Se cayó en la vereda del vecino, fue a la Justicia y ahora deberán pagarle más de $33 millones

La Justicia de Lomas de Zamora ordenó una indemnización de $33,2 millones más intereses para una mujer que sufrió una caída en una vereda de la zona sur del Gran Buenos Aires, donde se realizaban trabajos para ampliar la red cloacal. La sentencia de primera instancia responsabilizó en forma solidaria al municipio, a la prestataria del servicio de agua y saneamiento y a la contratista que ejecutaba la obra.

El fallo, dictado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 1, tuvo por acreditado que el accidente ocurrió el 19 de abril de 2018, cerca de las 19, en la vereda frente a la vivienda al lado de su casa. La demandante, de 72 años de edad al momento del accidente, sostuvo que volvía a su hogar en automóvil junto a su nieto y cayó al intentar avanzar por la acera.

Según su planteo, en el lugar había escombros, tierra floja y materiales vinculados con una excavación para instalar la red cloacal. También afirmó que intentó esquivar una especie de fosa, pero perdió el equilibrio y cayó sobre el piso. La presentación remarcó que no había carteles, vallas ni otras advertencias para los peatones.

La mujer indicó que, tras la caída, no pudo levantarse por el dolor. Vecinos y transeúntes se acercaron para asistirla, mientras que la Policía y una ambulancia llegaron al lugar. Luego fue trasladada a centros de salud, donde recibió atención por una fractura periprotésica en la rodilla izquierda y fue sometida a una intervención quirúrgica.

En la demanda, la reclamante atribuyó el hecho al estado de la obra y a la falta de mantenimiento y señalización. Consideró que tanto la prestataria del servicio como el municipio tenían el deber de evitar que la excavación, los materiales y el deterioro de la vereda representaran un peligro para quienes circulaban por la zona.

El municipio rechazó los hechos y cuestionó que la demandante hubiera probado el sitio y la mecánica del accidente. También sostuvo que las fotografías aportadas carecían de certificación y que, si existió una caída, pudo haber obedecido a una falta de cuidado de la propia mujer al desplazarse por la vía pública.

La compañía encargada del servicio de agua y saneamiento también negó responsabilidad. Argumentó que la obra había sido adjudicada a una contratista y planteó que esa firma debía responder por la ejecución de los trabajos. Además, sostuvo que la mujer conocía el lugar y que podía haber elegido un recorrido más seguro.

La sentencia rechazó esa defensa. La jueza consideró que la empresa que presta el servicio mantuvo su responsabilidad sobre las obras de extensión de la red, aun cuando hubiera contratado a un tercero para la ejecución material. Según el criterio aplicado, la contratación de una constructora no libera a la firma principal de sus obligaciones frente a eventuales daños.

Para reconstruir el hecho, el juzgado valoró el contrato de obra presentado en el expediente. Ese documento mostró que los trabajos de expansión cloacal se realizaban en la zona y continuaban durante abril de 2018, ya que el plazo de finalización había sido extendido hasta julio de ese año.

También fueron determinantes las declaraciones de tres vecinos, quienes relataron que encontraron a la mujer tendida en la vereda entre tierra, piedras y escombros. Los testimonios coincidieron en que se realizaban trabajos cloacales en la cuadra y que no observaron señalización preventiva en el sector donde ocurrió la caída.

El tribunal sumó a esa prueba un informe del sistema de emergencias 911. El registro consignó una llamada efectuada el 19 de abril de 2018 a las 18.54, con aviso de que una mujer de unos 70 años había caído en una zanja vinculada con una obra de cloacas y no podía levantarse. Un patrullero llegó al sitio minutos después.

La jueza sostuvo que la suma de los testimonios, el reporte policial, las fotografías y la documentación sobre la obra permitió confirmar el accidente, su ubicación y la relación entre la caída y las condiciones de la vereda. En definitiva, concluyó que el riesgo en la acera tuvo incidencia directa en las lesiones de la demandante.

Respecto del municipio, el fallo señaló que tiene el deber de conservar los espacios públicos y de controlar que las obras en la vía pública no generen riesgos. La resolución remarcó que esa obligación no depende de que los vecinos presenten denuncias previas, ya que el control y mantenimiento deben realizarse de forma permanente.

El juzgado descartó que la demandante hubiera actuado con imprudencia suficiente como para cortar la responsabilidad de los demandados. Consideró que bajar de un automóvil frente a su vivienda y caminar por la vereda constituye una conducta habitual, y que no podía exigírsele una maniobra especial para sortear obstáculos en un espacio destinado a peatones.

La pericia médica estableció una incapacidad física parcial y permanente del 44%, asociada a la fractura, la intervención quirúrgica, la prótesis de rodilla y una cicatriz. Por ese rubro, la sentencia fijó $22 millones, mientras que otorgó $11 millones por daño moral y $200.000 por gastos médicos, farmacia, traslados y rehabilitación. El reclamo por daño psicológico fue rechazado por falta de prueba técnica.

La condena alcanzó de manera solidaria al municipio, a la prestataria y a la contratista citada en el juicio, que no compareció pese a haber sido notificada. El pago deberá realizarse dentro de los 60 días posteriores a la aprobación de la liquidación, con intereses calculados según la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde las fechas fijadas para cada concepto hasta el cobro efectivo.