La Cámara Federal rechazó el apartamiento de los jueces que revisan el procesamiento de Roberto Baratta por enriquecimiento ilícito

La Sala I de la Cámara Federal porteña desestimó el planteo de recusación presentado por la defensa de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal kirchnerista. Con esta resolución, el tribunal ratificó a los magistrados que deben revisar la apelación contra el procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el exfuncionario.

Baratta, uno de los acusados en la causa Cuadernos, había pedido el apartamiento de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, así como de Leopoldo Bruglia, quien anteriormente integraba dicho tribunal superior, pero ya fue reubicado en su cargo anterior.

La defensa argumentó la existencia de un “temor de parcialidad” debido a que estos magistrados ya intervinieron en instancias previas de la misma causa. Según su postura, los jueces avalaron con anterioridad la pericia patrimonial oficial que sirvió de sustento para que el juez de la causa, Julián Ercolini, dictara el procesamiento y un embargo de 1.500 millones de pesos sobre los bienes del exfuncionario.

Sin embargo, el tribunal, con la firma de los jueces Pablo Yadarola, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, rechazó in límine la solicitud. Es decir, la descartaron sin abrir debate ni analizar el fondo del asunto.

En su resolución, explicaron que la recusación es un mecanismo de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, ya que su aplicación altera el principio constitucional del juez natural al desplazar la competencia habitual de los magistrados. Asimismo, señalaron que las opiniones expresadas por los jueces en el ejercicio de sus funciones y en las oportunidades procesales correspondientes no representan un motivo válido para ordenar su apartamiento. Por tales motivos, determinaron que los argumentos de la defensa carecieron de entidad objetiva para justificar el temor de parcialidad alegado.

La causa

La investigación se inició en el año 2017 y se tramita en el Juzgado Federal N° 12, actualmente subrogado por el juez Ercolini con la intervención de la fiscal Alejandra Mángano.

La acusación central sostiene que Baratta experimentó un incremento patrimonial apreciable que resulta incompatible con los ingresos legítimos que declaró durante su desempeño en la función pública entre los años 2003 y 2015, bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

Entre los bienes bajo sospecha se destaca una propiedad de 380 metros cuadrados cubiertos ubicada en el Mapuche Country Club, en la localidad bonaerense de Pilar. El terreno se adquirió en septiembre de 2012 por un valor de 70.000 dólares abonados en efectivo y se inscribió a nombre de la madre de Baratta. No obstante, la justicia determinó que la mujer actuó como una persona interpuesta para ocultar que el verdadero adquirente era el exfuncionario.

Diversas pruebas sustentaron esta hipótesis judicial. El arquitecto a cargo de la obra declaró que Baratta coordinó los trabajos y que los pagos, estimados en 3,7 millones de pesos de aquella época, se realizaron en efectivo por el propio imputado o por su secretario privado, Nelson Lazarte.

Además, la ex pareja de su chofer Oscar Centeno —autor de los cuadernos de las coimas—, Hilda Horovitz, identificó el inmueble como “la casa de Baratta en Mapuche”. Otro indicio relevante consistió en que el servicio de televisión por cable e internet de la vivienda estuvo contratado a nombre de Centeno.

La imputación también abarca otros activos, tales como departamentos, cocheras y bauleras situados en las calles José Hernández y Thames de la Ciudad de Buenos Aires, algunos de los cuales figuran a nombre de su pareja, además de vehículos de las marcas Peugeot, Renault y Chevrolet, y dinero en efectivo incautado en procedimientos policiales.

Durante sus declaraciones, Roberto Baratta rechazó los cargos y afirmó que todos sus bienes cuentan con respaldo financiero legítimo. Respecto a la casa de Pilar, sostuvo que el lote y la edificación fueron costeados por sus padres mediante una indemnización laboral, ahorros familiares y un depósito a plazo fijo. Explicó que su participación activa en la obra se debió a que el inmueble se planificó como una quinta de fin de semana para el uso de todo el grupo familiar. En relación con los departamentos de la calle Thames, adujo que se adquirieron con fondos provenientes de una herencia y de la actividad comercial de su esposa.

El abogado defensor cuestionó la metodología aplicada en la pericia contable oficial. Afirmó que el estudio omitió analizar de manera independiente el origen de los fondos y que se limitó a seguir los parámetros fijados por el juzgado, sin incorporar adecuadamente los valores patrimoniales del entorno familiar del exfuncionario. Por este motivo, solicitó la realización de un nuevo informe pericial y la ampliación de los requerimientos de información a entidades bancarias, fiscales, notariales y previsionales para reconstruir la trazabilidad de los fondos.

Con el rechazo de la recusación por parte de la Cámara Federal, los jueces Bertuzzi, Llorens y Yadarola continuarán con el análisis del recurso de apelación. Deberán resolver si confirman el procesamiento y el embargo dictados en primera instancia o si, por el contrario, hacen lugar al pedido de la defensa para revocar la medida y dictar la falta de mérito.