascular”, ya que las pruebas describían una limitación motriz derivada de un problema circulatorio.

Por último, la Cámara rechazó el planteo sobre los honorarios. Sostuvo que, aunque se discutía la nulidad de un testamento, el juicio tenía contenido patrimonial porque su resultado podía modificar quién recibiría la herencia. Por eso, confirmó que la base para regular los honorarios deberá determinarse conforme al valor de los bienes comprometidos en la sucesión.