La Justicia ordenó despojar a Lázaro Báez de su empresa agropecuaria: será liquidada para cubrir la multa de la “Ruta del Dinero K”

El Tribunal Oral Federal N° 4, a cargo de la ejecución de la condena de la causa “Ruta del Dinero K”, ordenó este viernes inscribir a nombre del Estado Nacional todos los bienes de Austral Agro S.A., del empresario patagónico Lázaro Báez y su hijo Martín. La firma será liquidada para empezar a cubrir los USD 329.237.200 y USD 274.364.333 que, respectivamente, deben abonar cada uno como multa económica por su sentencia en ese caso de corrupción y lavado de dinero.

La firma Austral Agro había vuelto a quedar bajo los reflectores en los últimos días a partir de una nueva causa que se inició en la Justicia Federal de Río Gallegos. El fiscal Julio Zárate acusó a Báez de liderar desde la cárcel de Ezeiza una asociación ilícita dedicada a explotar económicamente —entre otros bienes remanentes del imperio que algún día tuvo— los campos y el ganado que están a nombre de esa empresa, a pesar de que están embargados.

El paquete accionario de la compañía se reparte en un 70% para Lázaro y el restante 30% para su hijo.

Bajo la titularidad de Austral Agro se encuentran las estancias “La Entrerriana”, “La Santafesina”, “La Ana”, “La Verdadera Argentina” y “Coronel Guarumba”; así como un stock de ganado ovino que ascendería a 1.000 cabezas y distintos vehículos, según las fuentes consultadas.

A pedido del fiscal general Abel Córdoba, la jueza de ejecución Valeria Rico resolvió avanzar con “la liquidación de las acciones de aquella sociedad, a efectos de satisfacer, en el porcentaje correspondiente, las sanciones pecuniarias firmes recaídas sobre los condenados” en la Ruta del Dinero K, según consta en la resolución a la que accedió Infobae.

Por orden de la magistrada, el paquete accionario quedará a nombre del Estado, con asignación específica a la Unidad de Información Financiera (UIF).

En su resolución, la jueza Rico también le dio intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que, “con carácter de urgente”, asuma el control de Austral Agro y lleve a cabo “las gestiones pertinentes para que, con los frutos y bienes de aquella sociedad, se procure la satisfacción de las sanciones pecuniarias pendientes de pago mencionadas precedentemente”.

El fallo es apelable ante la Cámara Federal de Casación Penal. En caso de validar lo decidido, recién entonces le otorgará firmeza a lo resuelto para que se empiecen a ejecutar los bienes.

Además, el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá hacer una valuación patrimonial de la sociedad y de sus activos.

Qué investigan en Río Gallegos

Según la fiscalía de Río Gallegos, la empresa Austral Agro S.A. fue utilizada como una de las principales plataformas y canales de justificación para continuar con las operaciones económicas y la canalización de activos de la organización liderada por Lázaro Báez, eludiendo el control judicial.

La empresa habría servido como pantalla para el ingreso de flujos financieros bajo apariencia de actividad ganadera legítima. El ejemplo más claro aparece en un contrato de capitalización ganadera celebrado el 22 de marzo de 2025 entre la entonces presidenta de Austral Agro, Belén Casafúz Parada, y Paula Beatriz Godfrid, quien está imputada en la causa.

Mediante este acuerdo, que a criterio de la fiscalía no es más que una simulación para mover dinero, Godfrid aportó 7.000 ovejas de su propiedad para cría y engorde en la estancia Coronel Guarumba, sumándose a 1.000 ovejas que ya tenía la empresa de Báez.

Este esquema justificó que Godfrid realizara millonarias transferencias de dinero a Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, el hombre de confianza de Lázaro en Río Gallegos. Se registraron pagos de arrendamiento de $5.000.000 mensuales durante el primer año.

“Budín” está detenido en el edificio de la Prefectura Naval en el barrio porteño de Retiro junto a Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez y presunta cómplice de la asociación ilícita.

Siempre según la hipótesis de la fiscalía, Insaurralde e Ibáñez ejecutaban las órdenes que el empresario daba por teléfono desde la cárcel, donde cumple una condena de 15 años de prisión por sus condenas en “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”.

Hay más alquileres y contratos detectados por los investigadores. En la estancia “La Entrerriana”, por ejemplo, se suscribió un contrato de locación rural el 1 de mayo de 2026 a favor de Cristian Sebastián Ibáñez por un canon mensual de $2.000.000. Según las planillas secuestradas, Ibáñez acumuló una deuda de $12.000.000 al no pagar desde el inicio del contrato, lo que a criterio del fiscal evidencia un manejo simulado o de “favor” entre los miembros de la organización.

A través de escuchas telefónicas, el fiscal Zárate constató que Lázaro Báez seguía dando las directivas sobre quién debía administrar los campos de Austral Agro S.A. y amenazaba con “echar a la mierda a toda la gente que nombró a cargo de AGRO” si no se cumplían sus órdenes. Esto nutre la hipótesis de que la firma fue utilizada para burlar la inhabilitación judicial que pesa sobre Lázaro Báez, quien tenía prohibido administrar o disponer de sus bienes, tanto directamente como a través de terceros.