El Consejo de la Magistratura intensificó los procesos disciplinarios desde 2022: cuatro destituciones y múltiples sanciones

Desde la puesta en marcha de su actual conformación en abril de 2022, bajo la conducción del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el Consejo de la Magistratura de la Nación mostró una permanente actividad en el control del desempeño de los magistrados federales y nacionales. En este período de cuatro años, el Jurado de Enjuiciamiento removió de sus cargos a cuatro jueces por diversas irregularidades, mientras que un quinto, Marcelo Bailaque, renunció antes de enfrentar el debate oral.

Asimismo, el organismo aplicó penalidades disciplinarias con quitas económicas a otros cuatro jueces y mantiene bajo análisis la situación de un integrante del fuero civil.

Este ritmo en los procesos disciplinarios representa un incremento significativo en comparación con la historia previa del organismo encargado de seleccionar y evaluar a los magistrados. Desde su creación operativa en 1999 hasta el año 2022, la institución había registrado un total de 18 remociones.

La estructura vigente, que cuenta con 20 integrantes entre legisladores, magistrados, abogados, académicos y representantes del Poder Ejecutivo, canaliza las denuncias a través de la Comisión de Acusación antes de someter los dictámenes a la votación del Plenario. Si se consiguen las mayorías necesarias, la definición final se traslada al Jurado de Enjuiciamiento, donde los propios consejeros asumen el rol de fiscales.

Los cuatro jueces removidos

El proceso de depuración judicial abarcó distintas jurisdicciones del país y diversas causales de mal desempeño. El primer caso de este ciclo ocurrió el 8 de noviembre de 2023 con la destitución de Walter Bento, quien se desempeñaba al frente del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza.

El tribunal de enjuiciamiento acreditó que el exmagistrado realizó maniobras para entorpecer la investigación penal iniciada en su contra, cometió irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales y se anotó en un concurso de ascenso estando procesado. Posteriormente, Bento recibió una condena de 18 años de prisión en un juicio oral por asociación ilícita, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito.

El 18 de diciembre de 2025, el Jurado de Enjuiciamiento desplazó a Martín Poderti, exintegrante de un Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. La sanción se fundamentó en su actuación previa como secretario judicial, etapa en la que incumplió los deberes de custodia sobre una caja de seguridad de la cual desaparecieron 144 monedas de oro. Las autoridades consideraron que dicha falta afectó gravemente su idoneidad para continuar en la función pública.

En la misma ciudad balnearia, Alfredo López, titular del Juzgado Federal N° 4, resultó removido el 18 de agosto de 2026. En esta oportunidad, el motivo de la destitución consistió en la publicación sistemática de expresiones antisemitas y discriminatorias en sus cuentas de redes sociales, lo cual se catalogó como una falta ética incompatible con la magistratura.

Finalmente, el pasado jueves, Gastón Salmain perdió sus fueros como responsable del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. El Jurado comprobó que el acusado falseó los datos de su currículum vitae para ocultar que el Poder Judicial lo había dejado cesante con anterioridad por intentar manipular expedientes. Tras perder la inmunidad que le otorgaba el cargo, la justicia rosarina ordenó su detención inmediata en el marco de una causa que investiga el presunto cobro de dádivas para direccionar fallos.

Renuncia anticipada y absolución

El listado de bajas incluye a Marcelo Bailaque, exjuez del Juzgado Federal N° 4 de Rosario. A diferencia de sus colegas, el investigado evitó la realización del juicio político mediante la presentación de su renuncia el 1 de julio de 2025. El Poder Ejecutivo Nacional aceptó la dimisión a través del Decreto 443/2025, firmado el 30 de junio y publicado al día siguiente. Al cesar en sus funciones de manera voluntaria, el proceso de remoción quedó sin efecto, aunque actualmente el exjuez se encuentra privado de su libertad, con prisión domiciliaria.

Por otra parte, el Consejo también tramitó el expediente de Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa. El magistrado enfrentó acusaciones por presunta violencia y acoso laboral en el ámbito de sus oficinas. Aunque el cuerpo lo suspendió y lo envió a la instancia de jury, el tribunal correspondiente no halló elementos probatorios suficientes para ordenar su destitución.

En paralelo a las destituciones, el Consejo de la Magistratura aplicó medidas correctivas de carácter económico a cuatro jueces en los últimos cuatro años. Tres de ellos sufrieron descuentos en sus haberes por única vez y uno recibió un apercibimiento formal.

• Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi: Ambos integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal recibieron, el 4 de octubre de 2023, una multa equivalente al 50% de sus sueldos. La penalización respondió al empleo de términos ofensivos, discriminatorios y revictimizantes en una sentencia por abuso sexual. Además de la quita económica, el Consejo les ordenó realizar capacitaciones en perspectiva de género.
• Alberto Calandrino: El titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 35 recibió un apercibimiento el 29 de mayo de 2024. La sanción se debió a demoras injustificadas en la tramitación de los expedientes a su cargo, lo que se consideró una infracción a las normas procesales vigentes.
• Miguel Ángel Guerrero: El responsable del Juzgado Federal de Eldorado, Misiones, sufrió una quita del 30% de sus haberes el 10 de julio de 2024. El castigo se fundamentó en conductas de maltrato, hostigamiento laboral y violencia de género contra empleadas y funcionarias de su dependencia.

Por último, el Plenario del Consejo tiene pendiente de resolución el caso de Carlos Hugo Goggi, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 91. La Comisión de Disciplina aprobó el 19 de agosto un dictamen que aconseja aplicarle una multa del 35% de sus ingresos por anomalías vinculadas a la aplicación de la Ley de Honorarios Profesionales.