Un relato inverosímil y testigos imprecisos: revocaron un fallo que ordenaba indemnizar por una caída en una vereda de Belgrano

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó una sentencia que había condenado a una empresa de telecomunicaciones a indemnizar a una mujer por una caída en una vereda del barrio porteño de Belgrano. El tribunal de apelaciones rechazó la demanda al considerar que no se acreditó de forma suficiente que una tapa metálica de servicios, instalada en la acera, hubiera tenido un desperfecto capaz de provocar el accidente denunciado.

La reclamante había iniciado el juicio por daños y perjuicios a raíz de un hecho que, según sostuvo, ocurrió el 6 de abril de 2016, cerca de las 9.30. Afirmó que mientras caminaba pisó una tapa de canalización metálica. De acuerdo con su versión, uno de los bordes del marco estaba dañado y sobresalía del nivel de la vereda.

La mujer señaló que esa irregularidad provocó que perdiera el equilibrio y cayera contra el cordón. También afirmó que la tapa no tenía señalización, advertencias ni una superficie antideslizante. Tras el golpe, relató que recibió ayuda de peatones que estaban en la zona y logró ponerse de pie, aunque con dolor, antes de dirigirse a su domicilio.

Según la demanda, una vez en su casa advirtió que tenía una inflamación importante en la pierna derecha. Entonces se trasladó en taxi, acompañada por su esposo, a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Allí le habrían diagnosticado una fractura en la zona inferior de la tibia y el peroné, lesión por la que fue operada cinco días después.

La presentación judicial indicó que durante la primera intervención le colocaron una placa y seis tornillos para estabilizar la lesión. También describió un período de inmovilización, reposo y rehabilitación kinesiológica. Dos años más tarde, siempre según el reclamo, debió someterse a una segunda cirugía para retirar el material de osteosíntesis debido a dolores y contracturas.

La demandante —de 44 años al momento del hecho denunciado— reclamó una reparación por incapacidad física y psicológica, daño estético, tratamiento psicológico, daño moral y gastos médicos, farmacéuticos y de traslado. La pretensión inicial fue por $458.000, con intereses y costas. La empresa demandada negó que el accidente hubiera ocurrido en las condiciones expuestas y cuestionó que la tapa presentara daños, desniveles o bordes peligrosos.

En mayo de 2025, el juzgado de primera instancia dio por acreditado que la mujer había caído al pisar la tapa de servicios. Para llegar a esa conclusión, valoró los testimonios de dos personas que declararon haber presenciado la caída y un acta notarial acompañada por la demandante, que incluía fotografías del lugar.

El juez entendió que una tapa situada en una vereda puede generar responsabilidad si tiene una falla o una condición anormal que represente un peligro para quienes circulan. Bajo ese criterio, aplicó las normas del Código Civil y Comercial sobre responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de las cosas.

La sentencia de primera instancia sostuvo que, una vez probada la intervención de la tapa en el hecho, la empresa debía demostrar una causa ajena que interrumpiera el vínculo entre el objeto y las lesiones. El juzgado concluyó que la demandada no había acreditado una conducta exclusiva de la mujer que explicara la caída ni otra circunstancia que permitiera liberarla de responsabilidad.

En ese contexto, la resolución fijó una indemnización total de $4.120.000, más intereses desde el día del hecho. El monto incluyó $2.500.000 por incapacidad física y psíquica, $120.000 para tratamiento psicológico y $1.500.000 por daño moral. El juzgado rechazó, en cambio, el pedido de reintegro por gastos médicos y farmacéuticos al considerar que la reclamante tenía cobertura de obra social.

La empresa apeló ese fallo y cuestionó, en especial, que se hubiera tenido por demostrada la mecánica del accidente. Sostuvo que los dos testigos no habían podido observar qué produjo la caída y que sus referencias sobre la tapa surgían, en parte, de lo que la propia mujer les había dicho mientras recibía asistencia.

La Sala B de la Cámara Civil coincidió con ese planteo. Las juezas y jueces que revisaron el caso señalaron que el acta notarial fue confeccionada el 11 de mayo de 2016, es decir, 35 días después del supuesto accidente. Por ese motivo, entendieron que ese documento no permitía establecer con certeza cuál era el estado de la tapa el 6 de abril de ese año.

El tribunal también examinó las declaraciones testimoniales. Uno de los testigos manifestó que vio a la mujer caer, pero indicó que ella le dijo que había pisado la tapa. El otro afirmó que observó la caída cerca de un elemento metálico, aunque no pudo determinar si se había resbalado o tropezado. Ninguno describió daños concretos en la estructura.

La resolución destacó que ambos declarantes identificaron una tapa metálica sin señalización, pero no mencionaron bordes rotos, desniveles ni desperfectos. Para la Cámara, esas omisiones resultaban relevantes porque la demanda se apoyaba en que el marco de la tapa estaba levantado y que existía una separación irregular entre las piezas metálicas.

El fallo de segunda instancia añadió que el relato sobre el trayecto posterior a la caída generaba dudas. La mujer sostuvo que, tras el golpe, logró incorporarse y caminar más de 500 metros hasta su casa, pese a que luego se le diagnosticó una fractura de tibia y peroné. El tribunal consideró que ese dato, sumado a la falta de otras pruebas, debilitaba la versión presentada.

La Cámara remarcó que quien promueve un juicio debe acreditar los hechos en los que basa su reclamo cuando son negados por la contraparte. Según la sentencia, la prueba reunida no alcanzó para demostrar que la tapa de servicios tuviera un defecto ni que ese supuesto desperfecto hubiera sido la causa de la caída y de las lesiones posteriores.

Por ese motivo, el tribunal revocó la condena de primera instancia, rechazó la demanda y cargó las costas del proceso a la reclamante. También dispuso que la revisión de los honorarios regulados en la etapa inicial y la fijación de los correspondientes a la apelación quedaran pendientes hasta que exista una liquidación definitiva aprobada.