
El fiscal general porteño, Martín López Zavaleta, fue elegido por unanimidad y aclamación para integrar el Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) durante la 62ª reunión anual del organismo, que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires.
El encuentro recibió a representantes de Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bermudas, Canadá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Escocia, Estados Unidos, Georgia, Irlanda, Kenia, Países Bajos, Reino Unido y Uganda. La agenda incluye reuniones bilaterales y multilaterales sobre la lucha contra el delito transnacional y la capacitación de funcionarios en nuevas tecnologías.
PUBLICIDAD
López Zavaleta encabezó la apertura del Comité Ejecutivo en el Hotel Madero y resaltó el vínculo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires con la organización, reforzado en abril de 2025 con la instalación de la Oficina Regional para América Latina de la IAP en la Fiscalía General porteña.
“En un contexto en el que los desafíos de la justicia trascienden cada vez más las fronteras, estamos convencidos de que la cooperación internacional, el intercambio de experiencias y la confianza mutua son herramientas fundamentales para fortalecer el Estado de Derecho”, sostuvo el fiscal general.

La reunión finalizará el lunes 16 de noviembre con la 31ª Asamblea General de la entidad, que se llevará a cabo en la sede de la Fiscalía General de la Ciudad.
PUBLICIDAD
El encuentro, que arrancó el sábado 14, definió distintos asuntos relativos a su funcionamiento, como la asunción de nuevas autoridades, las propuestas de reforma de sus estatutos, la situación financiera y los programas de cooperación internacional. También se analizará la organización de futuras reuniones de la asociación.
Fundada en 1995, la IAP es una organización no gubernamental y apartidaria que, de acuerdo con los datos difundidos por los organizadores, agrupa a más de 250.000 fiscales de 175 países.
Su misión se orienta a promover la colaboración entre fiscales, facilitar el intercambio de experiencias profesionales y sostener espacios de cooperación entre instituciones que intervienen en la persecución penal.
PUBLICIDAD
Durante la cumbre, López Zavaleta tiene previsto concretar reuniones bilaterales con el fiscal general de Dubái, Mohammed H. Abdul Rahim, el fiscal general de Azerbaiyán, Kamran Aliyev, y con su par de Armenia, Anna Vardapetyan.
La presencia de Vardapetyan tiene, además, relación con las próximas reuniones del Comité Ejecutivo. La fiscal general armenia integra ese órgano desde septiembre de 2025, y tendrá a su cargo la sede de la reunión ordinaria de la entidad en 2028.

La actividad internacional se inscribe en una agenda más amplia del MPF CABA. Antes de la llegada de las delegaciones, el organismo suscribió un convenio de cooperación técnica y académica con la Red Argentina de Fiscales Ambientales. La iniciativa prevé acciones de capacitación, intercambio institucional y articulación entre fiscales de distintas provincias para fortalecer la investigación de delitos ambientales.
PUBLICIDAD
Martín López Zavaleta prestó juramento el pasado 22 de septiembre como Fiscal General del Ministerio Público Fiscal porteño, ante el Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ). Llegó a ese rol luego para reemplazar a Juan Bautista Mahiques, quien renunció a la jefatura de los fiscales para asumir como ministro de Justicia del gabinete de Javier Milei
Abogado egresado de la UBA, de 52 años, López Zavaleta había sido votado como fiscal general por la Legislatura porteña con 51 adhesiones, el respaldo más alto registrado hasta el momento para este cargo. Tendrá un período mínimo de mandato por 7 años.
PUBLICIDAD
Fue fiscal de la Fiscalía de Delitos Informáticos entre 2013 y 2018, secretario general de Gestión de la Fiscalía General, fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional desde 2019 y fiscal general adjunto a cargo de la Fiscalía General hasta la ratificación de su cargo en septiembre pasado. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires y realizó un posgrado en Ciberdelincuencia.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Un relato inverosímil y testigos imprecisos: revocaron un fallo que ordenaba indemnizar por una caída en una vereda de Belgrano
La Cámara Civil rechazó la demanda de una mujer que había obtenido un fallo favorable por una fractura de tibia y peroné que atribuyó a una caída sobre una tapa de canalización. Los jueces consideraron que los testimonios no permitieron establecer con precisión la mecánica del accidente ni acreditar que la estructura tuviera un desperfecto al momento del hecho

Pidieron que la Justicia anulara el testamento que su tío había hecho antes de morir: por qué fue rechazada la demanda
La Cámara Civil ratificó que el hombre no podía firmar debido a las secuelas motrices de un accidente cerebrovascular, pero consideró que eso no afectaba su aptitud para decidir sobre sus bienes. El testamento fue otorgado ante escribana, con dos testigos y un firmante a ruego. La Justicia rechazó así el reclamo de nulidad presentado por cuatro sobrinos del fallecido

Se cayó en la vereda del vecino, fue a la Justicia y ahora deberán pagarle más de $33 millones
Una mujer de 72 años se cayó cuando regresaba a su vivienda en zona sur. Según la sentencia, tropezó con materiales acumulados en la vereda durante una obra de expansión cloacal. La Justicia ordenó indemnizarla por incapacidad física, daño moral y gastos médicos y de traslado

Consejo de la Magistratura: el balance de cuatro años de investigaciones y destituciones de jueces
El próximo 18 de noviembre vencerán los mandatos de casi todos los consejeros. Durante el período 2022-2026 hubo cuatro jueces destituidos, un juicio político que concluyó sin remoción y una renuncia. La actividad de la Comisión de Acusación y las investigaciones que quedarán pendientes para la nueva integración

La Justicia ordenó despojar a Lázaro Báez de su empresa agropecuaria: será liquidada para cubrir la multa de la “Ruta del Dinero K”
Se trata de Austral Agro S.A., la misma compañía que empezó a investigar un fiscal en Río Gallegos, ante la sospecha de que el empresario seguía explotando sus estancias pese a los decomisos y embargos judiciales. Solo por esta condena debe devolver más de 329 millones de dólares al patrimonio público



