Les cancelaron el vuelo a Florianópolis y les siguieron cobrando las cuotas del pasaje: la Justicia condenó a la aerolínea

Un juzgado federal condenó a una aerolínea a pagar $836.000 más intereses a una pareja que denunció la cancelación de un vuelo a Florianópolis, Brasil, contratado para febrero de 2019. La decisión fijó una reparación de $418.000 para cada demandante y rechazó el reclamo contra la agencia que intervino en la venta de los pasajes.

La demanda había sido iniciada por una suma de $1.254.000. Los reclamantes sostuvieron que el 31 de diciembre de 2018 compraron, a través de una plataforma de viajes, dos pasajes para cubrir el trayecto entre Buenos Aires y Florianópolis, con escala en San Pablo. La salida estaba prevista para el 20 de febrero de 2019 y el regreso, para el 2 de marzo de ese año.

Según el planteo judicial, el 26 de enero de 2019 recibieron un correo electrónico que les comunicó que el tramo Buenos Aires-San Pablo dejaría de operar. Esa decisión provocó la cancelación del itinerario completo. La empresa ofreció el reintegro del dinero dentro de un plazo de entre 30 y 120 días hábiles, inicialmente con el descuento de la comisión de la agencia.

Los demandantes —ambos de 45 años de edad actualmente— afirmaron que no podían modificar las fechas de las vacaciones porque ya habían contratado hospedaje y alquiler de un automóvil en el destino. También alegaron que esas reservas no admitían devolución. Frente a esa situación, dijeron que adquirieron nuevos pasajes para viajar en la misma fecha.

El nuevo vuelo, de acuerdo con la presentación, costó $36.000, mientras que los pasajes originales habían tenido un valor de $18.000. La pareja afirmó que debió afrontar de manera simultánea las cuotas de ambos servicios y que, pese a los reclamos, no obtuvo la devolución del dinero correspondiente al vuelo cancelado.

En la demanda, los reclamantes solicitaron $54.000 por daño material, $300.000 por daño moral y $900.000 por daño punitivo. Atribuyeron el incumplimiento a la cancelación del viaje, la falta de reubicación en otra alternativa y la ausencia de un reintegro oportuno de las sumas abonadas.

La agencia de viajes sostuvo que había actuado como intermediaria entre los pasajeros y la transportista. Señaló que la decisión de suspender la ruta había sido exclusiva de la compañía aérea y que su intervención se limitó a comunicar esa novedad. También afirmó que ofreció un reembolso y una alternativa posterior de viaje, que habría sido rechazada.

La aerolínea, en tanto, cuestionó que fuera la empresa correcta para responder en el expediente. Argumentó que otra sociedad era la que operaba los vuelos bajo la marca comercial utilizada para vender los pasajes. Además, planteó que la acción estaba prescripta por el transcurso del plazo previsto en el Convenio de Montreal.

El juez, a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n.° 8, rechazó ambas defensas de la compañía aérea. Consideró que la documentación aportada y una pericia informática mostraban que los tickets fueron emitidos bajo la denominación comercial vinculada con la demandada. También señaló que la empresa no avanzó con la citación de la sociedad que identificaba como responsable, pese a que había solicitado su intervención en el caso.

Sobre la prescripción, el fallo indicó que el vuelo cancelado estaba programado para el 20 de febrero de 2019 y que la demanda se presentó el 14 de mayo de ese mismo año. Por ese motivo, concluyó que no había transcurrido el plazo de dos años invocado por la transportista para pedir el cierre del reclamo.

La resolución sí aceptó el planteo de falta de legitimación de la agencia. El magistrado entendió que la firma había intervenido como una mera intermediaria en la comercialización de los pasajes y que no asumió obligaciones propias sobre la realización, cancelación o reprogramación del vuelo. Por ello, la desvinculó del proceso y distribuyó las costas de ese tramo en el orden causado.

Al analizar el fondo del caso, el juzgado tuvo por probado que existió un contrato de transporte entre los pasajeros y la aerolínea, así como la cancelación de la ruta. También ponderó una pericia contable que no registró constancias de que las demandadas hubieran efectuado un reembolso a favor de los reclamantes.

El juez consideró que la aerolínea incumplió el servicio comprometido al dejar de operar la ruta contratada y que tampoco acreditó haber devuelto el precio de los billetes dentro de un tiempo adecuado. La sentencia recordó que, en los contratos de transporte internacional, rigen las reglas del Convenio de Montreal, aunque las normas de defensa del consumidor pueden aplicarse de manera complementaria en determinados aspectos.

Por el daño material, el fallo reconoció $36.000. La decisión incluyó el costo de los pasajes alternativos que la pareja debió comprar para realizar el viaje, pero descartó sumar en forma completa el precio de los boletos originales. El juzgado entendió que admitir ambos montos sin distinción podía colocar a los demandantes en una situación económica más favorable que la que habrían tenido si el contrato se cumplía.

La mayor parte de la condena correspondió al daño moral. El magistrado fijó $400.000 para cada pasajero por las molestias, la incertidumbre y la necesidad de resolver con urgencia un viaje que ya tenía otras reservas asociadas. Rechazó, en cambio, el pedido de daño punitivo, al considerar que el incumplimiento no alcanzó el grado de gravedad excepcional que exige esa sanción civil.

Los intereses deberán calcularse desde el 20 de febrero de 2019, fecha prevista para el vuelo de ida, hasta el pago efectivo. La aerolínea deberá cumplir la condena dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme. La regulación de honorarios quedó pendiente hasta que se apruebe la liquidación definitiva de la deuda.