Los inquilinos dañaron los pisos de madera y la Justicia les ordenó indemnizar a la dueña del departamento

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó una condena por $ 7.968.300 contra dos inquilinos y una garante por daños en un departamento alquilado en Vicente López. El tribunal sostuvo que los deterioros constatados al finalizar el contrato excedían el uso habitual de la vivienda y que los demandados no lograron acreditar que fueran consecuencia del desgaste normal, defectos preexistentes o hechos ajenos a su responsabilidad.

El conflicto comenzó después de que una sociedad propietaria alquilara, en abril de 2022, un departamento con cochera ubicado en un complejo residencial de Vicente López. El contrato establecía que la unidad se entregaba en buen estado de conservación, con las instalaciones en funcionamiento, recién pintada y con pisos de madera natural.

La vivienda fue ocupada por dos locatarios, mientras que una tercera persona asumió el carácter de garante, codeudora solidaria y principal pagadora. El acuerdo preveía que, al término de la relación contractual, el inmueble debía ser devuelto en condiciones equivalentes a las de su recepción, salvo el deterioro propio del paso del tiempo y del uso regular.

El 31 de octubre de 2023, los inquilinos —actualmente de 31 y 32 años de edad— rescindieron anticipadamente el contrato y entregaron las llaves. La demandante afirmó que, durante la revisión de la vivienda, advirtió sectores sin luz, manchas y rayaduras en el piso de madera de la cocina y zonas cercanas al living, además de humedad detrás del inodoro del baño de servicio.

Según el planteo inicial, luego de la entrega se realizaron nuevas verificaciones para documentar el estado de la unidad. La empresa también sostuvo que un electricista detectó cables cortados en parte de la instalación, lo que obligaba a rehacer el tendido eléctrico afectado. Además, alegó que las reparaciones impedirían ofrecer el inmueble en alquiler durante un período prolongado.

La demanda reclamó una compensación por los costos de reparación, que incluían el reemplazo de tablas de madera, trabajos eléctricos, arreglos en una puerta y una factura de electricidad. También solicitó un resarcimiento por la imposibilidad de volver a alquilar el departamento mientras se realizaran las obras, aunque descontó de su cálculo el depósito en garantía entregado al inicio del vínculo.

Los demandados reconocieron que habían rescindido el contrato y devuelto las llaves el 31 de octubre de 2023, pero rechazaron haber causado los daños. Sostuvieron que el departamento había sido entregado en buenas condiciones y cuestionaron el acta de devolución de llaves acompañada por la demandante, incluso las firmas atribuidas a quienes participaron de ese documento.

También plantearon que la constatación notarial de los daños fue realizada el 22 de febrero de 2024, 114 días después de la devolución del inmueble. A partir de esa diferencia temporal, argumentaron que no existía una prueba objetiva que permitiera vincular los desperfectos relevados meses después con su permanencia en la vivienda.

En mayo de 2026, el juzgado de primera instancia hizo lugar en parte al reclamo. Consideró acreditado que el inmueble presentaba daños al momento de su restitución y entendió que los inquilinos no demostraron que se tratara de deterioros propios del uso normal, de vicios del inmueble o de circunstancias ajenas a su conducta.

La jueza valoró un acta de devolución de llaves que consignaba problemas de iluminación, manchas en los pisos y humedad en el baño. También tomó en cuenta una constatación notarial con fotografías, los testimonios de personas que participaron de la revisión de la unidad y una pericia arquitectónica que examinó las condiciones del departamento.

El informe técnico indicó que había manchas penetradas en el piso de madera del living-comedor, cuya remoción requería reemplazar las tablas afectadas. El especialista señaló que se trataba de un material de primera calidad, diseñado para un uso prolongado, y concluyó que no era esperable que se deteriorara en un año y medio si se aplicaba un mantenimiento adecuado.

La sentencia de primera instancia fijó $7.618.300 por daño emergente, destinados al cambio de pisos y a la reparación de la instalación eléctrica. Desestimó, en cambio, el reclamo por la cerradura porque esa modificación no figuraba en el acta de entrega, y también rechazó el cobro de una factura de electricidad por falta de constancias que la respaldaran.

Además, otorgó $350.000 por la pérdida de posibilidad de alquilar el inmueble durante las reparaciones. Para establecer esa cifra, tuvo en cuenta que la pericia estimó diez días hábiles de trabajo y utilizó como referencia el último canon locativo previsto en el contrato, que era de USD 700 mensuales.

Los demandados apelaron y cuestionaron tanto la atribución de responsabilidad como el monto de la reparación. Insistieron en que el acta de entrega había sido desconocida y que no existía un nexo probado entre los daños relevados en febrero de 2024 y la conducta de quienes habían dejado la vivienda en octubre de 2023.

La Sala L de la Cámara Civil rechazó esos agravios el 1 de septiembre de 2026. Los jueces entendieron que el contrato, los testimonios, el acta notarial, las imágenes y la pericia formaban un conjunto suficiente para tener por acreditados los daños y su relación con la devolución del inmueble. También recordaron que, en este tipo de contratos, quien ocupa una propiedad debe devolverla en el estado en que la recibió, salvo el desgaste ordinario, y debe demostrar si los daños responden a defectos del bien, fuerza mayor o uso habitual. La condena quedó confirmada y las costas de la apelación fueron impuestas a los demandados.