
La Justicia ordenó allanar dos bancos de la ciudad de Buenos Aires en busca de documentación sobre supuestas maniobras de la empresa Sur Finanzas, propiedad del detenido Ariel Vallejo, el financista vinculado al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia.
Los operativos se realizaron en el Banco Industrial SA, Avenida Santa Fe 880 en CABA, y en la sede del Hipotecario, en Reconquista 101, según supo infobae en fuentes judiciales. Tuvieron relación con la causa que investiga en Lomas de Zamora al detenido Vallejo por presunto lavado de activos, evasión y defraudación.
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En uno de los casos, el juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte dispuso el secuestro de documentación sobre supuestas maniobras entre Sur Finanzas y Vallejo que habrían contado con el aval del Banco Industrial. Se investiga a uno de sus dueños, Andrés Meta.

El Banco Industrial era “depositario legal” de fondos de Sur Finanzas y en ese marco en la causa penal se descubrieron operaciones supuestamente irregulares, sin respaldo económico, de prestanombres, entre otros delitos. Se detectaron movimientos por $1,73 billones en una cuenta del Banco Industrial entre enero de 2024 y octubre de 2025.
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Según la acusación de la fiscal del caso Cecilia Incardona, la entidad habría otorgado “respaldo financiero” a la firma de Vallejo, pese a las irregularidades. La cuenta de Sur Finanzas en ese banco ya fue cerrada. El operativo en el Banco Hipotecario se dispuso por una maniobra que habría sido similar, precisaron las fuentes.
Maniobras para ocultar fondos
En la causa se investigan presuntas maniobras para ocultar fondos cuando estalló el escándalo judicial y comenzaron los allanamientos y las medidas cautelares. El dinero ingresaba mediante transferencias fragmentadas, cheques, depósitos en efectivo y operaciones de agencias de cambio. Luego se acreditaba en cuentas de usuarios sin capacidad económica aparente, empleados, empresas vinculadas o titulares con correos creados en serie.
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Desde noviembre de 2023 a enero de 2025 hubo operaciones superiores a $1.000 millones por parte de personas no inscriptas en impuesto alguno en ARCA; percepciones omitidas por $2.866.189.146 y monotributistas también con operaciones superiores a $1.000 millones.
Los investigadores pusieron la atención en los días posteriores a los allanamientos ordenados el 1 de diciembre de 2025, cuando estalló el escándalo mediático: según la acusación, habría sido el inicio de maniobras para sustraer millones de pesos de medidas cautelares y cobro de deudas fiscales y “con la consecuencia posible de que adquirieran apariencia de origen lícito”, puntualizó la resolución judicial a fines de octubre pasado, cuando se ordenó detener a Vallejo, según informó Infobae en esa ocasión.
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Se incluyeron transferencias del Banco Hipotecario a Pagos Dica S.A. por $14.898.126.922,66 entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2025, de las cuales " $2.160.563.306 ,57 salieron el día de los allanamientos", también se detectó un giro de $23.000.000 de Graciela Beatriz Vallejo (madre del financista) a Ars Cambios S.A.S. el 2 de diciembre de 2025, de cuya cuenta salieron al día siguiente $22.300.000″, enumeró la imputación.
Los fondos eran enviados a terceros, sociedades del grupo, agentes de liquidación y firmas de pago y cobranza, o retirados en efectivo sin identificarse quienes cobraban. La operatoria habría continuado mediante otras cuentas cuando algún banco bloqueaba o cerraba alguna de ellas.
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Todo ocurrió sin que se hubieran aplicado los controles exigidos por la Ley 25.246 contra el lavado de activos y con declaraciones y certificaciones incompletas sobre el origen de los fondos, según la acusación que hizo el juez al detener a Vallejo y ordenar una nueva tanda de declaraciones indagatorias, de la que dio cuenta Infobae el 22 de octubre pasado.
Entre los montos señalados, figuran acreditaciones por más de $7.259 millones en 2024 y $19.733 millones en 2025, además de movimientos cercanos a $1,73 billones en una cuenta del Banco Industrial entre enero de 2024 y octubre de 2025.
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Qué se investiga
Antes de quedar preso por incumplir las condiciones fijadas para seguir en libertad, el juez prohibió a Vallejo prestar servicios financieros y ordenó que su flota de vehículos, entre ellos una Ferrari descapotable negra, motos, tres camiones de caudales y otros autos de alta gama sean entregados en custodia provisoria para uso con fines sociales o de interés público a la Corte Suprema de Justicia.

La causa se inició por contratos de mutuo celebrados en julio y octubre de 2023 con Sur Finanzas Group S.A., por los que el club Banfield se comprometió a devolver en menos de seis meses un total de USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses. Luego la investigación se fue ampliando.
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Sur Finanzas era sponsor de clubes de fútbol, también les prestaba dinero y su dueño mantenía vínculo habitual con el presidente de la AFA. El juez de Lomas de Zamora amplió la acusación a Vallejo y otros 20 acusados y 17 empresas y ordenó nuevas declaraciones indagatorias que están en marcha.
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