Investigan si Lázaro Báez lideró desde la cárcel una organización para operar activos embargados a espaldas de la Justicia

La Justicia Federal formalizó una nueva causa por presunto lavado de activos y asociación ilícita que pone otra vez en el centro de la escena al empresario santacruceño Lázaro Antonio Báez, condenado en las causas de corrupción kirchnerista “La Ruta del Dinero K” y “Vialidad”. La Unidad Fiscal de Río Gallegos, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), sospecha que el dueño del Grupo Austral, desde la cárcel de Ezeiza, explotó sus bienes de manera ilegal, eludiendo las medidas cautelares y los decomisos ordenados por distintos tribunales federales.

Este jueves se desarrolló una audiencia ante el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, en la que el fiscal Julio Zárate presentó los cargos contra el empresario, su pareja Claudia Insaurralde -quien fue detenida en un aeropuerto y por ahora seguirá privada de su libertad-, y otros ocho implicados.

De acuerdo con las pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal, Lázaro Báez actuó presuntamente como el jefe de la estructura. Desde su celda, que fue allanada el martes, utilizando una línea telefónica a nombre del Servicio Penitenciario Federal, el empresario habría dado directivas sobre el destino de sus propiedades. Se calcula que se habrían movido poco más de 400 millones de pesos por fuera del radar de los tribunales.

Para la ejecución de estas órdenes, la organización habría contado con dos figuras principales: Claudia Insaurralde, pareja de Báez, y Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, un hombre de confianza del constructor.

Ibáñez fue detenido en el mismo operativo que Insaurralde, en el aeropuerto de Ezeiza, el lunes por la tarde. Ambos habían volado desde Río Gallegos hacia Buenos Aires, y los investigadores sospecharon un posible intento de fuga.

Según la hipótesis del fiscal Zárate, ambos coordinaron la administración de estancias, el cobro de alquileres urbanos y la distribución de fondos. Las escuchas telefónicas revelaron, a criterio de la acusación, cómo Ibáñez e Insaurralde interactuaron constantemente para definir quiénes debían tomar el control físico de los establecimientos rurales y cómo sortear las intervenciones judiciales.

Se referían a Lázaro Báez como “el tío” y a su novia como “la tía”. El empresario, según se descubrió a partir de la pinchadura a los celulares, hablaba de que él iba a “supervisar” las propiedades o bien “llamar al que tengo que llamar y los voy a sacar cagando a todos”, si no cumplían sus órdenes.

Desde el entorno de Báez, ante la consulta de Infobae, no negaron que las propiedades o empresas que siguen en pie estén en actividad. En cambio, sostienen que la Justicia le pidió al empresario condenado que designe curadores para hacerse cargo de esos bienes, y que todo estaría facturado formalmente. No obstante, de momento los imputados se negaron a declarar y no respondieron a la acusación de que el movimiento de los fondos ocurría por fuera del control judicial.

La organización

La red operativa delimitada por la fiscalía se extendió al círculo familiar de Ibáñez. Su cuñado, Fausto Ignacio Devetac, habría intervenido como operador logístico custodiando llaves de departamentos y de la estancia Alquinta -a decomisar en la causa Vialidad-, además de trasladar bienes desde la firma Kank y Costilla, mencionada en varias causas de corrupción. Por su parte, Valentina Micaela Devetac, pareja de Ibáñez, fue señalada por el Ministerio Público como titular interpuesta mediante la apertura de múltiples productos financieros en diversas entidades, sin registrar actividad económica que justificara tales movimientos.

Ella también estaba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pero la liberaron porque viajaba junto a su bebé.

Sebastián “Budín” Ibáñez, que tiene una condena cumplida en una causa previa, conoció a Lázaro Báez cuando este cumplía prisión domiciliaria en Río Gallegos, según pudo reconstruir este medio. En su círculo lo definen como “un perro fiel” del empresario, y no desconocen su pasado.

Precisamente, Ibáñez aparece como principal imputado en una causa anterior donde se investiga a una supuesta organización que se dedicaría al transporte de cocaína en camiones, con actividad por lo menos desde diciembre de 2025. A partir de las averiguaciones sobre su supuesto negocio narco es que se habría desprendido el caso de la nueva asociación ilícita presuntamente comandada por Báez desde la cárcel.

El circuito del dinero

La actividad ganadera representó una de las principales vías para generar recursos económicos presuntamente fuera del control estatal. A través de la firma Austral Agro S.A., la organización suscribió contratos de locación y capitalización.

Entre los documentos secuestrados por las fuerzas de seguridad en una serie de 27 allanamientos realizados esta semana hay un contrato de arrendamiento de la estancia La Entrerriana a favor del propio Cristian Ibáñez por un canon mensual de $2.000.000. Sin embargo, las planillas internas halladas en la celda de Báez demostraron que Ibáñez nunca pagó el alquiler pactado, acumulando una deuda de $12.000.000.

Asimismo, se detectó un convenio de capitalización ganadera por 7.000 ovejas en la estancia Coronel Guarumba, firmado entre la presidenta de Austral Agro S.A., Belén Casafúz Parada, y Paula Beatriz Godfrid. Los investigadores identificaron a Godfrid y a su hijo, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, como canales de “justificación” financiera. Entre abril y octubre de 2026, ambos enviaron transferencias bancarias a Ibáñez por un total de 26.200.000 pesos. Parte de estos fondos se atomizó luego mediante giros rápidos hacia las cuentas de Insaurralde y Fausto Devetac.

La sospecha de comercialización marginal de la producción agropecuaria se consolidó con la interceptación de llamadas telefónicas. En una de ellas, Ibáñez negoció con Oscar Núñez la venta de 600 ovejas indocumentadas y un lote de lana con el objetivo de obtener de forma urgente 10.000 dólares en efectivo.

Alquileres y maquinaria

La fiscalía también puso el foco sobre los inmuebles que debían estar bajo tutela pública. En el edificio Koonek, ubicado en la calle Zapiola 55 de Río Gallegos, Báez posee cuatro departamentos cuyos derechos de propiedad fueron decomisados y transferidos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de sus condenas en las causas de corrupción.

A pesar de esta situación, “Budín” Ibáñez habría realizado gestiones presenciales y telefónicas para averiguar quién estaba percibiendo los alquileres de dichas unidades, tras constatar que el dinero no ingresaba a las cuentas del empresario.

Durante estas averiguaciones, un corredor inmobiliario de la zona le indicó a Ibáñez que la administración de los alquileres la realizaba una firma financiera informal situada en la intersección de las calles Zapiola y Fagnano.

En paraleo, la fiscalía advirtió un uso no autorizado de activos de las empresas del grupo Báez, que quedó registrado en diversos procedimientos policiales. El 8 de julio de 2025, la policía de Santa Cruz detuvo en Caleta Olivia dos camiones que transportaban estructuras metálicas y maquinaria desmantelada de la firma Austral Construcciones. Uno de los vehículos, un caminón Scania, era conducido por el chofer Pablo José Toledo, imputado en la causa.

A pesar de aquel incidente, el camión Scania continuó operativo bajo el control de la organización. En septiembre de 2026, los investigadores fotografiaron el rodado estacionado en el domicilio particular de Ibáñez. Días más tarde, el vehículo fue interceptado y secuestrado nuevamente en el paraje Guer Aike cuando intentaba trasladar mercadería con un chofer que utilizaba una licencia de conducir apócrifa.